Carlos Fernández*
En medio de las protestas ciudadanas de noviembre y diciembre del año anterior, el Gobierno nacional expidió el decreto 2111 de 2019, mediante el cual se crea el Grupo Financiero Bicentenario, del que harán parte las entidades financieras y aseguradoras estatales en las que el Estado tiene participación accionaria mayoritaria. Se exceptúan la Nueva EPS y Colpensiones.
La trasescena de la medida
La creación de este conglomerado viene cocinándose desde hace rato. En primer lugar, la medida es el acatamiento a una recomendación de la OCDE, el organismo económico que agrupa a las principales economías europeas y a los Estados Unidos. En segundo lugar, la ley del Plan de Desarrollo facultó al presidente para tomar esta medida. Lo que llama la atención del decreto expedido son los considerandos, según los cuales no se pretende hacer nada de lo que los críticos de la creación de este grupo empresarial han argumentado: no se pretende privatizar ninguna entidad financiera pública, no se van a hacer despidos masivos en ninguna de las entidades involucradas, no se van a modificar patrimonios autónomos como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –Fomag–, administrado por Fiduprevisora, que sí entrará en el nuevo grupo financiero.
En tercer lugar, se plantea como objetivo de la creación del conglomerado ubicar el ente creado en el tercer lugar de los conglomerados financieros del país para competir con ellos en la prestación de servicios financieros a la población. Este objetivo apunta a ampliar la inclusión financiera, es decir, que, cada vez más, la población colombiana se relacione con el sector financiero mediante la utilización de uno o más de los productos que el sector ofrece. Ésta es la forma como los capitalistas y sus áulicos en el Gobierno conciben la disminución de la informalidad laboral y empresarial que sufre la economía colombiana: bancarizarse, le llaman.
Los pasos siguientes
Luego del decreto que crea el nuevo grupo financiero, el Gobierno no se ha quedado quieto. Ya efectuó la escisión del Banco Agrario, al que le sustrajo 700 mil millones de pesos de su patrimonio (de un total de 960 mil millones) para entregárselos al nuevo conglomerado. Éste se regirá por el derecho privado, lo que implica un comienzo de privatización, la cual, según el decreto, no se podrá hacer sino mediante ley del Congreso. Cuando llegue la hora, habrá la fuerza política suficiente para iniciar el proceso de traslado de los bienes públicos rentables al sector privado.
En principio, podría decirse que la centralización de los patrimonios de empresas financieras y aseguradoras estatales facilita la prestación de un mejor servicio financiero. Por algo los propietarios de las empresas financieras privadas como SURA, el grupo AVAL, el grupo Bolívar y otros han creado estos conglomerados para centralizar la administración de las empresas que los conforman y hacer más eficiente su gestión, al punto de que ya existe una ley, la 1870 de 2017, que regula el funcionamiento de estos grupos financieros. Pero, en realidad, lo que esto significa es que el sector financiero estatal entra dentro de la lógica del sector financiero privado y pierde, en consecuencia, el carácter de servicio público que tiene hasta el presente. ¿Qué va a pasar con entidades como el Fondo Nacional de Ahorro, el Icetex, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, Fiduprevisora, Fiduagraria, etc.? ¿Podrán seguir prestando sus servicios (bastante deficientes en algunos casos) para atender necesidades reales de la población que implican utilizar criterios que van más allá de la rentabilidad financiera?
La lucha logra objetivos
Es indudable que, al plantear su oposición a la creación de este conglomerado dentro de las peticiones del paro nacional, el movimiento social logró que el Gobierno tuviera en cuenta algunos de sus planteamientos. Por eso no fueron incluidas entidades como Colpensiones o la Nueva EPS dentro del nuevo conglomerado. Por eso, la enajenación de los activos públicos que conforman el patrimonio de las empresas que se van a asociar o el patrimonio del nuevo ente centralizado sólo puede hacerse mediante ley del Congreso. Por eso el proceso de escisión sólo ha tocado al Banco Agrario (si bien su aporte al capital del nuevo ente es sustancial).
Pero la movilización no ha bastado para lograr transparencia en el proceso ni discusión democrática sobre la utilidad de la centralización. El carácter anti-democrático del actual gobierno y de los capitales que lo sostienen impide una discusión abierta, ilustrada y masiva sobre la conveniencia de tener un conglomerado financiero como el que se ha creado. El objetivo no es que el sector público financiero se organice para competir con el privado ni cederle a éste espacios de mercado social ganado por las entidades públicas con objetivos definidos sino atender unas necesidades de la población como corresponde a cualquier sector público. Es la noción de lo público lo que está en juego.
* Economista
