Aunque el máximo líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se encuentra capturado, las comunidades que viven en los territorios controlados por este grupo armado denuncian que se ha intensificado el reclutamiento forzado y la vigilancia paramilitar sobre la población. Denuncia
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
De nuevo, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación ética y moral de dejar constancia frente a los últimos acontecimientos. En todo lo que ha venido padeciendo en su proceso de vida, cada vez más cercada perversamente por instituciones que actúan en el ámbito regional, hemos ido comprobando progresivamente que sus jefaturas nacionales no solo las respaldan, sino que les dan las órdenes y les diseñan sus estrategias.
El reclutamiento y el sometimiento forzado por las garras paramilitares es algo que no se detiene en nuestra amada región y se proyecta en un constante sufrimiento despiadado al que se somete a la población, todo bajo muchos intereses de gente poderosa que utiliza entes ilegales para lograr sus objetivos en la zona.
El mismo Gobierno nacional en los últimos meses solo ha buscado cómo salvar y esconder su falta de compromiso con la población nacional; de allí la farsa de la captura de alias Otoniel, como nuevo mecanismo de simulación del fin del paramilitarismo. Sin embargo, la realidad es otra, pues las regiones viven aún bajo el terror y se nota que la “captura de Otoniel” no afectó en nada a esta estructura. Por el contrario, el paramilitarismo intensificó su poderío en cada una de estas regiones donde están operando.
Denuncias
Las veredas de San José son un corredor paramilitar donde han operado a sus anchas, con la protección de todas las instituciones y fuerzas del Estado. La Fuerza Pública se cuida de realizar registros donde ellos realizan sus acciones y controles.
Recientemente los paramilitares han reclutado a varios jóvenes en la zona y los han llevado a otras veredas del corregimiento. En muchas ocasiones están siendo llevados a otras zonas del país donde ya varios de ellos han sido asesinados, incluso a manos de la Fuerza Pública. Es una juventud que está sirviendo literalmente de carne de cañón para estrategias criminales.
Hoy queremos dejar constancia de los siguientes hechos:
—El viernes 29 de octubre de 2021 fue visto un contingente paramilitar fuertemente armado en la vereda Playa Larga.
—El sábado 30 de octubre de 2021 se nos informó de un reclutamiento forzado de dos jóvenes de la vereda La Unión por los paramilitares y al parecer fueron llevados a la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, donde después fueron vistos.
—El domingo 31 de octubre de 2021 en horas del día se conoció de un nuevo orden regional que supuestamente estarían implantando los paramilitares en la zona. Según se anuncia, incluye amenazas contra nuestra Comunidad de Paz.
—Entre el 5 y el 10 de noviembre de 2021, por informaciones que llegaron hasta nuestra Comunidad, se tuvo conocimiento sobre una serie de extorsiones en la carretera que conduce del área urbana de Apartadó al corregimiento de San José. Allí, personas armadas, al parecer paramilitares, están exigiéndole sumas mayores a los cien mil pesos a los transportadores de alimentos y madera, entre otros productos que son transportados en camiones o camperos.
—El sábado 13 de noviembre de 2021 se conocieron amenazas contra nuestra Comunidad de Paz por parte de alias Chiquito Malo, presunto mando principal de los paramilitares en Urabá en reemplazo de alias Otoniel. Según lo informado, éste estaría planeando acciones contra nuestra Comunidad de Paz.
—El domingo 14 de noviembre de 2021 fuimos enterados de que el contingente de Fuerza Pública que lleva más de un mes acantonado en el caserío de La Unión, supuestamente con un grupo de desminado humanitario, no sale siquiera de donde está acantonado, lo que demuestra que no están allí para desminar. En todo este tiempo han permanecido allí en unas propiedades privadas de campesinos, sin pedir permiso para ello.
La gente se pregunta: ¿dónde están los resultados del desminado? Dichos resultados no aparecen por ninguna parte. La población de la zona ha entendido más bien que la Brigada XVII tenía como estrategia ocupar esos terrenos. Y lo que sí han hecho es violar propiedades privadas y construir casas para quedarse a vivir entre la población civil.
Control paramilitar
—El viernes 19 de noviembre de 2021, a altas horas de la noche, los paramilitares dejaron panfletos en el casco urbano de San José, en los caminos y en varias veredas de la región. Todo esto demuestra el alto poder que tienen sobre este territorio y más aún en el casco urbano de San José, donde existe una estación de policía y una base militar, pero quienes sobresalen son precisamente los paramilitares que hacen lo que quieren.
—El mismo viernes 19 de noviembre de 2021 fue realizada una reunión de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, en el lugar de la escuela. Según la información, esta reunión fue convocada por un político de los paramilitares, quien llegó allí en compañía de otros hombres con radios de comunicación.
Al parecer uno de los temas a tratar era nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, espacio que el paramilitarismo ha querido invadir desde hace varios años, para lo cual ha empleado numerosas amenazas y estrategias perversas, pero siempre nuestra Comunidad de Paz ha demostrado la legitimidad de nuestro asentamiento en ese lugar que fue regado por la sangre de nuestro líder Luis Eduardo Guerra y demás compañeros y compañeras allí sacrificados.
—El martes 30 de noviembre del 2021, en horas de la mañana fue interrumpida la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz finca La Roncona, por dos personas contratadas según ellos por el señor Martín Jaramillo, cuando ingresaron invasivamente al predio en mención asegurando ser topógrafos, y de pertenecer a la empresa de topografía D Tovar.
Estando dentro de nuestra propiedad privada sin autorización alguna, manifestaron que habían sido enviados por el ingeniero Jorge Alberto de dicha empresa con el fin de hacer un levantamiento topográfico de dos hectáreas de la finca y que esto a su vez era una solicitud del mismo Martín Jaramillo, quien es parte demandada en el proceso jurídico de pertenencia, llegando a marcar un punto en donde iniciarían el trabajo sin autorización alguna por parte de nuestra Comunidad de Paz.
En ese momento se encontraba un grupo de trabajo de nuestra Comunidad de Paz realizando labores comunitarias en la finca y se dan cuenta del hecho, se les indica que está en curso un proceso de pertenencia del predio, a lo que ellos responden que no tienen conocimiento alguno y que solo fueron contratados para su labor de medición. Estas dos personas se comunican con su superior, el ingeniero, quien da la orden de que se retiren del predio, no sin antes manifestar que su jefe se comunicará con el señor Martín Jaramillo.
El silencio no es opción
A toda esta barbarie y control paramilitar de la zona se agrega la nueva norma de control que ahora pretenden implantar: obligar a que cada persona se registre en los libros de las juntas, sin que nadie quede sin incluirse, y que, de no hacerlo, serán ellos, los paramilitares, los que tomarán medidas; además, advierten que toda persona que quiera llegar a la zona tiene que llegar con los respectivos permisos de ellos o acompañados de sus conocidos.
Como Comunidad de Paz siempre vamos a rechazar y a dejar constancias públicas de todo este accionar paramilitar en nuestra región. Sabemos que esto conlleva peligros, pero callar sería peor y, más aún, conociendo el desangre tan aterrador que esto está ocasionando en la vivencia de la población civil de la región.
