Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Varios meses después de iniciado el proceso por corrupción en la Universidad Distrital, William Muñoz, exdirector del Idexud y principal involucrado, en sus versiones a la fiscalía habla de colaborar y de entregar información clave, con el fin de poner en evidencia los carruseles de contratación que existen al interior del campus. En una carta que dirigió a esta entidad, se refirió a una “colaboración eficaz con el fin de que cesen las actividades delictivas en el nuevo carrusel de la contratación de Bogotá”. “El nuevo carrusel”, tal vez dando a entender que no solo existe uno, con antigüedad, sino además, que existen otros en las manos de grupos que imponen estas cuestionables habilidades en la institución.
Las prácticas regulares de corrupción tienen que ver con grupos que, desde el orden administrativo, permiten que se realicen ciertos “negocios” utilizando la imagen de la universidad. Muñoz afirmó también que, durante su gestión, se cometieron diversos tipos de delitos en los que estuvieron involucrados políticos destacados del gobierno nacional. Entre esos delitos señala los de “corrupción administrativa contractual y financiera, pago de comisiones, por presiones de funcionarios de la universidad o de políticos destacados del gobierno nacional y distrital”.
Para nadie es un secreto que la universidad del distrito, tal y como lo mencionamos en la pasada edición, tiene un músculo financiero, una infraestructura, que es garantía para cualquier contrato o convenio de alto monto económico. Esto genera confianza a los inversionistas, pues se tiene cómo responder en cualquier momento que se presente una anomalía en el cumplimiento de dichos acuerdos.
Según el docente Omer Calderón, hay una pequeña línea en donde se puede evidenciar que tal autonomía otorgada al Idexud, luego de la modificación de su función misional con el acuerdo 004, y en donde se le da facultades para suscribir contratos y convenios, además de la ordenación del gasto y la ejecución de los mismos recursos, que genera “unas prácticas institucionales que naturalizan la corrupción y que tienen que ver con la separación entre la administración y la academia”.
Los contratos y la inversión irregular
En las versiones de Muñoz se habla de convenios con alcaldías locales de Bogotá, de otras alcaldías regionales y de cuantías por más de 43.000 millones de pesos, que se venían manejando y en las que, muy posiblemente políticos reconocidos y administrativos de la universidad, han manejado como cartera personal.
Según analiza el docente Calderón, estos convenios que se ha ganado la universidad se dan precisamente por su solidez económica, “La universidad es una empresa muy sólida, tiene unos excelentes indicadores económicos y le permite competir con cualquier empresa. Tiene varias sedes, un presupuesto de más o menos 330 mil millones de pesos. Cuando entra a competir es muy fácil que se gane esos concursos. Y la dirección del Idexud se aprovechó de eso para hacer una gran cantidad de convenios. Uno podría hacer un cálculo de unos 250 mil millones de pesos en siete años que duró el paso de Muñoz ahí”.
También comenta que, “la Distrital, por cada convenio, cobra el 12,5%, lo cual es un incentivo para que los entes territoriales contraten con la universidad, pues este monto es muy atractivo porque es menor al de otras universidades. El resto de la plata de los convenios se ejecuta en el desarrollo de los mismos, en donde viene la participación de los alcaldes locales, los concejales, etc. Ahí es donde se encuentran los denominados sobrecostos y las corbatas. Allí es donde aparecen una cantidad de irregularidades, en donde grupos con intereses particulares al interior de la universidad, usufructuaban los recursos”.
Dentro de estos contratos que entran en la discusión, está el firmado con la administración del polémico exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que, según información, corresponde a una actualización catastral por 7.200 millones de pesos. Este convenio, en el camino de su ejecución, tuvo adiciones en el tiempo de entrega y de presupuesto.
Otro contrato grande y que ya había estado intervenido por el Ministerio de Tecnologías de la Información, es el de Fonade, relacionado con una interventoría del montaje de los puntos Vive Digital, que alcanzó un presupuesto de 14.900 millones de pesos. La entidad solicitó claridades acerca de la anomalía en la elección de los contratistas. En este momento, Fonade le debe a la universidad 5.000 millones de pesos, mientras que el Idexud, haciendo gala de la capacidad financiera de la universidad, optó por cubrir el roto financiero con el Fondo de Beneficios Institucionales.
Más allá de “la empresa del Idexud”
Dentro de esas prácticas irregulares están la compra de equipamientos para las facultades, en donde el presupuesto interno de la Distrital, se ve afectado. Este ejercicio no solo tiene que ver con quienes administran el Idexud, también con los demás administrativos que tienen la potestad de destinar el presupuesto para “las mejoras internas de la institución”. Un ejemplo de ello son las recurrentes denuncias por los sobre costos en la inversión que se hizo en todo el proceso de la construcción y equipamiento de la nueva sede de Bosa.
En el mes de febrero del 2014, estudiantes y docentes denunciaron que esta nueva sede de la universidad presentaba irregularidades en la adjudicación conveniente de los contratos de construcción, por un valor de 70 mil millones de pesos. Roberto Vergara, quien ya había sido rector de la universidad, y quien fungía en un alto cargo cuando se modifica el acuerdo 004 del 2013, a finales de ese año, queda nuevamente como rector de la entidad, y es a quién le caen las denuncias por las irregularidad en la contratación de la nueva sede. En febrero de 2015, en medio de las polémicas, es removido de su cargo.
Otra de las denuncias hechas por el movimiento estudiantil tuvo que ver con la adjudicación a las firmas de ingenieros GF SAS, Ziggurat y Conequipos, del equipamiento de sillas para los laboratorios de la misma sede de Bosa, por 5 mil millones de pesos, cada silla fue facturada en $1.500.000, pero, según los estudiantes, haciendo la misma cotización en tres empresas diferentes, y con la misma referencia del mueble, el costo por unidad no tenía un valor superior a $320.000. Esta misma historia se habría repetido en la facultad de Ciencias y Educación cuando remodelaron la sede. Allí la denuncia también fue por sobre costos. Hoy, la misma comunidad afirma que los equipamientos ya no sirven.
En Twitter, el otrora alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, afirmó que “El sr Wilman fue nombrado en el año 2001, y en el 2012 lo puso al frente del instituto el señor Roberto Vergara, amigo de Samuel Arrieta, enlace de Peñalosa con el congreso y la Nación”. Da la casualidad que para la época, Vergara era el jefe de planeación de la Distrital. Otro de los exrectores también señalado por manejos irregulares al interior de la institución, es Inocencio Bahamón, declarado amigo personal de Samuel Arrieta, a su vez, señalado por montar rectores y administrar bajo la sombra, los recursos de la Universidad. Arrieta es egresado de la universidad, es exconcejal y exsenador; hoy aspira nuevamente al concejo por el partido Cambio Radical.
