Gobierno y operadores de la justicia ponen trabas para la libertad de los indultados de las FARC
Guerrilleros y guerrilleras de las FARC, aún se encuentran en las cárceles colombianas, pese a la ley de indulto 1820 aprobada en el marco del proceso de paz en 2016.
Libres los ya absueltos, trabajan colectivamente junto a los defensores de derechos humanos, para exigir al Gobierno de Juan Manuel Santos para el pronto cumplimiento de lo acordado. En la ciudad de Bogotá se han realizado plantones, ruedas de prensa y pedagogía, a fin de poner sobre la palestra pública este debate, que entre otros fines tiene el de convertirse en un mecanismo para bajar la moral de prisioneros y prisioneras.
Voz, dialogó con Jesús Nariño, uno de los prisioneros que hace un mes salió en libertad, y quien junto a otras personas, excombatientes de las FARC absueltas en todo el país, encabezan la campaña por el cumplimiento de las garantías de lo acordado para las personas privadas de la libertad.
Nariño, sale gracias a la ley de indulto, después de nueve años de prisión, y de haber estado en diferentes cárceles del país, entre esas en La Tramacúa, más conocida como la Guantánamo de Colombia, en donde estuvo por varios años, sometido a vejámenes. Finalmente, y ya en el marco del proceso de paz, es trasladado a la cárcel de Chiquinquirá, de donde salió en libertad. Él, le conto a Voz, que están haciendo todo lo posible por cumplir la promesa que le hicieron a sus compañeros en prisión, “lograr la libertad definitiva para todos y todas las prisioneras de las FARC”.
Lo político por encima de lo jurídico para no dar indultos
Seis meses después de que la ley de indulto fue aprobada, se suponía que antes de la dejación total de las armas, “los prisioneros políticos y de guerra deberían estar en libertad, como parte de ese proceso de reincorporación a la vida en sociedad, a la vida en familia y a la política. En este momento hay aproximadamente 3.400 miembros de las FARC en las cárceles, reconocidos por la insurgencia, solamente han salido beneficiados 900, de ellos 283 trasladados a la Zona Veredal en Mesetas, en el Meta. Los otros mediante amnistía del derecho y libertades condicionadas, es decir 2.500 guerrilleros, sindicalistas y demás, están aún en las prisiones del país, sometidos a los vejámenes y violación de los derechos humanos que se cometen en las prisiones”, asegura Nariño, al tiempo que reafirma que “no descansaremos hasta que no salga el último”.
La misma insurgencia a través de sus comunicados ha afirmado, que el Gobierno no cumple, que vienen poniendo talanqueras a la implementación, pero que además, son los operadores de la justicia quienes, desde su pequeño poder en cada región, se oponen a dar la libertad a quienes ya deberían estar en el proceso de reincorporación. En este momento, y con la totalidad de las armas entregadas a la ONU, la insurgencia afirma, “le hemos cumplido al país, pero el Gobierno no”. “Faltan 2.500 personas. De mujeres hay un aproximado de 300 compañeras en todo el país. En huelga de hambre hay 47, entre esas una compañera de Cúcuta que es madre lactante con un bebe de cuatro meses y hace un mes cumple con todos los requisitos para salir en libertad, pero el Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cúcuta, José Alejandro Peláez Romero, caprichosamente, y en una posición más de orden político que jurídico, le ha negado la libertad. Esta compañera se llama Mayerly Becerra Muñoz”.
Así como, se señala la situación en Cúcuta con el juez Peláez, también se enfatiza que no es el único caso. Esta misma realidad pasa particularmente en Tunja con otro juez que, para las FARC, es símbolo de los obstáculos al proceso de paz. “Se trata del Juez Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad, y quien ha declarado públicamente que no le otorgará la libertad a ningún terrorista. Así lo ha dicho y ha cumplido su palabra, porque todas las libertades las ha negado. Han sido los operadores de la justicia quienes han puesto trabas porque la ley está”, comenta Nariño.
Malos tratos en prisión para los enfermos
Hace más de un año, y gracias a una jornada nacional de protesta al interior de las cárceles, se acordó que el Gobierno cumpliría con un tratamiento adecuado para quienes, estando en prisión, padecían enfermedades graves que a la fecha no habían sido tratadas y que por el contrario, por la condición en las celdas, empeoraba la salud de los y las prisioneras.
“Estas son cosas que uno no logra entender, cómo es que ante tanto gesto y compromiso de las FARC, la dejación de las armas, el Gobierno nacional no cumpla. Aun tenemos compañeros enfermos por los que se llegó a ese acuerdo en las cárceles. Es el caso de un compañero, también en la cárcel de Cúcuta, con graves problemas de salud, con su pierna amputada. En Chiquinquirá tenemos otro compañero con sus manos amputadas y además está ciego, y ni siquiera como gesto humanitario, o como cumplimiento de la ley, le otorgan la libertad. Según afirman los jueces, son un peligro para la sociedad”.
Una jornada nacional de protesta por la dignidad
A las acciones jurídicas, a los llamados internacionales para que el Gobierno cumpla lo pactado, se le sumaron, desde 29 centros penitenciaros del país, una jornada permanente de desobediencia y de huelga de hambre. Nariño asegura que “nos hemos visto abocados a esta jornada nacional de protesta, en este momento hay 29 centros penitenciarios donde hay prisioneros políticos en jornada nacional de desobediencia, de ellos 1.460 en huelga de hambre, 35 con la boca cocida, como símbolo de que, desde ya nos quieren silenciar”.
A esta huelga de hambre se ha unido Jesús Santrich, quien lleva seis días de huelga en solidaridad con quienes hoy continúan en la prisión. “Es una lucha para denunciar ante la comunidad internacional estos hechos. El mismo Gobierno en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, se está demorando con la entrega de las certificaciones de los y las prisioneras que serán indultados. Hay 900 certificaciones en proceso, y este hombre en lugar de impulsar la paz, también se ha convertido en un obstáculo con múltiples excusas para no avanzar en el proceso”.
La huelga nacional continúa, el esfuerzo desde quienes ya salieron a la libertad continua por el indulto de quienes tienen derecho a gozar de su libertad. “El compromiso mío y de todo el grupo de camaradas que estamos aquí, es que seguiremos presionando su libertad. Nuestros compañeros y nuestros amores también, deben saber que no están solos. Aquí los esperamos”, enfatiza Jesús Nariño.
