Después de la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, en la década del 50 del siglo anterior, no había existido una cruzada tan violenta contra los derechos de los trabajadores como esta fatídica norma que acabó con su estabilidad, abarató los costos de la mano de obra, cambió el sistema de contratación, incrementó las condiciones para la pensión y facilitó los despidos, estableciendo una extrema flexibilidad en los contratos de trabajo, impulsó las oficinas de empleo temporal y los contratistas independientes (outsourcing), que hoy son de propiedad de los mismos patronos, generando la extrema tercerización que hoy muestra cifras impresionantes frente a los trabajadores directos. Fue además, una puñalada al derecho de asociación sindical, al derecho de negociación colectiva y de huelga, y también de las demás consecuencias sobre la seguridad social.
La justificación del atropello fue la creación de empleo y mejorar la productividad. Sin embargo, tres décadas después estamos en peores condiciones. La era del neoliberalismo impulsada desde el gobierno de Gaviria y los siguientes gobiernos, ha incrementado el hambre y la miseria de la inmensa mayoría de colombianos/as que no consiguen un trabajo digno, ni pensión. Veamos parte del panorama: Hay un 62.5% de trabajadores/as en la economía informal. El desempleo está llegando a 11% y el de los/as jóvenes está por encima de 17%, y el subempleo es de un 30%.
La ley 50/90, deslaboralizó la economía colombiana, las políticas de contratación cambiaron radicalmente, inclusive, se ha manifestado en la imposibilidad de adquirir vivienda por parte de las familias proletarias, los bancos que financian la adquisición de vivienda exigen garantía para su pago futuro y los trabajadores no la pueden ofrecer teniendo contratos “basura”, como los creados por esa ley. El precario crecimiento del empleo de mediados de los 90 se debió a factores distintos a los de la flexibilización y precarización del trabajo.
Debemos anotar que la última década del siglo pasado estuvo marcada por una desindustrialización sin antecedentes en la historia de la nación, de la misma manera que la enajenación de activos que fueron muy importantes como Telecom, Caja Agraria, etc. Y el cierre de miles de empresas ante la apertura salvaje de la precaria economía, es decir, al contrario de lo que prometieron los neoliberales, se produjeron despidos masivos de trabajadores producto de los cierres y a la vez en aplicación de la norma, los trabajadores antiguos, fueron siendo reemplazados por trabajadores “0” kilometros en materia de antigüedad, lo cual redujo los costos de las empresas e incrementó sus utilidades.
Para 2002, se impuso la ley 789 con las mayorías de los partidos tradicionales en el Congreso de la República, lograron asestar otra puñalada a los precarios derechos que salvaron los trabajadores de la ley 50. Cambiaron la misión de las Cajas de Compensación poniéndolas a subsidiar obligaciones del Estado, rebajaron los pagos de trabajo en domingos y festivos, rebajaron el pago de horas extras, incrementaron los horarios diurnos hasta las diez de la noche, cambiaron los contratos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), rebajaron aún más los costos de los despidos sin justa causa y lograron poner a los trabajadores antiguos contra los nuevos, en la lucha por un trabajo.
Los índices de desempleo estaban, en 2002, en un 11.2%, el subempleo rondaba un 30% y la economía informal superaba el 60%, lo cual indica nuevamente que el verdadero objetivo de esas normas era incrementar las utilidades de los empresarios, bajo la mentira de combatir el desempleo.
No se han incrementado las exportaciones que generan valor agregado, es decir seguimos exportando petróleo, carbón, etc., e importamos productos que se pueden producir en el país, alimentos por ejemplo.
Todas estas normas se han ido aplicando, algunas han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Sin embargo, a la luz del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia deberían ser derogadas todas, por haber demostrado que su objetivo constituía una falacia para engañar al pueblo y a la Corte o acaso la Corte ¿es cómplice de ese engaño?
Generar empleo e incrementar la productividad, fue apenas un pretexto utilizado para precarizar al proletariado colombiano y lograr que la patronal obtuviese fabulosas ganancias, sobre todo, el sector financiero, verdadero parásito que se robustece mientras agota al trabajador/a colombiano/a.
Ahora cuando se habla de contratos por horas y otras normas violatorias de los derechos, económicos, sociales y culturales (marco de DD.HH.), se hace imperativo abrir un debate nacional en los sindicatos, en la academia, en las cooperativas y en otras formas de organizaciones populares y en el Congreso de la República) sobre el artículo 53 de la Constitución Política, cuando el gobierno y los patronos vuelven a hablar de reformas para disminuir el desempleo. No es justo que el país siga asistiendo indolente a otro atentado contra el derecho a una vida digna, perpetrado por los mismos plutócratas que acumulan dinero a costa de la miseria del pueblo.
Para lograr la movilización colectiva que detenga el nuevo asalto contra el pueblo, maquinado desde el Gobierno con la complicidad de las mayorías del Congreso, es necesario organizar un gran aparato propagandístico que devele las mentiras del discurso engañoso del Presidente y los parlamentarios y socialice los beneficios de las propuestas elaboradas colectivamente teniendo en cuenta los intereses y necesidades de las mayorías y no las mezquindades de quienes nos explotan hace más de dos cientos años.
