Cuatro indígenas han sido reportados como víctimas de desaparición forzada en el Valle del Cauca. La comunidad exige atención del Gobierno
Las autoridades y la guardia indígena de la comunidad Embera Chamí, del Valle del Cauca, se declaran en asamblea permanente en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Alcalá, hasta tanto no haya claridad frente a la desaparición forzada de cuatro miembros de esta comunidad, todos ellos hermanos.
Los hechos se desarrollaron el día 8 de marzo, después de que los indígenas salieran de sus viviendas camino a una jornada de pesca en la finca El Edén. Este lugar queda aproximadamente a unos 20 minutos de la cabecera municipal, tres kilómetros de recorrido en vehículo. En el grupo de personas que salieron en busca de sustento, se encontraban dos adultos y tres menores de edad. Julio César Vélez Vásquez, Luis Adrián Restrepo, Brayan Stiven Vélez Restrepo, Luis Sebastián Namundia Vélez, Luis Mario Vélez, este último de 12 años de edad y quien regresó a su casa después de un tiempo, lo cual lo deja como última persona que vio a sus hermanos en dicho lugar.
En alerta ante la incertidumbre
La comunidad salió en su búsqueda y alertó a las autoridades locales del municipio, policía, personería y bomberos. Al indagar al mayordomo de la finca por las personas desaparecidas, este aseguró que nunca los había visto. Las autoridades indígenas denunciaron el caso como una desaparición forzada ante la Fiscalía General de la Nación de Cartago, en el Valle del Cauca.
Los cuatro hermanos indígenas siguen desaparecidos, y la comunidad y autoridades indígenas mencionan que las autoridades competentes no actúan decididamente para encontrar a los jóvenes. La guardia indígena de los demás municipios llegó al sitio de donde desaparecieron, verificaron la zona y encontraron algunos de los objetos y pertenencias que llevaban ese día, tales como anzuelos, el tarro donde llevaban las lombrices y el flotador.
El menor de edad que regresó a la comunidad está bajo la protección de la guardia. Esta situación deja a los pobladores con mucha preocupación, aseguran que hay quienes han querido socavar los derechos de los pueblos indígenas, desarrollando este tipo de situaciones, lo cual representa un riesgo extremo que redunda en afectaciones individuales y colectivas.
En asamblea permanente exigiendo derechos
Por esta situación, la comunidad se ha declarado en asamblea permanente hasta tanto no haya claridad al respecto. Igualmente llamaron a la solidaridad nacional y alertaron al gobierno para que brinde las medidas de protección necesarias que garanticen la vida del menor, con un enfoque diferencial por su condición de indígena.
En este orden de ideas, también exigen que en el ejercicio de sus competencias constitucionales, el Gobierno adelante las investigaciones que conduzcan a la individualización de los responsables de los hechos ocurridos. Solicitan la presencia de delegados de la Fiscalía desde Bogotá, pues aseguran que las autoridades locales generan desconfianza.
Finalmente, la comunidad indígena solicita un apoyo logístico y de solidaridad de manera urgente, tales como, colchonetas, carpas, botas, linternas, cobijas y víveres para la guardia indígena y autoridades indígenas reunidas en asamblea permanente; además para las labores de búsqueda en el municipio de Alcalá, Valle.
