Existen en el Gobierno y sus aliados miedo a que se sepa la verdad del conflicto armado. Recurren a prácticas que violan el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece como derecho fundamental que en este país “no habrá censura”
David Escobar
Tras la publicación del artículo “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales” (New York Times, 18/05/2019), en el que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas denunciaron tener órdenes de duplicar las bajas a cualquier costo, incluso si ello implicaba aliarse con grupos criminales (el regreso a las políticas que incentivaron las ejecuciones extrajudiciales conocidas como Falsos Positivos), el ejército colombiano inició una cacería de brujas para identificar la filtración, pues fuentes de alta confiabilidad aseguraron al diario El Espectador que el Ejército colombiano estaría interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división, para saber quién le dio la información al NY Times. Las filtraciones que recibió el NY Times también fueron entregadas previamente a la Revista Semana, la cual decidió no publicarlas, tras una comida en Palacio entre el presidente Iván Duque y los dueños de dicha revista-Gabriel Gilinski y Felipe López, después de la cual se dio la visita del saliente Secretario General de Presidencia, Jorge Mario Eastman, a la Revista Semana, en la que el funcionario supo de la investigación. El Director de dicho semanario, Alejandro Santos, familiar del ex- Presidente de Colombia, le explicó al medio La Silla Vacía en el artículo «Semana tenía la investigación del New York Times”, que Eastman fue por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa (fue viceministro de defensa de Uribe dos veces). El periodista Daniel Coronell fue despedido de la revista Semana dos días después de referirse a estos hechos en su columna “La explicación pendiente”, cuestionando el ocultamiento en estos términos:
«¿Por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero? ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las ordenes incluían la instrucción de «no exigir perfección» en el momento de efectuar operaciones militares? ¿Por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?».
A Daniel Coronell su ética y coraje profesional le ha costado su tranquilidad y la de su familia, pues tuvo que exiliarse debido a los seguimientos, chuzaDAS y amenazas de muerte contra él y su familia provenientes del computador del ex-congresista Carlos Nader Simmonds (quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, y es amigo cercano de Álvaro Uribe Vélez). Las investigaciones y denuncias que realizó durante el gobierno de Uribe Vélez, y que comprometían al gobierno colombiano, fueron el detonante de su exilio.
Los Corresponsales Nicolas Cassey (autor del artículo) y Federico Ríos del New York, tuvieron que abandonar El País, después de que la Senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, refiriéndose a dicho artículo, los señalara de ser amanuenses de FARC, poniendo en grave riesgo su vida, pues en Colombia, según el informe “TODOS LOS NOMBRES, TODOS LOS ROSTROS” de INDEPAZ y Marcha Patriótica, tras la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 133 excombatientes y 681 personas líderes sociales y defensoras de DDHH, quienes también fungían como voceros de sus comunidades. Cabal, recordada por su frase “Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”, es esposa de José Félix Lafaurie, político y actual Presidente de FEDEGAN, gremio ganadero que -según los artículos “FEDEGAN y el conflicto armado” de Razón Pública, y “Ex embajador Jorge Visbal Martelo a juicio” de Verdad Abierta-, ha sido responsable de financiar el paramilitarismo y beneficiarse con grandes extensiones de tierras despojadas. Es inquietante que en Colombia se le niegue el derecho a la información a la ciudadanía, y también que se usen mecanismos de censura indirecta o represalias contra periodistas críticos. Estos no son hechos aislados: desde hace décadas Colombia ha sido uno de los países más peligrosos para el periodismo. Hay investigaciones que dan cuenta de la sistematicidad de este fenómeno: “Un estado depredador de la Libertad de Prensa” (Fundación para la Libertad de Prensa, 2017), el informe “La Palabra y el Silencio” (CNMH, 2015), “La Prensa Silenciada” (Osuna, 2009), “La Espiral del Silencio” (Insuasti, 2018), son algunos de los títulos que recogen la mordaza impuesta por el Estado y los paramilitares durante el conflicto y hasta la fecha.
Desde el Observatorio Periodístico del Conflicto Armado nos solidarizamos con todas aquellas personas que tanto en los grandes medios, como desde los medios comunitarios, se juegan la vida en cada investigación, y están comprometidas con la verdad en cada publicación.
Existen en el Gobierno sectores que le tienen miedo a que se sepa la verdad del conflicto armado, y recurren a prácticas que violan el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece como Derecho Fundamental, que en este país “no habrá censura”. Solamente mediante una la construcción de una verdad completa de los hechos del conflicto armado, de ayer y de hoy, se podrá construir una paz estable y duradera.
