Numerosos testimonios dan luces sobre la veracidad de que la sede presidencial, durante las administraciones de Uribe Vélez, fue epicentro de reuniones para organizar delitos
Hernando López
La Casa de Nariño, entre 2002 y 2010, a la sazón conocida como “Casa de Nari”, se convirtió en un centro de reuniones de los altos funcionarios del “primer anillo” del presidente Álvaro Uribe Vélez y narcoparamilitares, que fraguaban planes contra magistrados de las cortes, periodistas críticos del Gobierno y dirigentes políticos de la oposición. Así lo reconoció, la semana pasada, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, en el juicio que se adelanta en esta importante corporación contra María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS prófuga de la Justicia, y Bernardo Moreno, ex secretario administrativo, en el proceso conocido como de las chuzadas del DAS.
La fiscal dijo sin ambages, que “la Presidencia de la República fue una empresa criminal que tuvo vocación de estabilidad y permanencia”. Según ella misma, “Moreno y Hurtado adhirieron a una organización criminal constituida desde la Presidencia de la República para cometer delitos contra servidores públicos y particulares”. El vocero de la Procuraduría, en forma vergonzosa, salió en defensa del ex presidente Uribe Vélez, con el argumento de que las acusaciones de la Fiscalía eran políticas y pretendían colocar a Uribe como cabeza del proceso.
Las dilaciones y las demoras en la recaudación de las pruebas tienen al borde de la impunidad este caso, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, incluyendo a los directores del DAS de la época. Como se sabe, María del Pilar Hurtado huyó del país y logró, con la ayuda del ex mandatario, que se le reconociera en Panamá la condición de perseguida política. Ahora vive en el istmo en donde se da la gran vida al precio de guardar silencio por los secretos que conoce y que involucrarían al ex inquilino de la Casa de Nariño y a sus secuaces.
La “Casa de Nari”
A la Casa de Nariño, durante la segunda administración uribista, se le conoció como “Casa de Nari”, después de que en abril de 2008 fue visitada, por gestión de José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, por Antonio López, alias Job, un narcoparamilitar desmovilizado, acompañado del abogado Diego Álvarez, apoderado del paramilitar y reconocido narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
En representación del Gobierno participaron Edmundo del Castillo, asesor jurídico; César Mauricio Velásquez, jefe de prensa; Martha Leal, jefe de operaciones del DAS; y Juan José Chaux, embajador y luego condenado por parapolítica. Los funcionarios gubernamentales recibieron información de la supuesta conjura de la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Al salir de la sede presidencial, alias Job conversó, vía celular, con otro narcoparamilitar y le reportó que “aquí estamos saliendo de la Casa de Nari”. Desde entonces se le dio este nombre, durante el gobierno de la época, a la flamante Casa de Nariño, convertida en epicentro de reuniones con paramilitares y mafiosos. Esta no fue la primera ni la última de las reuniones de esta índole. Aunque Job fue asesinado tres meses después de esta reunión en oscuras circunstancias.
Hubo también muchas reuniones con los directores del DAS e importantes funcionarios de inteligencia del mismo organismo secreto, de donde salieron directrices para hacerles seguimientos, chuzadas y campañas de desprestigio a magistrados, periodistas y dirigentes políticos, de las cuales fueron víctimas, entre otros, la senadora Piedad Córdoba, Alirio Uribe y Soraya Gutiérrez del Colectivo Alvear Restrepo, Claudia Julieta Duque, periodista, y el director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén, como lo reconocería Marta Leal ante los estrados judiciales, quien fue condenada a varios años de cárcel, rebajados por su colaboración eficaz con la Fiscalía General de la Nación.
La orden de seguir a Piedad Córdoba la dio el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora alegan que obedeció a razones de seguridad nacional.
La confesión de Don Berna
Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, ex jefe paramilitar y narcotraficante, ahora en una cárcel de Estados Unidos, declaró ante una comisión de fiscales de Bogotá que Bernardo Moreno conocía del plan de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia para tener acceso a los procesos e influir en las decisiones en los casos de la parapolítica. El DAS logró infiltrar agentes encubiertos que grabaron sesiones de los magistrados, colocaron dentro de la Corte a una especie de Mata Hari criolla y cooptaron a personal de servicios varios para que ingresaran grabadoras en las salas de sesiones.
Don Berna reconoció que la actividad del DAS, conocida por él, estaba orientada a perseguir y desprestigiar a los opositores de la administración Uribe Vélez. La declaración la rindió Murillo en la Corte Federal de Miami, en 2011, ante fiscales colombianos, y es de conocimiento de la Justicia de Estados Unidos. Fue grabada y luego presentada por Canal Capital y Noticias Uno.
Don Berna reconoció que los paramilitares tenían contactos con el DAS y que Jorge Noguera, primer director del organismo en el gobierno de Uribe, fue puesto allí a sabiendas de su vinculación a las AUC. Fue una especie de cuota paramilitar en el Gobierno. “Cuando fue elegido el doctor Jorge Noguera (como director del DAS), pues el comandante Jorge 40 nos comentó a la mayoría de los comandantes que había llegado a la cúpula alguien de su entera confianza y que podríamos contar con él para lo que necesitáramos”, declaró.
“Don Berna confesó a la comisión de la Fiscalía que la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Leal, se encargaba de instruir a los funcionarios del organismo de inteligencia y de brindar los equipos necesarios para chuzar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, fue el relato de un medio de comunicación.
“Además, señaló que ‘al principio de 2005 hubo una reunión en la zona de Ralito, a la que asistieron varios miembros de la cúpula del DAS, entre ellos Fernando Tabares (director de Inteligencia del DAS) y el capitán Jorge Alberto Lagos (jefe de Contrainteligencia), así como otros personajes, donde expresaron que estaban a disposición para colaborar con la organización. Por el escándalo de las ‘chuzadas’ Tabares y Lagos ya fueron condenados a ocho años de prisión’, está consignado en los informes de prensa”.
La denuncia de Semana
El escándalo de las chuzadas fue publicado por la revista Semana el 21 de febrero de 2009. A raíz de la publicación la Fiscalía actuó de oficio y el fiscal Iguarán dijo que “los hallazgos producían náuseas”. El DAS fue allanado y luego desmantelado. Muchos de los archivos de inteligencia y contrainteligencia desaparecieron. Piezas probatorias que demostraban el vínculo de la “Casa de Nari” con el paramilitarismo nunca se encontraron.
Sin embargo, muchos son los testimonios rescatados, incluyendo el testigo estrella, Rafael García, quien aportó mucha información sobre el funcionamiento del G-3, grupo de inteligencia y contrainteligencia, que dependía de forma directa del director y este del presidente de la república.
Los procesos del DAS van a ritmo muy lento. Ni siquiera Jorge Noguera, condenado por el asesinato del profesor Correa De Andreis, ni Miguel Narváez, comprometido en los asesinatos de Manuel Cepeda y de Jaime Garzón, han sido condenados por las acciones criminales de las chuzadas.
Pero lo que sí es cierto y está comprobado, es que el epicentro de la actividad sucia y delincuencial de lo que se conoce como las chuzadas fue la “Casa de Nari”, con pleno conocimiento de los principales funcionarios y del presidente Uribe Vélez a quien algunos llaman el “jefe de la banda”.
