Luego del recorrido por varias regiones del país, la delegación española aseguró: “Regresamos a Asturias con la certeza de que el Gobierno de Colombia no hace lo necesario para cumplir el Acuerdo de Paz, ni protege de manera efectiva a la dirigencia social y a las comunidades indígenas, campesinas y negras en riesgo”
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Desde el cuatro de marzo, la delegación inició su recorrido por los territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades afro y de colonos campesinos en los departamentos del Cauca, Arauca, Casanare, Antioquia y Chocó. Según la comisión, que estuvo conformada por once representantes de diferentes organizaciones, entre abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y un diputado del principado de Asturias, afirmó, en una rueda de prensa, la preocupación con la que la delegación retornaba a su país.
Dentro de las preocupaciones que expresaron, está la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades, y de: “ La existencia de graves retrocesos en materia de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario asociados a la presencia de proyectos de inversión del capital internacional y al narcotráfico; incremento del riesgo de masacres al aumentar las amenazas de muerte; continúa el asesinato sistemático e impune de la dirigencia social estigmatizada como “guerrilleros”, justificando todo ello como producto de “problemas personales” y los bloqueos a comunidades rurales”.
La comisión, relató en rueda de prensa las dificultades que tuvieron para llegar a algunos territorios del país y por otro lado, del desplazamiento y reclutamiento forzado de habitantes: “El desplazamiento masivo de comunidades indígenas del pueblo emberá por la presión paramilitar de grupos como el Clan del Golfo y las AGC en los territorios del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño además de “el reclutamiento de colonos e indígenas menores de edad en las cuencas de los ríos Domingodó y Jiguamiandó al igual que sucede en otros territorios del país”.
La ruptura del Estado
Otro de los elementos que asegura la comisión, es que existe una ruptura del Estado de Derecho en los territorios visitados, un ejemplo de ello es la situación que conocieron en su visita por Turbo, en Antioquía: “La ruptura del Estado al negarse la Policía y el Ejército Nacional a acompañar la restitución de las propiedades a los campesinos ordenada por los jueces de la República, como en el caso de las tierras ubicadas en la vereda Guacamayas de Turbo (Antioquia) aduciendo escasez de personal en una región con miles de soldados y policías, de lo que se deduce que la fuerza pública en zonas como Urabá obstaculiza de hecho la restitución de los derechos territoriales a las comunidades, en beneficio de los grandes empresarios, tal como hacen los grupos paramilitares que cuidan sus intereses”.
También expresaron que los compromisos acordados en el proceso alrededor del desminado de veredas, se suspendió y eso ha implicado la multiplicidad de víctimas de indígenas, afros y campesinos: “Se siguen produciendo graves mutilaciones a la población civil que cae en campos minados. El Ejército Nacional suspendió el desminado militar y no cumple con el desminado humanitario, lo que ha confinado, en la práctica, a las comunidades que viven de la recolección de alimentos en la selva”. Durante la visita asturiana al territorio una familia entera cayó a un campo minado.
Una de las grandes denuncias de las que reflexionaron como parte de la tragedia nacional, fueron las de los indígenas en Río Sucio, relacionadas con actos de violencia sexual: “La existencia de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y menores de edad por parte de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que las llevan a prostituirse”, asegura uno de los representantes de la delegación, que están engañando a las niñas con dulces y plata.
El paramilitarismo, coca y violación de derechos
Dentro de la agenda de la comisión, estaba la reunión con autoridades nacionales y regionales, ellos cuentan que entablaron contacto con las instituciones militares: “El coronel Bastidas, comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, niega la existencia de los paramilitares que ejercen control territorial y social basado en la violencia sobre las personas, las comunidades y los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Pavarandó, Truandó, Riosucio, Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó otras zonas en las que civiles armados, contando con la inacción de la fuerza pública, amedrantan y amenazan de muerte. Las comunidades no tienen confianza en la policía, ni en el Ejército, ante los que se sienten muy vulnerables, hecho que les impide cumplir con el deber ciudadano de denunciar actos ilegales sin correr el riesgo de que los paramilitares conozcan sus denuncias y los persigan a muerte”.
Por otro lado, comentan que existe un incremento de los cultivos de coca como resultado de que el gobierno no ha cumplido el compromiso de pactar con las comunidades la erradicación manual, y por la presión de los paramilitares que asesinan a quienes se nieguen a sembrar más coca. Y la entrega por parte del gobierno de títulos mineros para explotar oro, petróleo, etc. a las empresas multinacionales sobre territorios de propiedad colectiva, sin consulta previa a las comunidades negras e indígenas.
“Nos vamos con preocupación”
Además de las detención arbitrarias por parte de militares en varias zonas del país y de la: “aplicación de soluciones militares para responder a las reivindicaciones de la legitima protesta social en las regiones visitadas. La judicialización de la dirigencia social se ha convertido en una forma de acallar a quienes protestan contra las transnacionales, contra el incremento de la inequidad y la exclusión. Como consecuencia de ello hay una elevada presencia de presos y presas políticas en el sistema penitenciario colombiano. En las cárceles colombianas tienen lugar graves violaciones de los Derechos Humanos, estando gravemente afectado el acceso a la salud. Es especialmente vulnerable la situación de las mujeres que ejercen la maternidad dentro de los centros penitenciarios y de los menores a su cargo” aseguran.
La delegación coincide con las apreciaciones contenidas en los dos últimos informes publicados por la Oacnud. También con las recomendaciones centrales y reiteradas de que debe honrarse el Acuerdo de Paz cumplimentando todos sus puntos. Y, afirman “nos vamos con preocupación, por la persistencia de la violencia estructural. Hemos solicitado la concesión de ayuda humanitaria urgente para las Zonas Humanitarias del Curvaradó que se encuentran en una situación crítica. Pedimos que esas ayudas sean inmediatas para reducir el impacto de la situación actual hasta que llegue el momento en que se produzca la anhelada restitución de tierras”
Expresaron a demás su preocupación, pues en el marco de esta 16 visita, es la primera vez que es Gobierno nacional no recibe a la delegación, lo que insta a pensar el desinterés por acompañar estas denuncias desde los territorios y solucionar las demandas de la población.
20 años de solidaridad internacional
Para esta delegación que, además cumple 20 años con el programa de refugio temporal a líderes y lideresas víctimas de la violencia en Colombia, y cuyo propósito es acoger, resguardar y acompañar a quiénes, por motivo de seguridad y de la necesidad de proteger sus vidas, no pueden estar en sus territorios, lugares en donde desarrollan el trabajo social o comunitario, y cuyo acompañamiento representa un acción humanitaria, afirmo ante la embajada de España en Colombia en donde se les realizó un reconocimiento público, que continuaran acompañando a las comunidades, y a visibilizar la violencia sistemática de las violaciones de los derechos humanos en el país, y continuaran rodeando, desde su país, a través del parlamento Europeo, la necesidad de la paz y el complimiento de los acuerdos firmados en la Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP hoy constituida en partido político.
