Hombres del Ejército Nacional censuran mural que se realizaba en el marco de la campaña por la verdad, emprendida por organizaciones de derechos humanos con el ánimo de visibilizar sus crímenes
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Los hechos de censura y de autoritarismo se dieron el pasado viernes en las horas de la tarde, cuando artistas grafiteros trabajaban en el montaje del mural con motivo de la impunidad de los casos de asesinatos a jóvenes, mal llamados por el gobierno, “falsos positivos”. Allí llegaron los miembros del Ejército y, sin mediar palabra, y delante de la policía, borraron parte del mural que, además de mostrar las cifras de los asesinatos en la impunidad, también daba cuenta de los militares investigados como parte de la cadena de mando de las unidades militares en los cuales ocurrieron los crímenes.
Esta información está documentada y las hojas de vida de altos mandos militares implicados se han examinado, con información verificada. El propósito de la campaña es evidenciar los vínculos que existen entre estos casos, la relación con un modus operandi del Ejército, que hoy deja 5.763 casos y que sucedieron bajo el mando de esos militares en varios lugares del país. Algunos de estos ya se han acogido a la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Rostros de la impunidad
Al parecer, a los militares no les gustó que los rostros de altos mandos aparecieran en medio de una denuncia pública, por impunidad. Los rostros que fueron borrados del mural eran los del general Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército e investigado por la Procuraduría General de la Nación, el general Adolfo León Hernández Martínez, al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, bajo las órdenes de este militar estaba el Batallón La Popa, entre diciembre de 2007 y junio de 2009 y se cometieron 23 asesinatos a civiles. En el mural también se encontraba el actual comandante de la XIII Brigada el General Marcos Pinto Lizarazo; bajo su mando en dos unidades, ocurrieron 26 casos.
En el mural, que maquetaron unos jóvenes artistas de Bogotá, también se plasman los rostros del excomandante general del Ejército Mario Montoya Uribe, quien se acogió a la JEP; bajo su mando se cometieron 2.429 asesinatos, y del General Juan Carlos Barrera Jurado, con 154 casos en distintas unidades del país.
La campaña, dentro de su componente de denuncia y sistematización de casos, realiza los murales como un ejercicio de verdad y memoria, como “Un llamado a la conciencia colectiva de lo que hay que cambiar”.
Aleyda Murillo, quien hace parte de Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, Modep, del capítulo Movice en Bogotá, comenta que: “Cuando se han hecho explícitos estos casos en donde se evidencia que hay una estructura con implicados en estas ejecuciones extrajudiciales, y al encontrarse las pruebas y al identificar que esto es sistemático, así no se haya reconocido, se muestra como en Colombia había una política de exterminar y justificar las agresiones al campo democrático y popular”.
También explica que: “El Movice, desde sus inicios, ha venido denunciando públicamente que existen crímenes de Estado, que estas situaciones no son de unas manzanas podridas en el Ejército, ni acciones de pequeños grupos disidentes, con una política de criminalidad en nuestro país y cuando estas denuncias se dan, ocurren los señalamientos o la persecución desde este tipo de organismos que también evidencian el no respeto de la libertad de expresión”, asegura la líder.
Esclarecer la verdad
¿Quién dio la orden? Esta es una de las preguntas que las víctimas se repiten a diario. Por ello el mural, que se enmarca en la campaña, se expresa como una necesidad de que el país conozca a los responsables, no solo los materiales, también los intelectuales.
En un comunicado de la campaña expresan que: “lo verdaderamente escandaloso es que estos crímenes sigan en la impunidad. Lo censurable es que haya miembros activos en las Fuerzas Militares implicados. Lo deshonroso es que el Ejército no se distancie de estos hechos”. Igualmente, hacen un llamado a las diferentes entidades, como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría: “A estar atentas a este caso de censura de la libertad de expresión. A proteger la integridad de artistas que estaban realizando el mural y a las personas integrantes de organizaciones acompañantes”.
En la opinión pública, la censura del mural ha generado, según las mismas organizaciones sociales, un gran impacto ciudadano. Pero también, ha generado una exigencia al respecto por el derecho a la expresión, a las libertades y a exigir la verdad, ya no solo desde las organizaciones, sino como un clamor social, provocado por el despertar de las acciones militares.
