La corrupción es mayor en la esfera privada que en la pública
Milton Henao – Telesur especial para VOZ
La corrupción ha sido un fenómeno que ha permeado todas las esferas de la sociedad Colombiana. En la mayoría de los casos se le ha endilgado a las instituciones y funcionarios públicos ese flagelo. Sin embargo, en el sector privado el panorama es mucho más grave de lo que se cree.
Aunque la atención de los colombianos siempre está puesta en los casos que se han presentado en el sector público, en el ámbito privado la corrupción deja pérdidas por un valor cercano a los 55 billones pesos.
Los actos de corrupción revelados en el caso Odebrech son un ejemplo de ello y aunque los involucrados en su mayoría son funcionarios públicos, todo ese capítulo que hoy se revela en América Latina, tiene como raíz la empresa privada.
La pésima herencia de la Apertura Económica.
La Apertura Económica desarrollada en Colombia en los años noventa y el modelo neoliberal profundizó la idea de que lo público no sólo era ineficiente, también corrupto y que la privatización de las empresas era el camino para eliminar estas prácticas.
El economista Mario Valencia sostiene que “hay suficiente evidencia para demostrar que no se cumplió ese objetivo y de que no se trataba si era el Estado o era el mercado, el que tenía que resolver ese flagelo”
Los ejemplos de empresas públicas privatizadas bajo esta premisa son varias. La empresa de telecomunicaciones del país Telecom, vendida la Española Telefónica, Ecogas, Carbocol, hoy El Cerrejón Zona Norte, El Servicio Aéreo de Transporte Nacionales, Satena, entre otras.
Para Valencia “se trataba de instituciones fuertes, de políticas económicas acertadas que tuvieran como objetivo el desarrollo y el bienestar del país”. Pero, como reza el adagio popular, el remedio resultó peor que la enfermedad.
En la actualidad y ante el evidente fracaso del modelo neoliberal que prometió desarrollo económico, el concepto ha cambiado y ya no se alude a la ineficiencia de las empresas, sino al déficit fiscal que asciende a 30 billones de pesos anuales y la necesidad de vender los activos del Estado como una forma de sanear las finanzas públicas. Déficit además, causado por la misma corrupción.
Bajo este nuevo enfoque, se vendieron recientemente empresas como Isagen, la principal generadora de energía del país y un poco antes la Empresa Nacional de Petróleos, Ecopetrol.
El Soborno Empresarial
Las modalidades utilizadas por el sector privado a la hora de fomentar y cometer actos de corrupción son varias. Una de ellas es el soborno a través del denominado y popular diezmo. Una encuesta realizada por la ONG Transparencia por Colombia reveló que el 90% de los empresarios consultados reconocen que ofrecen sobornos para acceder a contratos y negocios.
Para su directora Marcela Restrepo “todas las mediciones dan cuenta de que en Colombia se utiliza el soborno para acceder a los negocios. Quiere decir que es una práctica extendida y casi que considerada normal”
Los empresarios sostienen, según el estudio que “sino se paga soborno, se pierde el negocio” inclusoantes “se ofrecía el 10% del contrato. En la nueva encuesta el soborno pasa del 17%” sostiene Restrepo.
La Financiación de Campañas Políticas
Aunque financiar un candidato que desee aspirar a cualquier corporación pública no es ilegal y además un derecho ciudadano, esta es una de las prácticas a la que más recurren los empresarios para invertir y luego multiplicar sus ingresos a través de contratos con el Estado.
De esta manera “el sector privado financia candidatos con la intención de que cuando ganen, los contratos, las obras y las demás cosas que vayan a hacer en términos de la ejecución del presupuesto, como autoridad pública, beneficien a determinados contratistas” aseguran los investigadores de Transparencia por Colombia.
Los presuntos dineros que habrían entrado de la multinacional Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos y a la campaña del ex candidato Óscar Iván Zuluaga, son el ejemplo más cercano de la financiación irregular de campañas políticas.
