El hurto de una mina de oro es uno de los orígenes del actual conflicto minero en Segovia, Antioquia, que lleva más de un mes con abusos de la fuerza pública y pobladores asesinados. Gobiernos departamental y nacional obedecen a la multinacional
Redacción Laboral
El conflicto que sufren las comunidades de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, tiene como uno de sus orígenes el robo de la empresa Frontino Gold Mines, cuando en 1979 esta fue liquidada por sus dueños ingleses y norteamericanos y la dejaron en dación de pago a los trabajadores y pensionados, sin que los beneficiados lo supieran.
Según la federación de sindicatos mineros Funtramiexco, los documentos fueron escondidos por la Supersociedades para no dejarla a sus dueños y solo en el años 2000 los trabajadores se percataron del robo. Desde aquella vez, ha habido un constante movimiento de comunidades, pensionados y trabajadores, quienes piden que les sea entregado lo que les pertenece.
VOZ habló con Leonel Carvalho, quien desde la década de los 70 laboraba en las minas de la Frontino y ha vivido el conflicto desde aquellos años.
–¿Cuándo inicia el conflicto que están viviendo hoy?
–Cuando nos dimos cuenta que los anteriores dueños, los de la Frontino Gold Mines dejaron esa inversión en pago a los jubilados y trabajadores, cuando quebró en 1977. Los gerentes ocultaron esa escritura, hasta que nos dimos cuenta de eso. Entonces, empezaron a decir que éramos guerrilleros. En 2003, hablamos con los sindicatos y estuvieron de acuerdo en que solicitáramos que nos entregaran la empresa. Ese mismo año empieza la persecución. Le solicitamos al presidente Uribe Vélez que mandara a alguien para que fuera testigo de que nos la entregaran, pero no hubo ninguna respuesta en ese sentido.
–¿Por qué el conflicto se tornó violento?
–Ese año empezaron a llegar las autodefensas, hubo amenazas contra nosotros diciendo que la ayuda de dinero que teníamos para sacar a la empresa adelante era de la guerrilla, lo cual era falso, porque una empresa norteamericana nos prestó plata para sacar la empresa adelante. Luego, el Bloque Central Bolívar de las autodefensas se apoderó de este territorio, y el señor Macaco nos citó a nosotros como sindicato en el municipio de Remedios y nos dijo que nos hiciéramos a un lado que él ya tenía la plata para financiar la empresa.
Actúan los paras
–Se sabe que también hubo despidos injustificados…
–Nos echaron sin justificación. Sacaron primero a 200 por un paro. Ya estaban seguros que tenían el apoyo de los grupos al margen de la ley, en este caso Macaco, y la complicidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 2003 mataron a un líder sindical, Luis Carlos Olarte y hubo un complot contra nosotros: buscaron unos testigos falsos que dijeron cosas contra líderes sindicales para hacer creer que ellos habían mandado a matar a Luis Carlos. Por eso los metieron a la cárcel.
–¿Usted también fue despedido?
–A mí de despiden en 2004. El gerente Wilfredo López se reúne conmigo y me dice que yo tenía que apoyarlos a ellos y no a quienes estaban en la cárcel. Ellos duraron dos meses encerrados. Al negarme me sacaron. Demandé. Pero en 2005 me dio trabajo como contratista.
–Hace pocos años hubo un paro reclamando las minas.
–En 2010 hicimos un paro para que el Gobierno nos atendiera, para que se nos reconociera como dueños de la Frontino Gold Mines, pero lo que hicieron fue mandar el Esmad que nos atacó, nos dañó un sancocho comunitario, hubo heridos. El paro se levantó porque el vicepresidente Angelino Garzón nos llamó y nos dijo que él se comprometía a que en 15 días nos daba una respuesta y que si teníamos razón, nos devolvía la empresa. Hasta el día de hoy, nada.
En 2016 seguimos insistiendo en que la empresa es de nosotros, pero sigue la persecución, pero como ellos manejan plata, mandan el Esmad a desalojarnos. Lo malo es que al tener al expresidente como senador, a la gente le da como miedo. Ahora, nos quieren quitar las casas que nos había dado la Frontino para que viviéramos, en ese tiempo pagábamos un arriendo de 100 pesos, pero nos dicen que las casas no están dentro de la compra-venta, que no están las casas sino los terrenos. Hay gente que lleva 50 y 60 años viviendo ahí.
El poder detrás…
–¿Cómo aparece la actual mesa minera?
–En 2016 se formó la Mesa Minera para defender las casas y la minería ancestral o pequeña minería. Se hizo el primer paro que duró de ocho a 10 días. La multinacional Gran Colombia Gold trajo al Esmad pero les quedó y les ha quedado muy difícil porque los mineros se han organizado y sabido defender, por eso no nos han sacado. Ahora ya llevamos un mes en este paro y ni el Gobernador ni el Presidente han venido a ver qué pasa, sino que hacen caso de lo que les diga la multinacional.
–¿Qué es lo que solicitan ustedes actualmente?
–Seguimos reclamando la Frontino porque eso fue un negocio ilegal. Todo lo hicieron con engaños, compraron jueces, compraron abogados. A nosotros un juzgado nos entregó la empresa, la ganamos en 2007 y en menos de 24 horas pusieron una tutela y al otro día la habían ganado. Todo el que se ponía a favor de nosotros o lo involucraban en cosas malas o lo despedían. Así sacaron al juez quinto laboral, quien nos había entregado la empresa. Luego llevaron a una juez quien les devolvió todo en menos de ocho días.
–¿A quiénes se enfrentan ustedes en este conflicto?
–Hay mucha gente de poder manejando todo esto. Se dice que los hijos del expresidente Álvaro Uribe también están metidos en esto. Hay un poder político, militar, paramilitar y económico que no nos ha dejado recuperar la empresa. Queremos que el Gobierno venga, se siente y resuelva el problema.
