Hernán Camacho
@camachohernan
No es correcto legislar para intereses privados. Es una obligación constitucional de los congresistas hacer públicos los conflictos de carácter moral o económico que les inhibe para tramitar ciertos asuntos sometidos a su consideración.
La Ley 5 de 1992 en su artículo 286 desarrolló las causales de los conflictos de intereses que obligan a los congresistas a presentar impedimentos para legislar sobre temas específicos. También les dio la potestad a sus colegas de aceptarlos o no.
Ante la prohibición de legislar en causa propia, las mayorías del Congreso modificaron el régimen parlamentario y con la Ley 2003 de 2019 hábilmente crearon vacíos legales que abrieron la puerta para que el trabajo parlamentario sea en favor de sus financiadores.
La senadora María del Rosario Guerra es ponente del proyecto de ley que pretende reformar el “mercado de capitales”, una iniciativa que esconde una reforma pensional y modifica las reglas de juego para negocios como los fondos de pensiones privados y los bancos. La parlamentaria del Centro Democrático recibió donaciones por el orden de 60 millones de pesos de Colpatria, Seguros Bolívar y Banco Davivienda.
Con la Ley 1943 de 2018 bautizada “de financiamiento”, primera reforma tributaria de Duque, se les entregaron beneficios tributarios considerables a ciertos sectores de la economía. En el trámite legislativo el exsenador Álvaro Uribe Vélez, radicó en secretaría un impedimento al artículo 10 del proyecto en discusión. Advertía Uribe que sus actividades agropecuarias y empresariales como ganadero y hacendado le imposibilitaban para participar en la discusión y votación de algunos artículos del proyecto. Las mayorías de Gobierno negaron el impedimento.
Uno de los mayores patrocinadores del actual Congreso es el Grupo Ardilla Lulle por las donaciones en especie vía pauta publicitaria en RCN Radio. Los candidatos del Centro Democrático recibieron donación en pauta radial por cerca de 30 millones de pesos en promedio. Tiempo al aire como donación a un partido es una clara desventaja con quienes no reciben dicha voluntad.
La política regional es estratégica para algunos gremios económicos. El gremio bananero Augura es financiador de una parte de la bancada de Antioquia con donaciones que van desde los 10 millones de pesos, como es el caso del senador Santiago Valencia, y hasta 30 millones de pesos en donaciones como con la senadora Paola Holguín.
La industria farmacéutica mediante la empresa Tecnoquímica SAS y Bavaria contribuyeron con 45 millones de pesos cada empresa para que Rodrigo Lara Restrepo se hiciera senador de la República. Con la misma cifra el gremio lechero apoyó al senador elegido por Cambio Radical con una donación de la empresa CPNS SAS. Otros 45 millones de pesos aportó la empresa costeña Epic Diseño + Construcción. Entre Davivienda y Colseguros, donaron cerca de 60 millones a Lara Restrepo. Un privilegiado entre los privilegios.
Hay un Congreso empeñado en favorecer intereses leoninos contra la clase trabajadora, en contra de las demandas ciudadanas. Los gremios eligieron a las mayorías para imponer las reformas que consideran, pero no calcularon el estallido social y la crisis económica.
En el parlamento hay congresistas que tienen tantos impedimentos como negocios familiares. Legislar en causa propia, imponiendo situaciones políticas como la reducción de impuestos, para generar mayor ganancia a sus financiadores o beneficiarse personalmente es corrupción, además que evidencia el talante de quienes llegan al Congreso, siempre de espaldas al país y sus realidades.
