Las FARC-EP han cumplido de forma estricta los acuerdos pactados, ahora le corresponde cumplir al Gobierno
El martes 15 de agosto próximo pasado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo dejaron de existir como organización armada, como quiera que el último contenedor de las armas que dejaron, fue retirado de la zona veredal de Pondores en La Guajira. De todas las 26 zonas veredales, también partieron las armas dejadas por las FARC, en un proceso transparente y acorde a lo pactado. En el acto de Pondores estuvieron el presidente Juan Manuel Santos, Jean Arnault, otros funcionarios de la Misión de la ONU e Iván Márquez, Pastor Alape y Joaquín Gómez de las FARC. Analistas de paz y voceros de la ONU han reconocido que es el proceso de paz en que más armas dejaron los combatientes en virtud de los acuerdos de paz. “Cumplimos a cabalidad; ahora le corresponde al Gobierno hacerlo en la misma forma”, declaró Pastor Alape, miembro del Secretariado del grupo insurgente en tránsito a organización política.
La realidad silenció la cantaleta de la extrema derecha uribista, con la simpatía del fiscal Néstor Humberto Martínez, de que la guerrilla no había entregado todas las armas. Tanto el Gobierno como la ONU reconocieron, por el contrario, el cumplimiento estricto de la palabra fariana. El presidente Juan Manuel Santos declaró que “comienza la construcción de un nuevo país” y el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, dijo que “se ha dado un proceso exhaustivo de dejación de armas”, al tiempo que informó la tarea en cumplimiento de vaciar las 873 caletas donde están almacenadas todo tipo de armas y explosivos. Hasta el momento han sido desmanteladas 510 caletas.
En la serie de hechos de los últimos días, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que el martes 15 de agosto también recibió 24 menores que salieron de las zonas veredales.
El Estado a cumplir
En contraste con esta realidad que muestra el cumplimiento de la palabra de las FARC-EP, el fiscal Martínez monta otra cantaleta con la supuesta existencia de billonarios bienes de la guerrilla en el país y en el exterior que no han sido reportados. Ya la lista fue entregada al Gobierno Nacional y en respuesta al provocador informe del ente acusador, Iván Márquez, con ironía, le pidió el supuesto listado, reciclado de viejos informes de la inteligencia yanqui y colombiana, para incluirlo en el ya entregado para resarcir a las víctimas.
Voceros farianos han planteado en los últimos días, con insistencia, que no existen garantías de seguridad en ningún sentido: no hay seguridad jurídica porque el gobierno no ha cumplido con la amnistía de los combatientes; tampoco hay seguridad personal porque sigue el asesinato de exguerrilleros y de sus familiares, una especie de plan pistola, gota a gota como los préstamos de los usureros; tampoco está garantizada la seguridad social y económica de los guerrilleros porque aún no se conoce cómo va a ser.
Pero el incumplimiento es mayor, porque las reformas en los planos agrario, político y de las drogas ilícitas, están siendo sometidos a nuevas discusiones cuando ya están firmados por Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez y por ende están considerados como acuerdo especial que compromete al Estado colombiano y no solo al gobierno. Las zonas veredales pasan a convertirse en puntos de reincorporación, dedicados a labores académicas y sociales. Solo que hay un problema: ninguna de ellas está terminada. Desde febrero, las FARC, en carta a Jean Arnault, advirtieron del retraso de las obras de las 26 zonas veredales, situación que jamás se corrigió por parte del Gobierno. Los proyectos de ley agrario y político quieren ser replanteados y están en marcha los operativos de erradicación forzosa de los cultivos de coca en las zonas agrarias, contrario a lo acordado. El incumplimiento de la parte oficial es evidente.
La guerra sucia continúa
En el XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en 2016, de Indepaz, se dice que el año pasado “representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, junto con el inicio del cese al fuego bilateral definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia. Sin embargo, contradictorio a los dos anteriores, fue el año con mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo, que paralizó 36 municipios de ocho departamentos, y que avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras a la implementación del acuerdo de La Habana”.
La guerra sucia es aterradora. Desde el comienzo de los diálogos de La Habana, en medio de diversas cifras, las más aceptables registran 250 personas asesinadas entre dirigentes sociales, militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, excombatientes de las FARC y familiares de guerrilleros. Con el más absoluto silencio de la “gran prensa”, la intención sesgada de las investigaciones de la Fiscalía y hasta la negativa del Gobierno de aceptar que se trata de un plan sostenido, sistemático y generalizado. Además de las amenazas, hostilidades, desplazados forzosos y otras formas de persecución contra la izquierda y sectores populares en la más completa impunidad.
El silencio cómplice
De las filas de las FARC son ya 24 los asesinados, incluyendo familiares. Es una situación que pone a pensar a quienes han cumplido: “¿Será que va a pasar lo mismo que con la Unión Patriótica? Ahora no puede decir la oligarquía que se trata de la combinación de las formas de lucha, son revolucionarios que han dejado las armas y se aprestan a hacer política sin ellas. El expediente es otro: el silencio, negar que es un plan sistemático, mientras la Fiscalía urde expedientes para “demostrar” que son por causas ajenas a la política.
El paramilitarismo sigue expandiéndose de manera impune y sin ninguna reacción de las autoridades. En el Congreso de la República, con la mirada tolerante de los voceros oficiales, congresistas de la extrema derecha y de los partidos del gobierno se niegan a reconocer la existencia del paramilitarismo y declarar la ilegalidad de estos grupos criminales con estrechos vínculos con agentes del Estado y miembros del establecimiento.
“¡A qué jugamos!” dicen los amigos de la paz y promotores de la defensa del Acuerdo Final de La Habana, que se muestran desencantados del conejo de la oligarquía. Quieren cambiar los acuerdos, amenazan a la Justicia Especial de Paz y a la Comisión de la Verdad, bases de la justicia transicional y restaurativa y de que prevalezca la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como vía para avanzar a la paz estable y duradera y a la reconciliación para que la guerra no regrese al país. En este caso las víctimas serán revictimizadas por decisión de quienes niegan la esencia política y humanista del Acuerdo de La Habana.
Los muertos que se acercan a los 250 si no son más, según investigaciones de centros académicos y sociales, son silenciados por la “gran prensa” como si no existieran, mientras monta semejante campaña carroñera infame por los 140 muertos de las manifestaciones de la oposición terrorista en Venezuela, la mayoría asesinados por las guarimbas aupadas por la misma oposición y financiadas desde el exterior. Curioso el informe de El Tiempo sobre las protestas en el vecino país bajo el título de 140 muertos por la represión oficial, pero en el texto del informe reconoce que al menos cuarenta son personas oficialistas o chavistas, en realidad son más y algunos quemados vivos por el delito de ser militantes bolivarianos. Esto no lo dice el informe de marras, como tampoco menciona a las guarimbas que atacan con bombas a la fuerza pública y destruyen bienes públicos, incluyendo universidades y hospitales.
Son las realidades de un régimen que no renuncia a la violencia contra la oposición de izquierda y popular, una de las causas del conflicto de medio siglo y que no se quiere superar por la negativa a combatir el paramilitarismo y a los que lo promueven. El Gobierno y el Estado están en deuda con la paz. ¡Deben cumplir!
