La visión jurídica y humanitaria de la tragedia desde las comunidades víctimas
Luis Carlos Montenegro
Comunidades afectadas por el megaproyecto energético ‘Hidroituango’, que se han organizado en diferentes asociaciones que conforman el Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-, que en total son quince, han ejercido la exigibilidad de sus derechos a través de diferentes acciones políticas y jurídicas en el marco de la legalidad y siempre con una postura ética, pacífica y de dignidad. Las movilizaciones, jornadas culturales y artísticas, mingas, conversatorios, recorridos, caravanas, misiones y denuncias que se vienen realizando desde el 2010 dan muestra de un espíritu colectivo que tiene una infinita fuerza para reclamarle a los responsables sobre los daños irreparables que se están ocasionando a todas las formas de vida en los territorios afectados por esa hidroeléctrica, que hoy por lo menos se identifican como las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca antioqueño, mas municipios de Sucre, Córdoba y Bolívar, es decir, que en total serían aproximadamente unos treinta los municipios impactados aguas abajo y aguas arriba del muro de la presa.
Garantías y derechos
Frente a la búsqueda de justicia mediante acciones jurídicas, se han presentado al menos seis acciones de tutela ante los jueces de Antioquia, quienes siempre han denegado los derechos, aduciendo falta de pruebas o falta del tecnicismo en el que son rigurosos y exigentes con las comunidades, generando una clara exclusión y violación del derecho al acceso a la justicia en condiciones equitativas y de igualdad, así como configurando un racismo estructural del que han sido víctimas las comunidades afectadas por parte de determinados sectores estatales, políticos y económicos de Antioquia.
A pesar de ello, el MRVA continúa activando todas las rutas jurídicas pertinentes para denunciar y hacerle seguimiento y veeduría desde la sociedad civil al licenciamiento ambiental LAM2233 de este megaproyecto. Por ejemplo, el 29 de marzo del 2017 se presenta una acción de nulidad simple contra la licencia ambiental que fue otorgada en el 2009 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se inadmitió por un asunto de forma ocho meses después y sólo fue admitida finalmente hasta el 14 de marzo del 2018.
Frente a esta demanda que es conocida por el Consejo de Estado, se ha denunciado por parte del MRVA y del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ -Cajar- que se tomó injustificadamente tiempo valioso para pronunciarse sobre la medida cautelar que debía resolverse de manera urgente y oportuna, lo que vulneró los principios de protección y garantías de derechos de manera eficiente, debido proceso, igualdad de las partes, imparcialidad, participación, eficacia y economía. Si la medida cautelar de suspensión se hubiese fallado dentro del término legal que correspondía, se habría podido prevenir la emergencia nacional que hoy se vive en el Cañón del Río Cauca.
El MRVA además ha puesto en conocimiento de los distintos entes de control como Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, los distintos hechos y denuncias que se han identificado en todo el proceso de licenciamiento ambiental, tanto antes de su expedición, como en la ejecución. Así pues, se adelantan investigaciones del orden fiscal, penal, ambiental, disciplinario, de veeduría y seguimiento y demás que les corresponden a estas entidades, sus delegadas y correspondientes oficinas seccionales en Antioquia.
El MRVA ha anunciado que presentará una nueva solicitud de medida cautelar ante la decisión que expidió el pasado 31 de mayo del 2018 el Consejo de Estado, en la que negó la solicitud de suspensión provisional de la licencia ambiental. También se deja claridad sobre que el alegato de fondo de la legalidad de la licencia ambiental apenas comienza y que seguramente se presentará un intenso debate jurídico administrativo en el ámbito argumentativo y probatorio, pues son bastantes las irregularidades que se han encontrado en este licenciamiento y por lo tanto la tarea del magistrado ponente y de esta corporación será exigente, si es que existe un compromiso por respetar el derecho de las comunidades del Cañón del Río Cauca, afectadas y víctimas de Hidroituango.
Las comunidades en riesgo permanente
Las comunidades víctimas de Hidroituango tuvieron que ir hasta el Parlamento Europeo para que sus voces y denuncias fueran escuchadas, porque en los entes departamentales y nacionales, se ha acallado su voz, desconocido y estigmatizado por medio de discursos que niegan la oposición al desarrollo. El Estado colombiano ha reaccionado tarde a las alertas que se vienen emitiendo desde el 2010 por parte del Movimiento, quien también ha acudido a diferentes audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quienes están siendo realmente perjudicadas incalculablemente son las personas, familias y comunidades humildes que estaban mucho mejor antes de este desastroso megaproyecto.
Las empresas promotoras, accionistas y dueñas del megaproyecto son las responsables de la situación de permanente incertidumbre en la que se encuentran las comunidades desde el pasado 29 de abril, cuando inició esta tormentosa tragedia, producto de las deficiencias estructurales que hay en el estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica y por decisiones irresponsables de la máxima autoridad ambiental como la de no exigirle un diagnóstico ambiental de alternativas a un megaproyecto de estas magnitudes.
Responsabilidad de Estado
El Estado también es responsable y cómplice de la vulneración de los derechos de acceso a la información de manera transparente y en forma oportuna, a la participación efectiva en escenarios de toma de decisión y a la justicia ambiental en la forma como se ve y piensa el desarrollo para unos territorios desde oficinas en Medellín y Bogotá sin tener en cuenta las perspectivas de la gente que hoy está en una situación de riesgo inminente y que no se encuentran seguras por más declaratorias de emergencia, calamidad y urgencia se den por parte de las autoridades departamentales y nacionales, a quienes el tema ya se les ha salido de control, así como a las mismas Empresas Públicas de Medellín -EPM-.
Ha sido una voz insistente la de las comunidades que exigen estar en el PMU para contribuir de manera efectiva y oportuna ante el inminente escenario de mayor riesgo, las comunidades tienen el derecho a estar enteradas igual que las autoridades en tiempo real y oportuno sobre estas situaciones, pues tienen mejores formas de comunicación con su gente y conocen muchísimo mejor el territorio, pues son sus lugares de habitación, vivienda y trabajo por décadas.
Se hace énfasis en que la propuesta desde el MRVA es que se realice desde ya un plan de desmantelamiento controlado de la hidroeléctrica, toda vez que ya no es viable su funcionamiento por distintas razones del orden técnico, ambiental, jurídico, ecológico, político, económico y social que confirman que este megaproyecto jamás debió ocurrir.
