No hay voluntad política de la actual administración de Bogotá para resolver el problema de las personas que han trabajado en el San Juan de Dios
Jenny María Solís
@Jemasolis
La capital del país está sumida en una de sus peores crisis institucionales y sociales, la desidia de la actual administración y la nula voluntad política para proteger las instituciones públicas y a sus trabajadores es pan de cada día.
Desde el año 1998 se ha venido buscando, de forma intencionada por parte de los gobiernos nacional y distrital, la privatización de lo que era el hospital más importante de Latinoamérica, no solo en términos de atención a las poblaciones más vulnerables de Bogotá y el resto del país, sino además, por ser vanguardia en términos científicos e investigativos, ya que recibía, de forma constante, médicos de países de centro y sur América, que veían en el San Juan de Dios una oportunidad inigualable de formación, investigación científica y modelo médico de atención.
La ley 100 acabó con el San Juan
La atención a la población vulnerable de forma gratuita, y con elevados niveles de calidad, se contemplaba como la garantía del derecho a la salud a las y los colombianos, sobre todo a los de menos ingresos económicos, que encontraban en el complejo hospitalario la posibilidad de ver atendidas y sanadas todo tipo de afectaciones en términos de salud.
Sin embargo, la gratuidad de la atención no representaba ningún tipo de interés para los inversores privados, como las nacientes EPS, por lo que los gobiernos de la época decidieron empezar con un ahogamiento financiero para el sostenimiento de la atención y el mantenimiento de las edificaciones, y a no cancelar los salarios de las y los trabajadores del complejo hospitalario, que concluyó con la privatización de la salud a nivel nacional y la mercantilización del derecho a la salud, que vio en el año 2011, el cierre definitivo del San Juan.
Digna resistencia: “El San Juan es de todos”
El cierre del Hospital San Juan de Dios representa para el país una pérdida incalculable en términos de lo que significa la garantía de los derechos fundamentales al conjunto de la población, pues por muchos años representó el modelo de atención de salud pública en calidad y cobertura, en educación e investigación científica y en participación comunitaria.
Los trabajadores y trabajadoras del antiguo hospital, luego de empezar titánicas jornadas de demanda a la nación, no solo por la conservación de lo que había sido el hospital más moderno de América, sino por el pago de sus salarios, congelados entre los años 1998 y 1999, se tomaron las instalaciones de este, en total 23 familias, para defender el patrimonio distrital de las y los bogotanos, pero además, como vivienda, pues después de la crisis muchos perdieron sus viviendas y se vieron obligados a tomar como residencia instalaciones del complejo hospitalario.
Muchas personas de las que se quedaron, lo que hace recordar movimientos como los Okupa en Europa, intentaron por muchos medios sostener la atención a la población, pero la desfinanciación provocó no solo el cierre del hospital, sino el deterioro de las edificaciones, muchas ya con daño biológico, que se confirmó en un estudio que desarrolló la Universidad Nacional, y también causó el abandono de muchas máquinas de alta tecnología.
Una esperanza que se desvanece
La Bogotá Humana, en el año 2016, en una demostración de voluntad política del entonces alcalde Gustavo Petro, reabrió el complejo hospitalario, con un plan a largo plazo para la recuperación total del hospital, la idea entonces, era recuperar las 17 salas de cirugía, abrir la sala de urgencias, que en su tiempo atendía diariamente cientos de pacientes de bajos recursos, que no se veían sometidos a lo que hoy se conoce como “el paseo de la muerte” y, además, recuperar las zonas verdes y de espacio público.
La compra de los predios del San Juan de Dios y del Materno Infantil, por parte del Distrito, fue el inicio de lo que debería ser la apertura total del hospital a lo largo de 10 años, pues ya superados algunos problemas de tipo jurídico, el distrito y la nación debían comprometerse con la recuperación de este, del que hacen parte, entre otros, el Instituto Cancerológico, el Hospital Santa Clara y el Instituto Dermatológico.
Las y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios fueron partícipes de la reapertura y vieron además, la posibilidad de que sus derechos laborales, por fin, después de más de una década, fueran reconocidos en términos de liquidación y pensión, pues a la fecha, muchos han fallecido, esperando el reconocimiento de los mismos.
En su momento, el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que el hospital San Juan de Dios no estaba dentro de lo que llamó “sus prioridades”, pues con el dinero que gastaría el distrito en la reapertura, ya efectuada por la Bogotá Humana, alrededor de un billón de pesos, se construirían cuatro hospitales públicos. No obstante, al terminarse las obras dejadas por la administración anterior, la Bogotá Mejor para Todos, quiso adueñarse de la reapertura, advirtiendo el supuesto compromiso de la presente administración, con la recuperación de la “cuna de la medicina” en el país.
En los últimos días, la administración de Bogotá se acercó a las instalaciones del San Juan de Dios junto con el Esmad y la Personería de Bogotá, donde aún residen alrededor de 11 familias de trabajadores del hospital, para efectuar el desalojo de quienes allí viven, con la excusa de que después de muchas negociaciones las y los trabajadores no habían aceptado ningún trato. Según afirma la Personería, quienes allí habitaban, tendrán todas las garantías para resolver su situación. Sin embargo, lo que está visto es que a la actual administración no le interesa la resolución digna de las y los trabajadores sino, como lo ha demostrado en múltiples oportunidades, a partir de la fuerza, imponer sus decisiones sin tener en cuenta a las comunidades.
No se trata entonces, solo de la apertura del complejo hospitalario del San Juan de Dios y los múltiples beneficios que esto traería para la ciudad y Colombia en general, se trata además de dar respuestas efectivas y dignas a quienes por años han resistido y defendido el hospital. Es necesario que los derechos laborales de quienes allí vivieron por años, sean garantizados.
