Si algo ha marcado la actual campaña electoral de la derecha colombiana ha sido su carencia de propuestas sensatas para tratar de resolver los problemas que nos afectan. Y el pueblo exige soluciones a la crisis social y política en que el neoliberalismo y la corrupción han sumido al país.
En tanto la burguesía, sus alfiles del uribismo y las demás fuerzas políticas tradicionales, han ligado su existencia a una agenda aperturista y basada en el saqueo de los recursos públicos, no tienen ningún interés en cambiarla porque la situación les favorece.
Por eso, para tratar de cerrarle el paso al Pacto Histórico, han armado la candidatura de “Fico”. Sin embargo, a pesar de los ingentes recursos económicos y del apoyo irrestricto de buena parte de la gran prensa, el exalcalde de Medellín, recordado por sus cordiales relaciones con narcotraficantes y paramilitares, no ha logrado concitar el apoyo de la burguesía.
En cambio, el Pacto Histórico sigue acumulando apoyos en torno a un programa que responde a las necesidades de la mayoría del pueblo, además, plantea una política que garantiza la apertura democrática y la paz. Tal situación perfila la posibilidad de convertir esta convergencia electoral en un frente amplio que realice los cambios necesarios para orientar al país por un sendero que garantice democracia, convivencia y un desarrollo económico que beneficien no solo al empresariado sino a todas las clases sociales del país.
Por esas razones, la ultraderecha percibe la posibilidad de perder el poder que ha usufructuado durante muchos años. El temor a seguir usufrutuando los beneficios del gobierno es debido al crecimiento del Pacto Histórico que ha sabido sintonizarse con los intereses y exigencias de la gran movilización social. Desde 2018 se puede observar una mayor integración a la política de sectores sociales, incluida la juventud que habían sido apáticos.
Los paros de 2019 y 2021 fueron el momento en que las movilizaciones y la orientación el Partido Comunista, la Unión Patriótica, Colombia Humana, el sindicalismo, entre otros, contribuyeron a elevar el nivel de consciencia de las masas con lo cual potenciaron su accionar; esto se manifestó en los resultados electorales de marzo.
Por eso, las fuerzas reaccionarias han comenzado a desplegar todas sus artimañas, no solo en su campaña, sino incluso para afrontar su segura derrota. Y es en este escenario que la burguesía parece que una vez más quiere convertir en idiotas útiles a los militares. Como ha sucedido en los últimos años es el uribismo el que toma la iniciativa para preparar las condiciones que les permitan propiciar un golpe de Estado.
Para lograr este objetivo el Centro Democrático ha configurado una cúpula militar afecta a la doctrina del enemigo interno y obsecuente receptor del discurso guerrerista de esta agrupación política. El giro se expresó cruelmente en los bombardeos de Caquetá y Guaviare en 2018 y 2019. De ahí en adelante hemos visto el retorno de masacres y de la práctica de los mal llamados “falsos positivos”; y todo ello mientras se mantiene el extermino de los excombatientes firmantes de la paz y los líderes sociales.
El ejecutor de esta maniobra fue el presidente Iván Duque quien, sin ningún escrúpulo, violando la normatividad del Ejército desplazaron a la oficialidad que en la última década comenzaba a observar respeto a la institucionalidad democrática, respetar los derechos humanos y defender la soberanía nacional desoyendo el canto de sirenas del militarismo norteamericano.
Tal situación la dejó en claro el coronel Pedro Javier Rojas, director de doctrina militar del Ejército, quien decidió terminar su carrera de 33 años argumentando la pérdida de confianza en el alto mando. En su carta de renuncia, Rojas señaló que la doctrina Damasco, concebida en 2011 para modernizar las fuerzas armadas, está siendo politizada, e incluso denuncia que una parte de la oficialidad quiere eliminarla, pues la considera resultado del Acuerdo de Paz.
Esto, afirma el coronel, sería un golpe duro a la orientación de formar militares comprometidos en el acatamiento a las disposiciones constitucionales que determinan la defensa de los derechos humanos.
Esta nueva cúpula militar conforme avanza la campaña presidencial, estimula una mayor beligerancia de los miembros de las fuerzas armadas. La ultraderecha ha sabido exacerbar los ánimos entre los miembros activos de la fuerza pública, así como entre los reservistas del ejército y la policía, muchos de los cuales no dudan en llamar a votar por Gutiérrez.
Por eso comienzan a oírse nuevamente los ilegítimos sonidos de los sables, como en Cali hace un par de semanas, cuando en un evento de seguidores de Gutiérrez, se hizo un llamado a armarse el 29 de mayo para preparase ante cualquier el resultado electoral que no sea conveniente para el país.
Ante la posibilidad que las fuerzas regresivas propicien un golpe de Estado, es urgente que las fuerzas políticas partidarias de la democracia llamen a los militares a que acaten la Constitución y así eviten que el país caiga en el caos y la disolución social. Las fuerzas políticas progresistas con su decidida acción deben garantizar la legalidad y la institucionalidad y la paz del país.
