El Alto Comisionado para la Paz habló con VOZ sobre los principales objetivos de la Paz Total, los avances en la mesa con el ELN, los compromisos del primer acuerdo con el EMC-Farc y el inédito enfoque territorial en los diálogos adelantados con los actores armados
Redacción Política
Antes de ser el alto comisionado, Danilo Rueda era un silencioso militante de la paz. Su largo paso por la Comisión Interclesial de Justicia y Paz se enfocó en el trabajo convivido con poblaciones víctimas del conflicto armado. Sin embargo, y como el mismo lo reconoce, el cambio de rol no ha desdibujado sus convicciones.
Con la misma fuerza que orientó su trabajo en favor de las comunidades, enfrentándose muchas veces al Estado, hoy asume una de las políticas más importantes para el Gobierno nacional, la Paz Total. “Me siento como un servidor de la gente. Llegamos acá porque tenemos el deber de resolver las conflictividades armadas y las causas que las originan”.
En el lobby de un hotel cualquiera y a altas horas de la noche, VOZ dialogó con el alto comisionado Danilo Rueda. El tema son los últimos acontecimientos de la Paz Total, que en medio de su laberinto, parece encontrar salidas.
Ambiciosa, audaz e inédita
Dicen que la política de Paz Total es ambiciosa, que se basa en la improvisación, que premia a los “bandidos” y un largo etcétera de ataques. ¿Cuál es la respuesta a todas esas voces que no creen en la iniciativa?
-Es una política ambiciosa, audaz e inédita. Esta iniciativa nace de los aprendizajes que han dejado 40 años de diálogos, con el diferencial que tiene una metodología y un enfoque en los territorios. La complejidad de las violencias nos muestra que si no logramos reconocer esa territorialidad en sus dinámicas, no solo las violencias, sino también las identidades culturales, la geopolítica y la geoeconomía, difícilmente vamos a lograr el propósito de las transformaciones. Reconocemos la existencia de una conflictividad armada diversa cuya una única salida es el diálogo múltiple.
“Disculpen si nuestro trabajo ha sido insuficiente”, fueron sus palabras en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué dijo eso?
-A los líderes y lideresas sociales les hemos dicho: si nuestro trabajo ha sido insuficiente para evitar muchos asesinatos de líderes y de firmantes de la paz, discúlpenos. Pero seguimos haciendo hasta lo imposible para que la paz sea posible.
Culminó recientemente el cuarto ciclo de la mesa de paz con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es el balance hasta este momento de la negociación?
-Es positivo. En menos de un año hemos logrado avances sustanciales que nunca se han logrado con el ELN. Por ejemplo, un cese del fuego de 180 días con posibilidad de prolongación y con mecanismos solidos de monitoreo y verificación. También hay cambios en la metodología. Estas experiencias casi siempre son pensadas al final de los procesos. Nosotros nos estamos planteando el cese desde el comienzo. Hacemos los ajustes y el monitoreo necesario para que el sentido de parar la confrontación no se desvirtúe. Por su lado, el Comité Nacional de Participación avanza. Entonces, en resumen, es un balance satisfactorio.
Comunidades, las protagonistas
En una semana el país conoció dos noticias. Por un lado, el Ejército recuperó el control del Cañón de Micay, y por otro lado, se dio a conocer el primer acuerdo entre Gobierno y el Estado Mayor Central. Los dos acontecimientos en el Cauca. ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué sigue en esta negociación?
-Ese es nuestro país, donde hay una confrontación militar y al mismo tiempo, en ese mismo escenario, a unos pocos kilómetros, se puede conversar. Esa es la tensión permanente que queremos resolver. El reto es empezar la mesa lo más pronto posible. EMC-Farc y nosotros tenemos unos compromisos que en este momento estamos desarrollando. La directriz del presidente ha sido clara, empezar con el respeto a la población civil de sus derechos y libertades para pactar un cese de fuego. En lo que estamos concentrándonos es en las comunidades a partir de ejercicios territoriales para tener recomendaciones de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Y, con base en ese conjunto de avances, poder iniciar una mesa de conversaciones que tendrá unas metodologías distintas a otros procesos de paz en nuestro país.
¿Qué destaca de este primer acercamiento con el EMC-Farc?
-Algo que no conoce la opinión pública es que tuvimos un importante diálogo con las comunidades, donde no solamente demostraron su autonomía alzando sus críticas al movimiento armado y al gobierno, sino también exponiendo sus propuestas. Hay un actor fundamental en este proceso: la población.
La confrontación ELN y EMC-Farc en Arauca ha agudizado la crisis humanitaria en este territorio. ¿Qué estrategias están trabajando para que esta situación cambie?
-Lo primero es que esta situación es excepcional. En la mayoría de regiones del país no hay confrontación entre estas fuerzas, donde hay una aplicación explícita del DIH.
