En medio de uno de los operativos de la policía antinarcóticos, las comunidades denuncian que la fuerza pública les propone no pasar el informe real de la erradicación
El pasado 15 de julio de 2017, unidades antinarcóticos irrumpieron en territorios pertenecientes al resguardo indígena de San Miguel, ubicado en el municipio de San José del Fragua, desconociendo de manera expresa, en el campo, el acuerdo firmado el pasado 8 de julio de 2017 en el cual las comunidades de la zona se comprometen a la sustitución integral de los cultivos de coca en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Dirigentes indígenas denunciaron además que la policía violó la soberanía de sus territorios, a los cuales los cobija otro tipo de normatividad.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que respeten los acuerdos en los cuales ellos como cocaleros se comprometen de manera voluntaria con la sustitución, pero con soluciones integrales para las zonas que habitan, abandonadas históricamente por el Estado.
En el marco de estos operativos, un periodista logró grabar la invitación de un miembro de la fuerza pública, aparentemente el responsable del operativo, a los campesinos a fumigar una parte del plante de la hoja de coca y no pasar informe completo a sus superiores. Según se escucha en el video, el oficial menciona: “Entonces mano, le estoy diciendo, le fumigo la mitad del cultivo y le dejo la mitad y me encargo de no pasar allá ningún informe y de no hacer nada de eso, se lo expliqué a usted…”. En el mismo video, el mismo policía increpa al comunicador de la Red Sur, por su labor. “Necesito trabajar”, le dice al campesino, a quien no deja hablar.
Ante esta situación la Red de Comunicadores Populares del Sur en el Caquetá, denunciaron públicamente estos hechos, al tiempo que señalan la intimidación al comunicador popular Didier Oswaldo Ramos, quien acompañó a las comunidades en el operativo. Defensores de derechos humanos, las comunidades cocaleras, y la Red de comunicadores, instaron a las autoridades locales a que se investiguen estos hechos. Igualmente exigen el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno en relación a la construcción de una paz estable y duradera.
