Magnolia Agudelo V.
En menos de dos meses se cumple un año de la expedición del Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, por medio del cual el gobierno declara la emergencia sanitaria ante el avance del covid-19, acogiendo la declaratoria de pandemia mundial emitida por la OMS.
El panorama es catastrófico. La situación sanitaria, social, económica y política empeora cada día, mientras el gobierno persiste en su camino al despeñadero, poniendo en el centro el cálculo frío de la política.
Ante la profundización de la crisis, surge el clamor nacional exigiendo medidas efectivas, ante lo cual el gobierno de ultraderecha, con el pretexto de atajar los contagios, recorta libertades e impone toques de queda; dando potestad a las fuerzas militares y policiales para limitar derechos civiles y políticos, mientras persisten los perfilamientos, masacres, asesinatos, peculados y la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Asimismo, persiste la violencia estatal y policial contra cualquier movilización y manifestación de inconformidad ciudadana, como la masacre ocurrida contra jóvenes en Bogotá en el mes de septiembre de 2020, y los atropellos contra la población civil; dejando a su suerte y en la zozobra a la población en extensos territorios de la geografía nacional que perecen por el covid-19 y a causa de las balas de los grupos paramilitares.
El interés gubernamental ha sido el de concentrar el poder en el ejecutivo con el fin de sacar ventaja de grandes negocios, favorecimiento al capital financiero, a la gran empresa, al agronegocio, y una política social que se sustenta en subsidios para la población “vulnerable” que no resuelve la situación de miseria, y todo para mantener lealtades clientelares y perpetuarse en el poder en las elecciones de 2022.
Mientras tanto, la crisis es cada vez más estructural, y aumentan las grandes desigualdades; las estadísticas de Minsalud señalan que se superan los dos millones de casos de covid-19, además del subregistro, han fallecido más de 50 mil personas por esta causa, ubicando el país entre las 11 naciones con más muertes por este virus en el mundo; con un sistema de salud colapsado y sin garantías para el personal sanitario; 140 mil empresas quebradas, tres millones de desempleados; 20 billones en ganancias para los bancos y cero vacunas.
El gobierno ha reducido su política de contención del virus en el autocuidado, por parte de la población, descargando en esta su responsabilidad y culpabilizándola de la crisis; ha priorizado la supuesta “reactivación económica” en un país que tiene más del 65% de informalidad en la economía, a costa de la vida de miles de trabajadoras y trabajadores que deben salir a las calles acosados por el hambre a buscar el sustento; situación que desembocará en una emergencia sanitaria de incalculables proporciones.
El gran reto de las fuerzas democráticas y populares es cambiar el rumbo, convocar la más amplia convergencia social y política que lidere la desobediencia civil e iniciativas de resistencia creadora, desde los territorios y a nivel nacional, para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la renta básica, la salud pública, la educación y las libertades civiles y políticas.
Es necesario requerir, de manera inmediata, la protección de la vida con una gran campaña ¡Vacuna ya!; declarar la emergencia nacional por feminicidios, parar el genocidio y continuar con la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz y solución política.
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