La Evasión
Se ha demostrado suficientemente que la evasión de impuestos es una de las principales contribuciones al déficit fiscal que se registra en Colombia. Las empresas del sector privado son una de las principales fuentes.
Las modalidades son varias. Estas pasan por no declarar los ingresos reales, utilizar testaferros a quienes les registran sus activos e ingresos. Así mismo, la conformación de supuestas fundaciones sin ánimo de lucro y el cambio constante de la razón social de la empresa.
Pero el caso más grave que se presenta es el registro de compañías y activos en países donde no se pagan impuestos y existen paraísos fiscales, pese a que las ganancias producto de la actividad comercial de dichas empresas, se obtienen en Colombia.
De acuerdo a lo expresado por el economista Mario Valencia “la totalidad de los minerales y el petróleo que exporta el país, se hace a través de paraísos fiscales. Muchas empresas también están registradas en esos paraísos para tener mayor opacidad y que los órganos de control no puedan tener acceso a esa información de manera fácil y cobrarles impuestos”
Por cuenta de esta última modalidad de evasión, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, las pérdidas ascienden a unos 100 mil millones de dólares al año.
Sin embargo y pese a esta realidad diversos sectores cuestionan por qué la Dian no hace un control efectivo de esa evasión. ¿No se puede? ¿O no se quiere? Es la pregunta que se hacen los colombianos frente a una entidad que también ha sido objeto de diversos cuestionamientos ante los actos de corrupción protagonizados por algunos de sus funcionarios
Ante esta realidad de la evasión y las situaciones referidas, quisimos consultar a algún funcionario de la entidad para conocer su versión, pero no hubo una respuesta a la entrevista solicitada por este servidor.
El Cabildeo.
Otra de las estrategias de los empresarios que podría considerarse como un acto de corrupción es elcabildeo o el loby. El objetivo de este modus operandi es tratar de impulsar leyes que beneficien a sus empresas o impedir las que puedan afectarlas.
De esta manera los lobistas abundan en El Congreso y permanecen allí en función de “promover leyes o impedir que salgan otras que puedan lesionar intereses particulares, así dichas leyes vayan a beneficiar intereses colectivos” asegura la directora de Transparencia por Colombia Marcela Restrepo.
Sucedió recientemente con la Reforma Tributaria aprobada en el legislativo y el sector azucarero, que logró mover todas las influencias posibles para evitar que se gravara con más impuestos a las bebidas azucaradas. Un impuesto que posiblemente hubiese podido reducir el consumo de dichas bebidas y en consecuencia disminuir la demanda de azúcar y desde luego las ventas de los empresarios.
Pese a lo perjudicial que resulta esta práctica para la democracia, desde el punto devista jurídico no es ilegal, aunque por lo menos si falto deética. La realidad es que los lobistas están a la orden del día en el Congreso colombiano, así comolas prebendas y las dádivas que se ofrecen por parte de empresarios sin que se haga algún control de los organismos encargados.
La Cartelización.
Finalmente en el escalafón de las prácticas corruptas del sector privado encontramos la cartelización. Se trata de un acuerdo entre empresarios para fijar precios elevados a ciertos productos de consumo masivo, de primera necesidad y de la Canasta Familiar, afectando directamente al consumidor.
Los ejemplos más recientes pasan por varias empresas que lograron ponerse de acuerdo para subir los precios de los pañales desechables, los útiles escolares, y el papel higiénico. Uno de los casos más sonados fue el Cartel del Azúcar, protagonizado por varios ingenios azucareros del país.
Por este caso la Superintendencia deIndustria y Comercio impuso multas por un valor de $ 324.441 millones de pesos a 12 ingenios azucareros ubicados en su gran mayoría en los departamentos de Valle y Cauca.
La actualidad para Colombia en materia de corrupción no puede ser peor. El más reciente escalafón sobre el índice de percepción de este flagelo divulgado por Transparencia Internacional ubicó al país en el puesto 90 entre 176 naciones agremiadas.
@MiltonteleSUR
