El país sufre desabastecimiento de agua potable, aunque está ubicado sobre una gran fuente de agua dulce y las reservas son usadas por empresas trasnacionales
Germán Ávila
La cobertura de servicios públicos básicos en Uruguay es superior al 90%, lo que ha sido posible por una geografía relativamente plana, pero principalmente por una arraigada cultura estatalista.
A pesar de esto, en cuestión de meses Uruguay pasó de estar a la delantera en servicios públicos en Latinoamérica, a que Montevideo sea una de las primeras capitales de países con renta media – alta en tener serias dificultades en el suministro de agua para sus habitantes.
La semana pasada, los registros de almacenamiento para el suministro de agua estaban por debajo del 2% y había reportes de barrios con cortes reiterados en el servicio.
La situación empezó a hacerse pública en febrero pasado, cuando el bajo nivel de lluvias -que completó el tercer año por debajo de las cotas esperadas, llamó la atención de las autoridades del gobierno anterior que declararon en los medios nacionales sobre el bajo nivel de la represa Paso Severino, encargada de llevar el agua potable a la gran mayoría de la zona metropolitana, donde se concentra cerca del 50% de la población, un millón y medio de personas.
Algunas advertencias
La paradoja está en que Uruguay es un país con una enorme potencia hídrica, porque se encuentra asentado sobre once acuíferos, de los cuales dos son de gran dimensión y uno de ellos es considerado una de las mayores reservas de agua dulce del mundo: el Acuífero Guaraní.
En 2010, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro en un artículo en el diario La República señaló la fragilidad del sistema que abastece de agua potable a la zona metropolitana. En principio, las reflexiones de Fernández iban dirigidas al hecho de que el Arroyo Santa Lucía, única fuente de alimentación del embalse Paso Severino, podría sufrir serios cambios en su caudal, debido a la deforestación y lo que en aquellos años se dibujaba como un inminente proceso de cambio climático.
Posteriormente, en 2013 y 2015, Fernández nuevamente llamó la atención sobre el hecho de tener una única fuente de suministro de agua para la zona comprendida por los departamentos de Montevideo y Canelones, donde se asienta la mayor parte de la población del Uruguay.
A partir de las anteriores recomendaciones, el último gobierno de Tabaré Vázquez emprendió la tarea de generar un proyecto de fortalecimiento del suministro de agua a partir de la construcción de una represa en el río Casupá, que serviría como respaldo a la principal en Paso Severino.
De esta forma, el 23 de diciembre de 2019 el presidente Vázquez anunció la instalación de la represa y la planta para el tratamiento de lodo, e informó que el financiamiento para dicho proyecto sería a partir de Rentas Generales.
Cambio de gobierno
Para ese momento ya estaba claro que el Frente Amplio no continuaría en el gobierno, pues en noviembre la segunda ronda electoral había definido como nuevo presidente a Luis Lacalle Pou, quien por estrecho margen logró que una alianza electoral de partidos tradicionales y neoconservadores venciera al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.
En los meses de empalme se sabe que Tabaré entregó al nuevo gabinete con especial atención este proyecto que ya se encontraba listo para iniciar. Sin embargo, fue archivado y pocos meses después el nuevo gobierno cambió la matriz anunciando el Proyecto Neptuno, que a diferencia de Casupá 100% estatal, sería una iniciativa privada con participación pública.
La principal variación en la orientación del proyecto no solo estuvo en su base administrativa, sino en su orientación técnica, ya que no tomaba el agua desde una fuente de agua continental (dulce por definición) sino desde el Río de la Plata.
De acuerdo con Ernesto Agazzi, exministro de Agricultura, docente universitario y una de las mayores autoridades del país en el tema, el agua del Río de la Plata es de un tipo llamado “de transición” ya que mezcla el agua dulce proveniente de los ríos Paraná y Uruguay con el agua salada del océano Atlántico, lo que la convierte en un tipo particular de agua, cuyos niveles de salinidad no son constantes, sino que dependen de muchos factores.
Recortes presupuestales
Con el correr del tiempo, el Proyecto Neptuno tuvo importantes variaciones técnicas que fueron desde incluir una potente desalinizadora hasta tener en cuenta las diferencias de altura entre el lugar de la toma del agua y el lugar de almacenamiento, ya que a diferencia de la mayoría de los proyectos de almacenamiento hídrico que funcionan por gravedad, en este caso el agua debía ser bombeada en sentido contrario.
Mientras todo esto ocurría, el nivel de lluvias siguió siendo particularmente bajo y el verano 2023 llegó con altas temperatura y pocas lluvias, lo que aceleró la baja en el caudal del Arroyo Santa Lucía y, por consiguiente, en el nivel de Paso Severino.
Lo que continuó desde febrero ha estado en el ámbito de la gestión de la crisis, ya que la empresa Obras Sanitarias del Estado, OSE, ha sufrido recortes presupuestales que se han visto reflejados en la escasa mano de obra para atender las fugas de agua en el área metropolitana, que ha llegado hasta el 40% del agua potable de la ciudad, según el sindicato de OSE.
Posteriormente y ante la persistencia de la sequía, el Gobierno nacional anunció que el agua se mezclaría con una toma que traería agua desde el Río de la Plata, lo que aumentó la salinidad, no sin antes modificar la normativa que desde el Ministerio de Salud regula los niveles permitidos de sodio y cloruros, y se produjo el debate sobre la calidad del agua para la población, ya que desde el Gobierno se diferenció el agua “potable” del agua “bebible”.
Sequía y saqueo
Finalmente, los niveles de salinidad aceptables debieron ser modificados nuevamente, porque la gran apuesta gubernamental no ha sido para generar soluciones técnicas macro, sino paliar la crisis con medidas administrativas y esperar a que llueva, lo que según expertos, pasará posiblemente hasta agosto cuando haya terminado el fenómeno de El Niño.
En este momento la situación es crítica y ya el agua no solamente no es potable, ni bebible, sino que no se recomienda su uso para aseo personal, porque ha aumentado peligrosamente el nivel de trihalometanos, cuyos gases son peligrosos en exposición por tiempos prolongados. El gobierno sugirió tomar “duchas cortas”.
La situación ha llegado a tal nivel que hay otros sectores inesperadamente afectados, como el de la construcción, pues la Sociedad de Arquitectos ha llamado la atención en el hecho de que la mezcla de concreto hecha con el agua disponible ya no es segura para estos usos.
De otro lado, se ha señalado que grandes empresas asentadas en Uruguay como UPM Bioforce cuyo fin es el procesamiento de pasta de celulosa a gran escala, un datacenter gigante de Google y una planta alemana para la generación de oxígeno verde, por separado consumen más agua potable por día de la que necesita toda la población para su consumo, y gratis, ya que no hay una regulación impositiva en ese sentido.
En esta dirección, la población ha hecho pequeñas protestas, mientras la declaratoria de crisis hídrica sigue resolviendo el día a día con medidas como retirar los impuestos del agua embotellada, mientras la población hipertensa, con dificultades cardiacas, maternal y en vulnerabilidad continúa siendo la más afectada y la población en general va viendo día a día cómo el agua que sale por las tuberías va perdiendo calidad.
