Claudia Flórez Sepulveda
Sin ninguna duda, el proceso de diálogo y la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno de Santos redujo notoriamente los niveles de violencia en el país. No hay que olvidar que el 2015 ha sido el año más pacífico en 51 años, producto del cese al fuego unilateral por parte de la extinta guerrilla, teniendo en cuenta que las acciones armadas se redujeron en un 80% en comparación al 2014 (datos del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Cerac). Sin embargo, esta esperanza de paz se desdibuja con la llegada de Iván Duque a la presidencia. Han regresado los episodios de ejecuciones extrajudiciales en los territorios, perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares.
La continuidad de la política de la guerra sucia, como instrumento político estatal y el encubrimiento de la institucionalidad en los delitos, volvieron a ser práctica en este gobierno. No solo ha hecho trizas el Acuerdo, sino que ha revivido en la sociedad las horribles noches y las historias macabras y dolorosas, especialmente, para las familias rurales, que representan los sectores más pobres y abandonados del país.
La renuncia del ministro Guillermo Botero, después del debate en el Congreso, donde se devela la masacre contra ocho niños en el operativo que tenía como objetivo dar de baja a alias Gildardo Cucho, es una muestra de la indolencia del presidente y su gabinete. Es claro que el Ejército conocía previamente la existencia de menores de edad en el territorio, debido a las cuatro denuncias que habían realizado el Personero del municipio de Puerto Rico, la defensoría del Pueblo y el alcalde de San Vicente; este último había dado el informe en pleno consejo de seguridad. Aún así, deciden realizar el operativo y bombardear.
La institucionalidad se convierte en un ente incapaz de resolver las problemáticas del país. La huella de impunidad no se borra con la renuncia del ministro, ya que para el señor presidente, la operación que autorizó fue “una labor estratégica, meticulosa e impecable, y con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho”. Da vergüenza que pretenda justificar la masacre de unos niños víctimas del reclutamiento forzado y mostrarlos como delincuentes, cuando la obligación del Estado debería encaminarse a rescatarlos y a construir políticas que tiendan al mejoramiento de sus condiciones vida.
La miseria que padece la población en los territorios rurales coexiste con las dinámicas del conflicto armado. Las familias que han padecido el reclutamiento forzado se enfrentan a la macartización de auxiliadores de la guerrilla. También existen casos, cuando las familias buscan a sus hijos e hijas y logran recuperarlos, que el Ejército cometa actos que comprometen la seguridad de los menores, al pretender interrogarlos y usarlos como informantes sobre la presencia de la guerrilla. Esto ha generado, en varios casos, que las familias se vean obligadas a desplazarse, ante las represalias que pueda tomar la insurgencia.
Señor Duque, hablamos de que queremos su renuncia, viejo. Las familias que han sufrido directamente las consecuencias de la guerra, que han vivido la mutilación y la muerte de sus hijos, merecen que usted deje su cargo.
