Un artículo del decreto 558 dictado por el presidente Duque, le genera ganancias por 80 mil millones de pesos a Luis Carlos Sarmiento Angulo, la misma cantidad “donada” por el banquero colombiano en medio de la crisis
Redacción Política
Unas horas antes que terminara el periodo especial que faculta al presidente Iván Duque para emitir decretos con fuerza de ley, a propósito de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el Covid-19, las Administradoras de Fondos de Pensiones, recibieron un favorecimiento económico a costa del salario de los trabajadores afiliados a esos fondos. La oposición califica el decreto 558 como una gran “reforma pensional” por debajo de la mesa.
El citado decreto estipula varias modificaciones sustanciales a la ley 50 de pensiones, y a las reglas de juego para los afiliados a esos fondos privados. De una parte, reduce las cotizaciones pensionales del 16% al 3%. En principio sería bueno, como lo promocionó el mismo Duque, pues quedaría un subsidio al aporte del trabajador en estos duros días de cuarentena.
Procedimiento inconsulto
Aunque el trabajador no es obligado a cotizar durante los meses de abril y mayo, si está obligado a cancelar los aportes de administración a los fondos. Es decir, el 3% se mantiene para cubrir gastos administrativos, 1,6% en los gastos del Fondo para administrar y 1,4% del seguro de vida como indican los artículos 39 y 46 de la Ley 100. Resulta llamativo que se vaya a cobrar un costo de administración sobre aportes que ni siquiera se van a capitalizar en la cuenta de ahorro individual del afiliado.
“Se saltaron la necesaria discusión pública democrática, que el trámite legislativo normal podría generar y la necesaria concertación con los trabajadores a través de sus agremiaciones sindicales. Además, este procedimiento inconsulto, desprecia el sentir ciudadano que masivamente se manifestó contra estas reformas al acoger el llamado a paro nacional que se hizo multitudinario el pasado 21 de noviembre”, señala el senador del Polo Democrático, Wilson Arias.
Por otro lado, se disminuye el músculo financiero a Colpensiones, la competencia pública de los fondos de pensiones y el gran obstáculo para los dueños de los fondos privados para quedarse con la totalidad del negocio pensional en Colombia. Una situación que va en contravía del mundo pues son solo cuatro los países en el planeta que mantienen el modelo privado.
Atentado contra Colpensiones
Desde la década de los setenta, cuando se implementó en Chile, los países de América Latina habían migrado a un modelo mixto, pero en tres décadas de funcionamiento ha demostrado una incapacidad para jubilar a sus afiliados, generando una ganancia extraordinaria para sus dueños. Al punto que los gobierno han tenido que ir desmontando ese modelo y robusteciendo el sistema público de pensión. Colombia y Chile aún mantienen el modelo mixto en el continente.
El decreto atenta contra el modelo público. “Sin ninguna duda, el decreto atenta contra la estabilidad financiera del Colpensiones, pues le trasfiere la responsabilidad de pagar las mesadas pensionales que le corresponden a las AFP por retiro programado, les quita esta carga a los fondos privados, pero manteniéndole la comisión de 1% por una administración que ya no va a efectuar; toda una desfinanciación mortal. Además, es un incentivo perverso que estimula la especulación financiera de los fondos privados, incurriendo en el riesgo moral, pues al eliminar el riesgo que debe tener toda inversión privada, se promueve una especulación financiera que no tendrá límite, pues, al fin y al cabo, el costo de cualquier descalabro financiero se traslada al Estado y luego a la población vía impuestos. “Duro golpe a la noción pública de aseguramiento social”, explica Gustavo Bolívar senador de la bancada Decentes.
Pierde la clase trabajadora
Por su parte la senadora Aída Avella denunció que los trabajadores afiliados a los fondos no solo tendrán que trabajar más de lo previsto para alcanzar alguna mesada pensional de estos fondos privados, van a tener que pagar el 3% de su salario para mantearle las utilidades a los dueños de los fondos privados como si administraran los aportes completos a la capitalización de su ahorro. Es decir, los fondos van a cobrar como si administraran los aportes de los trabajadores, aunque estos no lo hagan.
“La empresa que se acoja al decreto 558, habilita al trabajador que gane más de un salario mínimo para aportar a los fondos privados el 3% del salario. Según la ley 100 el aporte del 3% es destinado a los fondos por concepto de administración, 1.4% y seguro de vida 1.6%. Por lo tanto, los trabajadores no tendrán ocho semanas de cotización, pero sí estarán obligados a pagar el 3% de su salario a los fondos. ¿por qué? Inaudito pagar la administración de unos aportes que no capitalizan. Ganan los fondos, pierde la clase trabajadora”, explicó a VOZ la senadora de la Unión Patriótica.
En el artículo tercero del decreto 558 el presidente Duque le permite mantener a los fondos de pensiones las utilidades mensuales que suman entre 100 mil y 110 mil millones de pesos. El negocio de las pensiones privadas tiene cuatro jugadores: Porvenir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Protección, del Grupo Empresarial Antioqueño, el Banco BBVA, ING Santander y OLD Mutual. Las porciones más grandes son de Porvenir con 40% de participación en la torta y Protección con un 30%, mientras el restante se reparte el 30% del mercado.
Recuperación de la “donación”
Así las cosas, Protección al finalizar este mes de abril tendrá en sus utilidades 40 mil millones de pesos únicamente fruto de la administración de las cotizaciones de los trabajadores afiliados a ese fondo, aunque los trabajadores no hubiesen capitalizado su ahorro en el mismo mes de abril.
“No sorprende la generosidad del presidente Iván Duque con Sarmiento y los bancos. Los trabajadores pierden tiempo de cotización y monto de ahorro para su pensión. Mientras Sarmiento sin hacer nada en dos meses ganará lo que ‘donó’”, señala Avella quien además pregunta si ese decreto lo redactaron en Presidencia o en Asofondos.
El decreto será llevado a la Corte Constitucional, aunque para el día que se pronuncie el alto tribunal ya los fondos habrán salvado sus utilidades, los colombianos habrán aportado el 6% de su salario, perdido ocho semanas de cotización y disminuido su ahorro. De nuevo gana Luis Carlos Sarmiento Angulo que ya recuperó la supuesta donación hecha.
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