En segunda instancia debemos formularnos la pregunta: ¿Cómo abordar esas situaciones? Si ambos grupos toman la decisión de la aplicación del DIH, vamos a evitar una degradación de las confrontaciones y un impacto negativo en la sociedad, en las comunidades, en las poblaciones que ellos se dicen defender y representar. Aplicar el DIH es un imperativo en esas circunstancias.
Con distintos actores sociales hemos planteado la necesidad de una tregua en Arauca para que prime la sensatez. En septiembre del año pasado en Ituango, el presidente Petro propuso la necesidad de un cese multilateral. Ante ello, somos conscientes que esto solo será posible con las comunidades organizadas en el territorio.
Con todos los actores
Sobre la Segunda Marquetalia y su lugar en la Paz Total hay mucha incertidumbre. El hecho que sean firmantes de paz reincidentes, pone a este actor armado en el peor de los escenarios. ¿Cómo va ese diálogo?
-Hay temas exploratorios que estamos esperando se consoliden para que el país conozca los avances. Hoy decimos que hay disposición de este actor armado en la construcción de paz en los territorios, así como un compromiso en mejorar la aplicación del DIH.
El asunto jurídico del reconocimiento político, tiene diversas aristas y diversos caminos. Hay que mirar un poco más allá del artículo dos de la ley 2272, porque este nos limitaría a hablar y construir paz exclusivamente con el ELN. De hecho, el problema no solo lo tiene Segunda Marquetalia-Farc, sino también EMC-Farc, porque si bien el origen de este actor armado es la ruptura con el proceso de La Habana, muchos de sus combatientes son también firmantes del Acuerdo de Paz. Igual pasaría con el llamado ‘Clan del Golfo’, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con los grupos armados de Medellín, estructuras herederas del paramilitarismo, que en su momento se acogieron a la Ley 975.
Por nuestro lado tenemos clarísimo que la paz es dialogada y como lo dijo el informe final de la Comisión de la Verdad, tiene que ser con todos los actores que habitan los territorios.
Hay mucho desconocimiento sobre los acercamientos y acuerdos logrados con bandas criminales urbanas en Buenaventura, Quibdó y Medellín. ¿Cómo van esos procesos? ¿Qué se ha logrado acordar? ¿Cómo se ha visto impactado el territorio con estas iniciativas?
-La guerra mediática por el momento la tenemos perdida. No sabemos comunicar y mostrar resultados, pero la gente si los ve. Tenemos el caso de Buenaventura. Los medios saltaron ante un hecho que ocurrió, un grupo armado que trató de demostrar su poder con un acto de vanidad para mostrar fuerza. Pero eso se desmoronó fácil, porque sabemos que ese grupo no tiene la capacidad de hacer todo lo que vociferó, pero el video se hizo viral y todo el mundo dijo “uy Buenaventura volvió a sus peores épocas”. Miren los resultados. No es cierto. Y se ha logrado un acuerdo entre los dos grupos armados, tenemos un escenario de conversación y verificación de los compromisos que estos grupos asumen desde los mandos altos, medios y los muchachos que están aquí involucrados.
De Medellín hay cosas parecidas, pero entonces, además de la guerra mediática, tenemos el problema de las elecciones donde se han utilizado los avances como parte de una estrategia de desprestigio a la política del Gobierno nacional.
En Quibdó el origen de esas violencias tiene unos responsables, al punto que hoy la Fiscalía podría tomar decisiones en derecho. Eso demostraría como hay ejercicios de la política y de la economía que aparecen como sanas y limpias, pero que cuando se investiga termina involucrado un ejercicio del armamentismo y de la violencia estimulado por agentes políticos que se disputan electoralmente el territorio.
También tenemos un ejercicio inicial en Barranquilla por parte del grupo de Los Costeños. Llevamos varias semanas de monitoreo, a pesar de que a uno de los mandos de este grupo le asesinaron a un familiar después de que asumieron un pacto de respeto a la vida con otros actores armados..
Pero también hemos recibido guiños por parte de bandas en Tuluá, Buga, Cali y Jamundí de querer ser parte de la Paz Total. ¿Cómo sucede eso? Porque han visto que esté gobierno se asume su compromiso de dar garantías, todo en el marco del respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Finalmente, si se quiere una política de Paz Total exitosa tenemos que hablar de economías ilegalizadas y la nueva geografía de los narcóticos. ¿Cuál es su opinión frente a esta realidad?
-Indudablemente el crecimiento de los grupos armados es posible a la financiación que deja el narcotráfico y la minería ilegal. Eso ha desdibujado nuestras violencias y reconocerlo es muy importante. En el fondo lo que hay que resolver son los asuntos de la economía. El compromiso es transformar positivamente la calidad de vida de los habitantes en los territorios. Si esos habitantes tienen respuestas en sus derechos básicos históricamente insatisfechos, vamos a dar un salto cualitativo fundamental para que la Paz Total tenga éxito.
