Comunidades ribereñas exigen condiciones dignas de reubicación, o indemnización para soportar las consecuencias de las obras de adecuación para la navegabilidad
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Por el año 2011, los labriegos y pescadores de la vereda Leticia, del corregimiento Pasacaballos en Cartagena, vieron con extrañeza la presencia de desconocidos que con alguna frecuencia rondaban sus tierras. Con las primeras pesquisas, supieron que eran ingenieros que hacían estudios para adecuar la navegabilidad en el Canal del Dique. Inmediatamente, empezaron los cuestionamientos y la zozobra.
Pero, ¿qué es el Canal del Dique? Según Gustavo Bell, en un artículo publicado en la web del Banco de la República, los primeros datos que hay sobre esta obra datan de 1571 cuando el entonces gobernador de Cartagena permitió la construcción de un camino que uniera varios caños que se comunicaban con el río Magdalena. Once años después estuvo terminado, aunque rápidamente cayó en desuso por falta de mantenimiento. En varias oportunidades fue habilitado, pero rápidamente diversas circunstancias hacían que cayera en desuso.
En el siglo pasado, tuvo intervenciones y modificaciones en la década de los veinte, bajo el gobierno de Laureano Gómez y entre 1981 y 1984. Además, en palabras de los pobladores de Leticia, desde los años noventa les han dicho que hay proyectos para adecuarlo, aunque sus obras han estado atrasadas e investigadas por la Procuraduría.
Las actuales intenciones
En una publicación de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que habla del actual Proyecto Canal del Dique, se explica que este consolidará las economías de tres departamentos y permitirá el control efectivo de inundaciones en 20 municipios ribereños. Además, permitirá la recuperación del ecosistema ambiental, el control de los niveles de agua del Canal y una navegación que generará oportunidades multimodales.
En un foro de socialización, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó la importancia de aprobar el proyecto porque, “los beneficios medioambientales tanto de mediano como de largo plazo implican no solo el restablecimiento de las actividades económicas de las comunidades en la zona de influencia de Canal, sino aquellos relacionados con el turismo que se consolide por el efecto de evitar la sedimentación en la bahía de Cartagena”.
En el portal web de la ANI, se detalla que el Canal tiene una influencia en 1.5 millones de habitantes, en 20 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre; la inversión requerida alcanzará los 2,3 billones de pesos, que aportarán el Gobierno nacional junto con otras fuentes de financiación, como las regalías de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre y recursos voluntarios de Ecopetrol, entre los más importantes.
Cuatro comunidades
Ahora bien, más allá de los impactos que tendrán las obras en los municipios y veredas ribereñas, hay cuatro pequeños poblados que sufrirán otras consecuencias. Entre las obras de adecuación está planeado dragar, construir dos compuertas y ampliarlo.
El Canal del Dique tiene 115 kilómetros. Emisarios de la ANI, les han dicho a los campesinos que en el kilómetro 10, antes de la desembocadura, pondrán la primera compuerta y la segunda, en el 15. Esto provocará una elevación de la cuña salina que afectará las condiciones de los terrenos para cultivar y las condiciones de pesca. Es decir, el mar se internará hasta la primera compuerta. Después de esta hay cuatro comunidades: Pueblo Nuevo, Leticia, El Recreo y Pasacaballos en las que habitan alrededor de 700 familias.
VOZ visitó Leticia para tener un diálogo con algunos representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Leticia y el Canal del Dique, quienes manifestaron sus angustias ante las obras y el abandono del Estado.
Para llegar al pequeño caserío se toma un vehículo que sale por el sur de la capital de Bolívar, que después de unos 30 minutos arriba al Canal del Dique, justo en frente a la vereda El Recreo. Luego, se toma una pequeña lancha que va en contracorriente unos 20 minutos.
Elías Marimón es un nativo de Leticia, de 47 años. Con la propiedad que le da saber de lo que habla, explica que esa vereda nació con la adecuación del canal, “cuando por allá en los años 30 en la bahía Barbacoa se estableció una comunidad pesquera integrada por migrantes económicos de Córdoba, Sucre y del mismo Bolívar, que buscaban oportunidades para sobrevivir”.
Su nombre, Leticia, nació por esa mamadera de gallo que caracteriza al colombiano, pues en la guerra con el Perú, labriegos y pescadores se apostaban al lado y lado del canal, mientras de manera jocosa unos lanzaban insultos contra los que estaban en la otra orilla. Los otros, acusándolos de ser del vecino país, afirmaban que ellos estaban en Leticia. Fue suficiente para bautizar el caserío con el nombre de la capital del departamento del Amazonas.
Campesinos y pescadores
Por lo que Elías ha podido averiguar: “El proyecto se ha estado gestando desde los años 90, aunque con una u otra variable. La idea actual es acondicionarlo para transportar mercancías entre La Dorada, Caldas, y Cartagena”, anota.
Para estas familias el problema de fondo está en que: “Eso es un negocio que está para favorecer a los grandes empresarios y a nosotros no nos queda otro camino que irnos para Cartagena, aumentar ese cordón de miseria que tiene esa ciudad que conllevará a una crisis mayor. Por eso pedimos que no nos envíen a la ANI para lo de las consultas previas porque eso es un foco de corrupción, hay más de cinco mil millones de pesos perdidos”.
Por su parte, sobre las consecuencias del proyecto, Pedro Caraballo, quien lleva 52 años viviendo en Leticia, señala que al hacer las compuertas se producirá que el agua salada llegue por el canal y los caños Matunilla y Lequerica hasta donde ellos cultivan y es con esa agua con la que inundan sus cultivos de arroz y riegan otros de pancoger. Ante lo que pregunta: “¿Qué vamos a hacer y qué vamos a comer cuando se adecúe el canal? Ya no podremos sembrar arroz ni plátano ni frijol”.
Carlos Piñeres complementa que el impacto será negativo porque al cerrar las compuertas se va a venir el agua salada y todo desaparecerá ya que los peces del mar siempre buscan las salidas del agua dulce y es ahí donde más capturan, al haber compuertas desaparecerá el caracol y todo porque los peces se retirarán.
A su vez, Federico Vuelvas, quien vive en la vereda hace 30 años, y llegó de Córdoba en busca de donde cultivar, comenta que en el caserío hay 106 familias que dependen del arroz, la pesca, la yuca y el ñame. Ante lo cual exige: “Si ofrecen reubicarnos queremos en el nuevo sitio tener las mismas o mejores garantías para vivir como las tenemos aquí. Que tengamos la misma tranquilidad. O si no, que nos den dinero”.
Víctor Manuel Pájaro exige una indemnización al Gobierno porque cuando el canal esté habilitado ellos no pueden volver a ser lo mismo: “No queremos proyectos ni ninguna clase de obra, queremos una indemnización en dinero que me permita hacer cualquier otro negocio. Pero que seamos ayudados con plata porque la pobreza que nos viene después del proyecto es dura”.
Elías dice que la ANI les ha ofrecido 1.800 millones de pesos en proyectos a cada comunidad, lo que consideran como una burla, más si se tiene en cuenta que estos se manejarán con intermediarios.
Por eso, estos campesinos y pescadores se sienten solos y saben que el proyecto se les viene encima. Reconocen que las obras son necesarias para el desarrollo, pero que este también los debe incluir y es ahí donde le hacen un llamado al país para como dice Elías, no ser desterrados por el proyecto y engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
