Carlos Marx descubrió que la historia de la humanidad en las sociedades de clases es la historia de la lucha de clases. Son las contradicciones que en la época actual enfrentan al capital y al trabajo. Ellas se sustentan en la estructura económica de la sociedad y es la base sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Obedece a evidentes intereses de clase. De tal manera que en el capitalismo las crisis, inclusive coyunturales, son reflejo de la crisis sistémica, del desorden social que se deriva de los abusos del capital.
En estas condiciones, no es posible entender la crisis actual de la justicia sin analizar la crisis estructural del país, con mayor razón cuando en los tiempos de la política neoliberal se deshumaniza más el capital y se imponen el absoluto individualismo y el rentismo que elimina la ética y la moral de toda consideración.
Por supuesto que hay una crisis profunda de la justicia, caracterizada por la corrupción que invade al sistema. Pero no se puede resolver al margen de la crisis estructural, más allá del justo castigo que merecen los magistrados, jueces, fiscales y funcionarios corruptos. Creer que se puede hacer con paños tibios como lo propone el procurador Fernando Carrillo, es una total ingenuidad o un sofisma de distracción de quien no ve los fenómenos que agobian a la sociedad en la Colombia de hoy. Son reformas cosméticas las que propone. La justicia como la economía, la educación, la cultura y el orden social, requieren cambios profundos como quedó demostrado con el poderoso impacto del Acuerdo Final de La Habana, que abrió el camino hacia reformas mayores en el campo político y social, más allá de las acordadas entre las FARC y el Gobierno Nacional.
Por supuesto que reconocemos la crisis de la justicia. No es nueva. Siempre se ha dicho que en Colombia “la justicia es para los de ruana”. Mientras los señorones de cuello blanco reciben el trato suave y generoso de la justicia de clase, un humilde ciudadano que roba por necesidad, por física hambre, recibe todo el peso de la ley y ni pensar que sea favorecido con detención domiciliaria, como es el trato que recibe, por ejemplo, Zulema Jatin, procesada por parapolítica y otros graves delitos, para citar un caso. La justicia fue permeada en la década de los años 80 por los carteles del narcotráfico y en el último tiempo la infiltró el paramilitarismo, al fin y al cabo una política del Estado burgués.
Estamos por las investigaciones y sanciones a los funcionarios corruptos. No solo del poder judicial sino también del ejecutivo y el legislativo, donde abundan la ignominia y la impunidad. Magistrados, jueces, abogados, funcionarios deben responder por sus delitos. Pero el problema es más grave. El país no aguanta más corrupción en todos los niveles y poderes del Estado y de la empresa privada, que también integra a los dueños del capital y del país.
El Acuerdo Final de La Habana recogió varios asuntos que están en el origen del conflicto, pero dejó en claro que hay una suma de problemas que tienen que ver con el modelo económico y el comportamiento de quienes detentan el statu quo. Puso al descubierto graves situaciones que deben resolverse para que la paz sea estable y duradera.
Hay que resolver de raíz la crisis estructural del país. Se requieren reformas políticas y sociales de fondo que garanticen la democratización y el goce de las libertades y un mejor orden social, que no resuelven el problema del poder para la transformación de la sociedad pero sí contribuye a avanzar en esa dirección revolucionaria. Es un debate que coloca en primer plano la necesidad en el mediano plazo de la Asamblea Nacional Constituyente que aborde no solo el tema de la justicia sino de todos los desajustes de la sociedad colombiana, un poder constituyente global, que produzca importantes cambios democráticos, sociales, culturales y humanísticos.
Es el desafío de las fuerzas de izquierda y sectores democráticos, que en la actual coyuntura de crisis profunda, deben asumir con firmeza la defensa del Acuerdo de La Habana y promover cambios de fondo en la vida nacional. La Constituyente es una necesidad para el futuro de la patria. Debe ser parte de un proyecto democrático y unitario.
