Es obligación del Estado garantizar que todas las personas que habitan el país y, en particular, las más vulnerables, accedan a un ingreso mínimo vital que les brinde la posibilidad de una vida digna
Carlos Fernández*
Mediante el decreto 518 del presente año, el Gobierno nacional creó el Programa Ingreso Solidario, que tiene como objetivo la entrega de transferencias monetarias no condicionadas a las «personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor–Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas–IVA». La exclusión de los beneficiarios de los programas mencionados de los beneficios de este nuevo programa obedece a que ya ellos han sido objeto de una transferencia adicional a la que reciben actualmente.
Esta norma no es más que el reconocimiento de que hay un sector de la población al que no llegan los programas que –con un gran componente clientelista– han sido diseñados desde hace ya bastante tiempo como sustitutos de una política económica que incentive el empleo formal y dé posibilidad a vastos sectores de la población de hacer parte del entramado económico ejerciendo plenamente sus derechos como ciudadanos. Ella viene a aunarse al hecho de que una inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas antedichos han dejado de percibir los ingresos que generaban mediante su actividad económica.
Sobre el ingreso mínimo vital
Constitucionalmente, en la medida en que el país ha adherido a diversos instrumentos normativos internacionales relacionados con los derechos económicos, sociales y políticos de las personas y, además, se ha declarado como un Estado Social de Derecho, es obligación del Estado garantizar que todas las personas que habitan el país y, en particular, las más vulnerables, accedan a un ingreso mínimo vital que les brinde la posibilidad de una vida digna. Los programas existentes, ya mencionados, en su funcionamiento normal, fuera de la crisis, apuntan, aparentemente, a ese objetivo, pero tienen el carácter de aportes financieros condicionados, lo cual contradice la noción de ingreso mínimo vital.
Además, los aportes adicionales a tales programas y los representados en el programa de Ingreso Solidario –a los que no se les hace ningún condicionamiento– tienen un horizonte de tiempo bastante limitado: el tiempo que dure el confinamiento por la pandemia y, por tanto, están lejos de garantizar un ingreso mínimo vital incluso durante el tiempo de su vigencia.
Renta básica universal
Desde la Grecia de Pericles se viene hablando de la necesidad de que el Estado asuma la financiación de un ingreso básico al que tendrían derecho todos los ciudadanos de la polis. Pero fue Tomás Moro, el autor de Utopía, el primero en contemplar una sociedad en la que rigiera esta renta, llamada básica porque no cubre sino lo indispensable para una vida digna, y universal porque a ella tendrían derecho todos y cada uno de los ciudadanos de un estado o región. Ella sería la condición material necesaria para lograr la participación de todos los miembros de la comunidad en las decisiones públicas.
Pero así como los programas existentes y el nuevo de Ingreso Solidario no garantizan el mínimo vital, éste, de existir plenamente, no representaría la existencia de una renta básica universal, la cual se ha buscado implantar en varios países y regiones (entre ellas Alaska, en los Estados Unidos) sin que se haya llegado a un consenso universal sobre su conveniencia, aplicabilidad y sostenibilidad económica y financiera. Ésta ha sido una idea que ha estado entrando y saliendo de la escena académica y política internacional según las coyunturas económicas por las que atraviesan el mundo y sus regiones. La crisis financiera de 2008 la puso nuevamente en el orden del día y, ahora, con la pandemia que asola el planeta, ha recuperado la importancia que amerita.
Se argumenta que, por razones jurídicas, cualquier beneficio adicional que se implante con motivo de la pandemia y que demande recursos adicionales al presupuesto no puede ir más allá del tiempo que dure el estado de emergencia decretado por el Gobierno. Como si, una vez levantada la cuarentena, automáticamente se recuperaran los empleos perdidos o se reactivara el comercio, la industria y el turismo en las condiciones anteriores a esta coyuntura.
La realidad que se ha revelado con la situación extraordinaria que se vive, es que ha llegado el momento de que el país inicie la discusión y la implantación de un beneficio que, al menos, garantice la existencia del ingreso mínimo vital de manera permanente, el cual debe apuntar al establecimiento, a futuro, de la renta básica universal para los colombianos.
Sobre los beneficiarios
En lo inmediato, los beneficios no condicionados que implante el Gobierno deben apuntar a los núcleos de población vulnerable que no reciben ningún beneficio de los programas estatales, a los que los reciben pero han perdido sus fuentes de ingreso y a los que no los reciben en razón de que poseían un ingreso producto de su trabajo pero que han perdido su empleo o que, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, han tenido que cerrar sus negocios o suspender su precaria actividad de compra-venta informal, de la que obtenían un sustento diario sin ninguna posibilidad de ahorro.
La Escuela Nacional Sindical (ENS), en documento publicado el 16 de abril, señala, específicamente, 11 categorías de personas, participantes o no de la fuerza de trabajo (denominada en la jerga oficial población económicamente activa), como personas susceptibles de que se les garantice el ingreso mínimo vital. La ENS calcula que el número de estas personas asciende a 10.991.180, que no incluyen a los obreros y empleados del sector privado y del público que puedan haber caído en situación de mayor vulnerabilidad. Esto con relación a la garantía de unos ingresos que sustituyan a los que se han perdido en esta coyuntura.
El Programa Ingreso Solidario empezó con el pie izquierdo en cuanto a la selección de los beneficiarios. En efecto, al iniciar su implementación, el Estado se vio ante la evidencia de que la información estadística que posee sobre la población es inconsistente, caótica, al punto de que pueden ser beneficiarios del programa los muertos y personas con cédulas que no existen. El caos estadístico le añade otra rueda al molino de las trapisondas y corrupciones que caracterizan la acción estatal.
La financiación
La mezquindad del Gobierno nacional respecto a la destinación de recursos para los sectores más vulnerables de la población es patética. Por un lado, los recursos normales para Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y devolución del IVA ya hacían parte del presupuesto general de la Nación. Sólo son nuevos los recursos adicionales no condicionados de los tres primeros programas y los destinados al Programa Ingreso Solidario que alcanzan sumas bastante bajas que, según el estudio de la ENS, no superan los 420 mil millones de pesos. Si hubiera voluntad real de aportarles a los más vulnerables, se echarían para atrás las exenciones tributarias a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, regalos que vienen de tiempo atrás y que fueron validados y ampliados con la última reforma tributaria.
Además, la deuda externa podría reestructurarse de manera que el Gobierno dispusiera de abundantes recursos para cubrir el subsidio directo a la población vulnerable y el necesario apoyo a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que dan cuenta del 80% del empleo total y del 36% de la producción nacional.
Hacia el futuro
Luego de la cuarentena y elaborado y ejecutado un plan realista de reactivación que tome en cuenta al grueso de la población, para lo cual hay que mantener la presión social y sindical sobre el Gobierno y continuarla, luego, en la calle, se pone en el orden del día la reivindicación –cuya obtención será difícil, indudablemente– de la renta básica universal. La errática y sesgada política gubernamental y los efectos que ya se empiezan a conocer sobre el impacto de la crisis en la economía y en la población, dan argumentos para enarbolar esta nueva bandera por parte de los trabajadores del campo y la ciudad y de sus organizaciones.
* Economista.
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