En una paradoja de la política, se libra orden de captura contra uno de los principales defensores de derechos humanos de los pueblos de América Latina y del Ecuador
Alberto Acevedo
En una controvertida decisión judicial, que ha polarizado a la sociedad ecuatoriana y ha provocado las primeras movilizaciones en defensa del expresidente Rafael Correa, la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia dictó el pasado 3 de julio una orden de prisión preventiva contra Correa y solicitó a la Interpol emitir una orden de alerta roja para localizar y extraditar al exmandatario.
Las acusaciones y pruebas que soportan el proceso son, básicamente, las afirmaciones de un informante, que busca beneficios penales con una declaración temeraria, las declaraciones de un oscuro personaje, que acusa a Correa de que intentó secuestrarlo mientras residía en Bogotá, y un libreto elaborado por los servicios colombianos de inteligencia militar.
Es decir, estamos ante un nuevo juicio político, espurio, similar al que en Brasil se adelanta contra el expresidente Lula, o los que intentan armarse en otros países del continente contra gobernantes o exmandatarios de izquierda o progresistas. Razón le asiste al expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano, último secretario general de Unasur, al referirse a la acusación contra Correa: “La judicialización de la política comienza a destruir los líderes progresistas de América Latina. Primero fue Lula, que es el preso político más importante del hemisferio. Ahora es Rafael Correa. A eso le llaman juego sucio”.
Secuestro frustrado
De acuerdo a las experticias judiciales, a Correa se le acusa de los delitos de asociación ilícita y secuestro, de conformidad con los cargos presentados contra él por el exparlamentario y antiguo militante de Alianza País, Fernando Balda.
El hilo criminal de la acusación, indica que Balda, estando viviendo con su familia en el barrio Modelia de Bogotá, en la noche del 13 de agosto de 2012 fue secuestrado en el norte de la ciudad por un grupo de seis personas que se movilizaban en un automotor. Testigos que vieron el hecho informaron a la policía, que inició la persecución de los delincuentes y frustró el delito.
Balda se había refugiado en Colombia para escapar a varios procesos penales en su contra por diferentes delitos. Tras una efímera militancia en el partido de Rafael Correa, abandonó la organización, ingresó a un movimiento denominado Sociedad Patriótica, y después se convirtió en un enconado enemigo de Correa.
Una farsa
Al producirse la captura de los secuestradores, se encontró que la camioneta en la que se cometió el frustrado delito fue arrendada por Raúl Chicaiza, un ecuatoriano que, junto a dos compatriotas, habían viajado a Bogotá a participar en un evento de la Fundación Internacionalismo Democrático, que preside Álvaro Uribe Vélez. Y pese a que el modus operandi del ilícito indica que fue cometido por sus compinches, seguramente por diferencias entre ellos, Balda, al regresar al su país pidió ser tenido en cuenta en el proceso penal como acusador de Rafael Correa.
Semejante trama le ha servido de argumento al expresidente ecuatoriano para afirmar, en un mensaje de tuiter, que se encuentra ante una “farsa internacional”, destinada al fracaso. “Estamos ante la violación del debido proceso, esta audiencia es ilegal, inconstitucional, usted demuestra su falta de imparcialidad”, le dijo el mandatario a su juzgadora.
En un mensaje posterior, dijo Correa: “yo estoy bien. No se preocupen. Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica” (donde reside con su familia), señaló. Por su parte el exvicecanciller Kintto Lucas, calificó como “vergonzoso” el proceso contra Correa, “porque no hay pruebas de que el expresidente haya sido el que dio la orden del supuesto secuestro y además hay que ver los vínculos que tenía (el secuestrado) con Álvaro Uribe”.
Redistribución de la riqueza
Lo paradójico en este proceso es que se libra una orden de captura contra uno de los principales defensores de derechos humanos de los pueblos de América Latina y del Ecuador. Las líneas del proceso penal destilan odio contra Rafael Correa. Los círculos burgueses de su país (y no se excluye al presidente Lenín Moreno) no le perdonan la obra social que desarrolló durante el decenio de su mandato, que le restó oportunidades a esos sectores poderosos, de embolsillarse la plata del erario público.
De acuerdo a estudios del Banco Mundial, en el año 2000, cuando inició su gestión Correa, el 64 por ciento de los ecuatorianos vivía en situación de pobreza. En un decenio, redujo ese índice al 21 por ciento. Más de seis millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. Correa reestructuró el sistema tributario y ese dinero lo distribuyó a familias pobres, mediante políticas sociales. Un ejemplo de democracia económica en tiempos de recesión mundial.
