Pese a las expectativas tanto en casa como en el vecindario, la visita de la CIDH tiene un enorme valor simbólico, antes que representar un poder sancionatorio frente a las reiteradas violaciones de derechos humanos en nuestro país
Alberto Acevedo
La visita que el pasado domingo inició la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo precedida de un forcejeo diplomático mediante el cual las autoridades colombianas quisieron ‘persuadir’, si no presionar al organismo para que desistiera de su visita al país. La apresurada vista de la canciller Marta Lucía Ramírez, las misiones del ahora saliente embajador Francisco Santos y la posterior llegada a Washington de una comisión parlamentaria del Centro Democrático, todas fueron gestiones que se encaminaron en esa dirección.
El peregrino argumento de la administración Duque de que era preferible esperar a que los organismos de control adelantaran sus propias investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en desarrollo del paro nacional, ‘investigación’ que por cierto podría demorarse años, chocó con una fuerte resistencia de las organizaciones sociales del país y de la comunidad internacional.
En el plano nacional, el comando nacional del paro, sectores parlamentarios, organizaciones de víctimas y movimientos sociales, la Comisión de la Verdad, que reclamó como ‘impostergable’ la necesidad del diálogo, se pronunciaron resueltamente por la llegada de la comisión.
Voces muy representativas
En el nivel internacional, muchas y muy representativas fueron las voces de organismos y personalidades que clamaron por el respeto a la vida y el derecho a la protesta, en respaldo a una eventual gestión de la CIDH y por una investigación independiente y el pronto y ejemplar castigo a los responsables de la violencia policial en desarrollo de la protesta social en Colombia.
Se destaca el reciente pronunciamiento del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien pidió respeto por la protesta pacífica en Colombia. El funcionario, quien no se reunió con la canciller Marta Lucía Ramírez, representa una corriente de pensamiento en la administración norteamericana que demanda respeto por los derechos humanos e implementación sin dilaciones del proceso de paz. Tampoco la vicepresidenta Kamala Harris aceptó reunirse con los funcionarios colombianos que visitaron recientemente Washington.
En la misma dirección se pronunció en las últimas horas la bancada parlamentaria del partido Die Linke (La Izquierda) en Alemania, voz a la que se suman la Unión Europea y otras instancias internacionales.
No juzga
Pese a las expectativas tanto en casa como en el vecindario, la visita de la CIDH tiene un enorme valor simbólico, antes que representar un poder sancionatorio frente a las reiteradas violaciones de derechos humanos en nuestro país. La CIDH no es una instancia de juzgamiento, como sí lo sería la Corte Interamericana de Justicia, organismo anexo a la OEA, y que tiene entre sus funciones asumir el conocimiento de delitos de esta naturaleza.
En otras palabras, la visita del organismo regional de derechos humanos cumple el rol de misión de observación, para luego hacer unas recomendaciones al gobierno colombiano. Esas recomendaciones, aunque no son vinculantes, sí deberían ser acogidas por un gobierno que se dice democrático.
Pero, las democracias colombianas, por naturaleza no suelen acoger las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, pese a que el estado colombiano está inserto en estos mecanismos de participación regional, denominados como el sistema interamericano.
Se suele ocultar la verdad
No es la primera vez que llega a Colombia una visita de la CIDH. Desde 1991, la comisión ha realizado siete visitas al país, dos de ellas bajo la actual administración del presidente Duque. La anterior, fue precisamente para auscultar el asesinato selectivo de líderes sociales, y como vemos hoy, las masacres y el exterminio de líderes sociales, a la que se suma la de excombatientes, siguen siendo el pan de cada día.
La primera visita del organismo de observación fue en 1980, para examinar el caso de los consejos verbales de guerra, mediante los cuales la población civil y en particular los líderes sociales, eran juzgados por cortes marciales. El 10 de diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debió llamar la atención al gobierno colombiano, por cuanto los militares hicieron todo lo posible por ocultar la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia.
Aún en estos momentos, el gobierno Duque hace malabarismos para torcerle el cuello a un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege derechos políticos tutelados por el senador Gustavo Petro, pero que hacen relación a la facultad ilegítima de organismos como la Procuraduría, de sancionar a funcionarios elegidos por el voto popular. La Corte plantea con contundencia que un funcionario elegido, por voto popular solo puede ser apartado del cargo mediante un fallo de un juez penal (no de cualquier juez) y no de un funcionario administrativo de rango inferior.
La acción de masas
“El régimen le tiene pánico a la verdad”, dice el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, en un interesante reportaje que aparece en la página 10 de esta edición. La academia ha condenado la intención del gobierno Duque de esquivar la acción de la CIDH. Se trata de “una actitud que demuestra la falta de transparencia frente al escrutinio internacional. Un Estado de derecho democrático no rechaza un acompañamiento internacional, sino que lo propicia”, dice María Clara Galvis, experta en derecho interamericano e internacional.
Tras la visita, que en general ha cumplido las expectativas, pues al cierre de esta edición la CIDH desarrollaba una agenda apretada, conociendo el testimonio de las víctimas de la represión estatal, queda esperar el paquete de recomendaciones del organismo tras valorar los testimonios.
Seguramente la observación estricta del respeto a los derechos humanos, el cese de las masacres de líderes sociales y de excombatientes, una reforma profunda a los principios que rigen a la Policía Nacional y a su organismo de muerte, el Esmad, estarán entre estas recomendaciones. Su ejecución ya dependerá de la movilización social y de la acción organizada de las masas.
