Los años treinta del siglo XX marcaron una nueva etapa de las disputas populares, y en ellas, el joven Partido Comunista de Colombia fue un actor protagónico
Grupo de Investigación Histórica
El liberalismo, que gobernó entre 1930 y 1946, buscó darles un trato distinto a los conflictos sociales, encauzándolos institucionalmente para evitar que la movilización se desbordara. Enrique Olaya (1930-1934) dio los primeros pasos con la legalización de la jornada laboral de ocho horas, el reconocimiento de sindicatos y la legislación sobre huelgas. Pero fue Alfonso López Pumarejo durante su primer gobierno (1934-1938), el que impulsó un mayor reformismo y modernización estatal. Se acercó más al movimiento obrero, apoyando la conciliación durante los conflictos laborales, mientras que pretendió moderar la beligerancia de las luchas campesinas con su legislación sobre tierras.
Sin embargo, la década de 1930 no fue un periodo de concordia social y democratización. El decenio se inició con altas tasas de desempleo por cuenta de la crisis del capitalismo. Las luchas obreras mantuvieron su vitalidad, incluso por hacer cumplir derechos ya consagrados en la legislación. En el campo, las contradicciones entre las formas de organización precapitalistas y las demandas de un mercado moderno, profundizaron la cuestión agraria.
La organización de los desempleados y la guerra
Las primeras acciones de los comunistas en el país se concentraron en la organización de los desocupados. La crisis del capitalismo había afectado el crédito público y las exportaciones, lo que afectó las finanzas del Estado y paralizó actividades como la construcción de obras de infraestructura, dejando a miles de obreros sin empleo. Después de los hechos de 1928-1929, la organización sindical se encontraba dispersa, y el desempleo acentuaba más esta situación. En 1930 organizó marchas de desempleados en Bogotá y Medellín, las cuales se repitieron en 1932, pero ahora también con movilizaciones en Tolima, Caldas, Cundinamarca, Cauca y Nariño.
En septiembre de 1932 un destacamento de peruanos ocupó el puerto de Leticia lo que inició la guerra con el Perú. Olaya, que estimuló el nacionalismo, se valió del conflicto para alejar la atención del país de los problemas sociales y económicos.
El Partido Comunista caracterizó la guerra como un conflicto inter imperialista. Pero más allá de los debates, los comunistas, consecuentes con el internacionalismo, mantuvieron una postura antibélica. Muchos militantes de base y dirigentes fueron agredidos y encarcelados, e incluso una turba enardecida por el nacionalismo atacó las oficinas del periódico Tierra; finalmente la organización pasó a la clandestinidad, lo que afectó su incidencia en las masas.
La organización sindical
Pese a las difíciles circunstancias, los comunistas se esforzaron en reactivar las huelgas. Los comunistas eran fuertes en los sindicatos de Bavaria y Fenicia, y desde allí comenzaron a promover la solidaridad con trabajadores en huelga. En 1934-1935 se presentaron huelgas generales en Barranquilla, Medellín y entre los trabajadores del café en Caldas. En estos movimientos figuraron líderes obreros comunistas como Joaquín Herrón y la escogedora de café Emilia Morales.
Este auge huelguístico se presentó en medio del cambio de administración. Para la elección presidencial de 1934 el liberalismo presentó como candidato al financiero Alfonso López Pumarejo, mientras que los conservadores se abstuvieron de participar alegando falta de garantías. El Partido Comunista decidió presentar la simbólica candidatura del pijao Eutiquio Timoté, un activo organizador de comunidades indígenas y campesinas del Huila y Tolima.
Olaya había legalizado en el país la existencia de sindicatos, produjo normatividad sobre huelgas e introdujo la jornada de ocho horas, pero mantenía un limitado diálogo con el movimiento obrero. López llegó a la presidencia con un discurso reformista, bajo el eslogan de la “revolución en marcha”, entabló contacto con los trabajadores, todo con el fin de evitar que los conflictos sociales se desbordaran, encarando así la amenaza revolucionaria.
Así pues, se comenzó a plantear la necesidad de la unidad sindical reviviendo la idea de una central nacional de trabajadores. Para lograr este objetivo, se reunieron entre 1935 y 1938 tres congresos del trabajo, donde confluyeron las principales fuerzas que incidían en la organización sindical: el liberalismo, socialistas y comunistas, y en estos se debatió el problema de la unidad del movimiento obrero y se concibió una nueva organización confederal. Así surgió la Confederación Sindical de Colombia, que pasó a denominarse Confederación de Trabajadores de Colombia, durante el Tercer Congreso del Trabajo de Cali, que sesionó en 1938.
El empeño de los comunistas por la unidad del movimiento obrero estaba relacionado con la política antifascista de Frente Único obrero y de Frente Popular. La Segunda Conferencia Nacional del PCC, que sesionó en noviembre de 1935, adoptó los lineamientos para la construcción de un Frente Popular antiimperialista, que abría la posibilidad a alianzas con la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional, y con fuerzas políticas que se opusieran a la injerencia norteamericana. El objetivo era lograr la unidad de acción en la defensa de los intereses obreros y nacionales.
La cuestión agraria y las luchas indígenas
Otro de los escenarios de lucha más importantes del Partido Comunista durante su primera etapa fue la lucha por la tierra y la organización campesina. Desde la década de 1920 habían estallado en el campo una serie de conflictos originados por la introducción de lógicas capitalistas. Las haciendas de estirpe colonial, que funcionaban con trabajadores dependientes ligados a la tierra a través de cargas laborales obligatorias, no daban abasto a las necesidades, resultaban incompatibles con la demanda de un mercado moderno. Muchos de estos trabajadores, además, provenían de colonos que habían incorporado las tierras a la frontera agrícola con su trabajo, pero habían sido despojados por los terratenientes a través de maniobras legales o también mediante métodos coercitivos.
Trabajadores y colonos comenzaron a organizarse para exigir el acceso a la tierra. Estos venían a sumarse a los indígenas que se movilizaban para la protección de sus resguardos y la restitución de sus tierras perdidas. Y a estos se sumaron los peones y el proletariado agrícola de haciendas más modernas, que exigían mejoras salariales.
El Partido Comunista, que ya había incluido en su agenda programática la lucha por la tierra y la cuestión indígena, en 1934 produjo una resolución específica para el trabajo en el campo, donde planteaba que solo una revolución “anti-feudal” y antiimperialista podía transformar el régimen agrario colombiano. El Partido proponía la expropiación de los grandes terratenientes para distribuir la tierra entre los campesinos trabajadores, dejar la producción agrícola en manos de cooperativas de campesinos y obreros, y decretar inmediatamente nulos los contratos y obligaciones de dependencia.
El programa de trabajo en el campo contenía también una sección específica para el problema indígena. A estos debería devolvérseles las tierras de resguardo perdidas, concedérseles plenas libertades civiles, y al mismo tiempo reconocer la autoridad y autonomía de sus propias formas de gobierno. Estos puntos y el debate sobre la Ley de tierras estuvieron en el centro de la política nacional de este período, contra el frente común de los terratenientes y los sectores de extrema derecha simpatizantes del fascismo, que no descartaban la posibilidad del golpe militar y el uso de la violencia.
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