La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José sobre el caso de la Unión Patriótica, marca un punto muy alto en la denuncia de la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio político, continuado a lo largo de veinte años. Fueron asesinados más de 6.500 integrantes, activistas, lideresas y líderes. Fue gracias a la paciente y persistente labor de Reiniciar y de la Unión Patriótica que a lo largo de 30 años recogieron la documentación necesaria para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este genocidio. Son tan sólidos los testimonios de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares y tan clara la documentación para fundamentar el genocidio que ninguna argucia, ni sofisma utilizada por los defensores del Estado colombiano sirvieron para negar o minimizar los crímenes denunciados.
Los defensores del gobierno no han encontrado como justificar porque el Estado a lo largo de treinta años incumplió el mandato constitucional de evitar los crímenes, los atentados, amenazas, desapariciones de los militantes de la Unión Patriótica. Aún más grave fue el hecho que no evitó todos esos desafueros, pero tampoco los investigaron debidamente y en consecuencia los miembros de las fuerzas armadas, de la policía y otros funcionarios que participaron en esos delitos no fueron judicializados.
Este comportamiento del Estado colombiano y la cantidad de asesinados, desaparecidos y perseguidos fueron elementos decisivos para que los funcionarios de la CIDH avocaran con rapidez y la mayor eficacia la investigación de estos hechos denunciados por Reiniciar.
Los nuevos defensores del Estado colombiano inicialmente pretendieron que fuera la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP la que asumiera la investigación del genocidio presumiblemente con el apoyo de la Fiscalía General. Infortunadamente para ellos es lógico que la justicia transicional tiene objetivos diferentes relacionados con la verdad y la determinación de los responsables de crímenes cometidos por los insurgentes de la FARC firmantes del acuerdo que le dio vida a la JEP. Ante el fracaso de esta treta ahora pretenden reducir el número de las víctimas a un poco más de doscientos. Aparte de absurda, esta pretensión tiene implicaciones éticas y de humanidad ya que implica la revictimización y la indolencia ante el dolor y el abatimiento emocional de las victimas sobrevivientes y de los familiares de los asesinados.
La persistencia durante tantos años del Estado colombiano en su intención de negar su responsabilidad en los intentos de aniquilar a la organización política Unión Patriótica identifica la naturaleza no solo criminal de la burguesía colombiana sino también su carencia de autocrítica y de vocación democrática y voluntad de acatar las leyes y la constitución elaborada por esta clase como un intento de simular democracia y legitimidad. Infortunadamente para ellos la verdad, aunque se trate de sepultar con un gran acumulado de mentiras siempre termina resplandeciendo. La verdad del genocidio es la que ha brillado ante la inteligencia y la conciencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón vinieron a Colombia a agotar la parte final del juicio al Estado colombiano que estamos seguros será ejemplarmente condenado.
Todo lo anterior exige destacar la extraordinaria gesta librada por las víctimas, los partidos perseguidos, las organizaciones de derechos humanos contra la impunidad. El Acuerdo final de paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, SIVJRGNR, gestaron un contundente cuestionamiento del Estado como generador de violencia y exterminio de las organizaciones progresistas y democráticas. Infortunadamente, la impunidad de los delitos cometidos por el Estado se convirtió en espacio abonado para que nuevas fuerzas surgieran en el ámbito nacional que en estos momentos reeditan asesinatos, masacres, incrementan los feminicidios e incluso están asesinando a líderes sociales y a defensores de las áreas protegidas de la naturaleza. Este hecho exige la condena del Estado colombiano por parte de la CIDH para que se convierta en factor disuasor de las acciones que los nuevos agentes de la criminalidad están llevando a cabo.
Al condenar la CIDH al Estado colombiano contribuye con el proyecto político del llamado Pacto Histórico que tiene entre uno de sus objetivos crear condiciones para eliminar a los paramilitares, la violencia de los narcotraficantes, el feminicidio, las desapariciones y los desplazamientos en las áreas rurales de Colombia. Además, la CIDH con su condena puede contribuir a la no repetición del genocidio de un grupo político. La CIDH con su fallo va a contribuir a que se instale en el país un régimen efectivamente democrático, garante de libertades y derechos y generador de inclusión, de vigencia de los derechos humanos y de rescate de la soberanía nacional.
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