Una dramática batalla se libraba en los conteos de las mesas de votación, tras las elecciones generales del pasado 26 de noviembre en Honduras, para definir si el próximo presidente de la república representa la continuidad de un gobierno corrupto y represivo, o si se abre paso una esperanza de cambio democrático, representado en la aspiración presidencial de la Alianza Opositora contra la Dictadura, AOD.
La puja se dio entre el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que aspiró a la reelección, violentando la constitución nacional, y el candidato de la oposición democrática, Salvador Nasralla. Hacia la una de la madrugada del lunes 27, el Tribunal Supremo Electoral presentó un primer informe, donde ambos aspirantes casi igualaban en votación. Eso hizo que tanto el uno como el otro reclamaran el triunfo. Horas más tarde, Nasralla aventajaba en cuatro puntos porcentuales al candidato reeleccionista.
En la mañana del lunes 27, más de 20 mil hondureños se concentraron alrededor de las edificaciones del Tribunal Electoral para festejar la victoria del candidato opositor, pero también para defender la victoria, ante la sombra de fraude que ya se insinuaba. Las maniobras del presidente del organismo electoral, David Matamoros, hicieron que hacia el miércoles de la semana pasada, el candidato opositor declarara que hubo fraude, y que desconoce el resultado final de las urnas.
Rechazo al continuismo
En el consolidado arrojado 24 horas antes, un 75.3 por ciento de las mesas escrutadas, Nasralla aparecía con el 42.63 por ciento de la votación, y el actual mandatario con el 41.66 por ciento. El problema es que como arte de magia, se iba acortando la distancia entre ambos contendores.
Si se hubieran dado unas elecciones transparentes, es claro que la mayoría de la votación de los salvadores se pronunció por el rechazo a lo que denominan la política de “hambre y terror” de la actual administración. La gestión del presidente Hernández se ha caracterizado por el asesinato de periodistas, de defensores de derechos humanos y de ambientalistas, que han convertido a Honduras en un país peligroso para los activistas sociales por la democracia.
Contra el modelo neoliberal
La proyectada reelección del actual mandatario, no solo es inconstitucional, pues la carta política vigente prohíbe esa figura, sino que su continuidad representa la entrega de la soberanía nacional a las grandes empresas transnacionales, la privatización de las empresas del Estado, la lógica del extractivismo en los territorios indígenas, la profundización del modelo neoliberal, a través del endeudamiento desenfrenado, la renuncia al control de los recursos estratégicos, la criminalización de las conquistas sociales y la estigmatización de la lucha de los campesinos por la tierra.
Una expresión de la aplicación del modelo neoliberal es la aparición de las llamadas ‘ciudades modelo’, excluyentes y elitistas, que constituyen un desafío a la necesidad de abastecimientos básicos de la mayoría de la población. De acuerdo a la Cepal y a organismos de las Naciones Unidas, casi el 50 por ciento de los hondureños vive en condiciones de extrema pobreza. Contra este panorama de injusticias, se alzó la candidatura presidencial de Salvador Nasralla.
