En entrevista con VOZ, Jorge Virviescas, asesor de la Unidad de Apoyo Normativo, UAN, de la concejala Heidy Sánchez de Colombia Humana-UP, analiza la respuesta de la Alcaldía frente a la crisis sanitaria y social y el panorama de la capital ante el reto de la pandemia
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
– ¿Cómo ha estado trabajando el Concejo de Bogotá durante el confinamiento?
-El Concejo ha hecho un seguimiento sistemático al accionar de la administración a través de un foro virtual permanente donde se han convocado sesiones de control político y se han citado a funcionarios para discutir temas relacionados con la crisis. Allí han participado funcionarios de la Alcaldía y expertos invitados. Por ejemplo, nosotros invitamos a los médicos Román Vega y Juan Simbaqueba, expertos en salud pública y miembros del Partido Comunista. De estos foros han surgido recomendaciones sobre salud pública, epidemiología, integración social, seguridad, gobierno y desarrollo económico.
Uno de estos foros coincidió con un debate sobre salud pública previamente convocado por la bancada de Colombia Humana-UP y liderado por nuestra concejala Heidy Sánchez. En ese debate, Heidy hizo un balance del sistema de salud pública en Bogotá y puso en evidencia el desmonte de la política de territorialización de la salud, es decir, la disminución de la capacidad operativa de las entidades de salud pública en los barrios y localidades.
Peñalosa desmontó los centros de salud en los barrios y centralizó toda la atención en solo cuatro hospitales, acabó con los equipos de búsqueda activa que antes iban a los barrios a hacer diagnósticos, despidió a más de 6.000 contratistas de la salud como personal médico y de enfermería, destinó recursos a subsidiar al sector privado y concentrando la capacidad en la red pública y privada en los sectores más pudientes, dejó desprovistos de atención a los más vulnerables.
Todo ello ha llevado a que en los territorios haya hoy más capacidades de reacción que de prevención, es decir, no hay un enfoque de salud preventiva y si bien se cuenta con una capacidad hospitalaria que hoy parece suficiente, el problema está en que no hay cómo identificar a los contagiados antes que presenten síntomas.
El otro problema muy importante es qué hacer con las personas más vulnerables durante el confinamiento. La Secretaría de Integración Social y el Instituto para la Economía Social, IPES, han tenido reducciones de presupuesto que han limitado su capacidad para atender las necesidades económicas más urgentes. Peñalosa desmontó la atención social, la focalizó en algunas localidades y tercerizó la prestación de muchos servicios que corresponden a la Secretaría.
Hoy se ha tenido que hacer una reingeniería a toda marcha, devolverse a la territorialización y crear equipos de búsqueda de población vulnerable. Podemos decir que se ha avanzado en una identificación de las necesidades en barrios de estrato 1, 2 y 3, pero en localidades de clase media no hay herramientas para detectar, por ejemplo, casos de pobreza oculta.
La Secretaría ha tenido que reinventarse rápidamente con la consecuencia previsible de que haya mucha lentitud en las respuestas. Desde la bancada hemos insistido en la necesidad de atender con más rapidez a poblaciones que no tienen ninguna cobertura, como habitantes de calle, trabajadores informales y trabajadoras sexuales. Vemos además indefinición frente a los migrantes venezolanos. ¿La Alcaldía asumirá su cuidado o debe hacerlo Migración Colombia? Eso nos preocupa.
Bomba de tiempo
– ¿Cómo ven a la Alcaldía frente a la crisis?
-Vemos que no hay respuesta clara en el ámbito local. La urgencia manifiesta ha permitido tomar decisiones, pero estas no han sido consultadas con los ediles. Continúa el proceso de selección de los alcaldes locales y eso retrasa las acciones, pero en cualquier caso los recursos de las localidades no son suficientes porque solo tienen hasta el 10% del presupuesto distrital.
No vemos propuestas en desarrollo económico estructural, no solo de atención a la población más vulnerable, la cual tampoco es suficiente. El IPES está actualizando el censo de trabajadores informales, pero ¿y los comerciantes?, ¿y los pequeños negocios?
En el tema de la salud pública tampoco se han tomado decisiones de fondo, solo ampliar la capacidad hospitalaria. La presencia territorial avanza lentamente (solo hay 100 equipos territoriales cuando debería haber al menos 1.000), no se ha querido asumir el control de la red privada, la localidad de Mártires, por ejemplo, es una bomba de tiempo. Es el corazón de la crisis, allí se juntan las poblaciones más vulnerables y no vemos una respuesta de fondo. ¿Y los pagadiarios? ¿Y la salubridad en los inquilinatos? En fin, son medidas que van en la dirección correcta, pero nos parecen insuficientes.
Heidy tomó la iniciativa de crear un sistema de denuncias ciudadanas que nosotros tramitamos ante las autoridades distritales. Hemos recogido denuncias de todo tipo: call centers que obligan a sus trabajadores a asistir, falta de atención en las localidades, demora en las respuestas. Se hizo una sesión para presentar las denuncias y descubrimos que además hay dificultades en la seguridad. En un foro sobre seguridad hubo un debate porque la derecha pedía la militarización de la ciudad ante el poco acatamiento del aislamiento. Ellos reconocen que ocurre por la necesidad de muchos de buscarse la subsistencia, pero con todo, reiteraron la propuesta de la militarización.
Coincidencias y diferencias
– ¿Hay respaldo del Concejo a la Alcaldía?
Reconocemos que muchas de esas dificultades se dan por el desmonte del sistema distrital de salud pública que hizo Peñalosa. Acompañamos a la Alcaldía, pero consideramos que su acción puede ser más audaz. Hay que tener en cuenta la corresponsabilidad del gobierno nacional en todo esto, pero aun así se puede hacer más. En general, hacemos una evaluación positiva, pero pensamos que sigue siendo insuficiente.
En general hay un consenso a favor de lo que está haciendo la Alcaldía, pero en lo concreto sí tenemos diferencias. Todos estamos de acuerdo en fortalecer lo territorial, proteger a los trabajadores de la salud y extender el aislamiento, pero no hay acuerdos, por ejemplo, sobre el Hospital San Juan de Dios o la propuesta de militarización. Nos preocupa, eso sí, que las pruebas de diagnóstico van muy lentas. No es solo que los síntomas aparecen a las dos semanas, sino que la única máquina de diagnóstico se dañó por unos días.
– ¿Hay plata para todo esto? Financieramente, ¿es posible garantizar el aislamiento por dos meses o más?
-Depende de la voluntad política de la Alcaldía. Hace falta más contundencia. La emergencia ha permitido hacer traslados presupuestales y con eso se ha trabajado, pero por ejemplo no se han tocado los contratos con los operadores de Transmilenio, a quienes la Alcaldía sigue manteniendo la tasa de ganancia, es decir, a pesar de la disminución de la demanda ellos siguen recibiendo el mismo dinero. Transmilenio es un sifón para los recursos públicos. La Alcaldía puede renegociar contratos y no se ha atrevido. No puede ser que se recorten programas sociales y no se toquen las finanzas de los que tienen más ingresos. Están muy bien las donaciones, pero eso no tiene nada que ver con poner a tributar a los ricos.
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