Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha convocado a un debate nacional sobre el peso de los grandes grupos financieros en la coadministración del Estado. En las últimas décadas asistimos a un creciente poder del capital transnacional a escala global en detrimento de los Estados nacionales.
Dos ejemplos retratan esta realidad actual: la elección de Donald Trump, magnate del negocio de bienes raíces, construcción y del mundo de la farándula, que establece un gobierno empresarial directo al servicio de los intereses corporativos; el otro caso es “El acuerdo de asociación estratégico” firmado recientemente por la ONU con el Foro Económico Mundial (FEM), con el que otorga un “acceso preferencial” que pondría en riesgo la independencia, imparcialidad y eficacia de la ONU en lo concerniente a la exigencia de responsabilidades al sector privado.
Un hecho relevante, es el caso Odebrecht de Brasil y 10 multinacionales más, que se asociaron en una telaraña criminal para atrapar toda la contratación pública de una docena de países, entre ellos Colombia. Se trata de una herencia corrupta labrada por los partidos tradicionales dominantes como uno de los tantos medios para mantener su hegemonía política y utilizar los recursos públicos estatales en su interés particular.
Con la Ley 100 de 1993, se produjo la captura corporativa del sistema de salud a través de un entramado de EPS e IPS, para desfalcar el Estado y provocar “las caravanas de la muerte”; así se ha enriquecido un puñado de familias de la clase política y multinacionales de la salud como la española Sanitas. Los Fondos de pensiones y cesantías fueron endosados al sistema financiero, especialmente al grupo Aval, de Sarmiento Angulo, entroncado con la ultraderecha colombiana, quien de paso controla una parte de la contratación de obras como la célebre Chirajara y otras vías 4G.
En Colombia, particularmente desde la “seguridad democrática” para acá, existe una alianza promiscua empresarios-Estado para garantizar los millonarios aportes a partidos tradicionales y candidatos en época electoral; en esa lógica se ubican Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI y Guillermo Botero, presidente de Fenalco, designados para ocupar el Ministerio de Defensa en los gobiernos de Santos y Duque, respectivamente. Igualmente grotesca fue la designación por el magnate Sarmiento Angulo de Néstor Humberto Martínez, de su staff de abogados, para ocupar la fiscalía con la tarea exclusiva de atacar el proceso de paz e impedir que los empresarios involucrados en la para-economía fueran llevados a la JEP.
En este gobierno, el Plan de Desarrollo y la reforma tributaria se diseñaron a la medida de los grandes empresarios, otorgándoles prebendas como la exención de impuestos por más de 9 billones de pesos, mientras se castigaba a los trabajadores. El Cajar ha denunciado la manera en que la poderosa industria de las bebidas azucaradas y de los comestibles ultra procesados incide descaradamente en las decisiones del Estado afectando el derecho a la salud de la población.
Por eso no hay que bajar la guardia. Está comprobada la manera como gremios y grupos económicos bloquean iniciativas de interés público y coadministran el Estado para poner por delante sus intereses. El gobierno Duque favorece esas prácticas de captura e interferencia corporativa en la construcción de políticas públicas, que generan que el Estado evada su responsabilidad de promover, proteger y hacer efectivos los más altos estándares de derechos humanos.
