El pasado 3 de diciembre se celebró en Venezuela el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Se trata de un territorio y mar que Inglaterra ambicionó desde el Siglo XIX y que Estados Unidos ha incorporado en el eje de la doctrina Monroe. En la actualidad hay fuertes intereses de las trasnacionales del petróleo
Irene León – Telesur
Un aire de bonanza ha empinado las proyecciones de la corporación ExxonMobil, que obtuvo en 2022 cerca de 414 mil millones de dólares, ingresos inéditos en su historia, que representan 44.8 por ciento más que el año precedente y un incremento gigantesco si se compara con su crisis de 2020.
Asimismo, de la mano de esa corporación estadunidense, se dice que Guyana podría convertirse “en el país que produce más barriles de petróleo por habitante en el mundo, superando a Kuwait, en ese caso, al medir la riqueza per cápita de sus 800 mil habitantes, pasaría a ser un país rico, pues en 2021 su PIB se incrementó en 57.8 por ciento y en 2022 en 37.2 por ciento”.
No obstante, en ambos casos, la bonanza proviene principalmente de la explotación petrolera y gasífera que esa corporación y el país han activado en la región esequiba en controversia e incluso en aguas venezolanas. Se trata de un territorio y mar que Inglaterra ambicionó desde el Siglo XIX, ulteriormente Estados Unidos lo colocó en el eje de la doctrina Monroe y ahora está desplegando una embestida conjunta con sus corporaciones, buscando legitimar una situación de ‘hechos consumados’ que se ha intensificado desde 2015.
La pobreza del pueblo guyanés
Se trata de una incursión multiforme, pero con la modalidad invariable de “licencias” otorgadas por Guyana, principalmente a la corporación estadounidense ExxonMobil, pero también a la Chevron, que registra igualmente importantes ingresos por esa arremetida. Otras corporaciones como la española Repsol o la británica Tullow, reportan pingües réditos por proyectos upstream en el Alto Esequibo.
Con las facilidades otorgadas por la liberalización económica, las corporaciones privadas han multiplicado sus dividendos, es más, además de la conocida habilidad de las transnacionales para eludir la fiscalidad de los países, estos terminan ‘indemnizándolas’ a través de exenciones adicionales en zonas francas, de modo que las corporaciones recuperan su inversión en menos de cinco años y pasan a percibir ganancias netas, por lo general, de hasta 80 por ciento de los beneficios, mientras los países productores apenas colectan el saldo.
En el caso de Guyana, apenas 25 por ciento de los beneficios se quedan en el país y se evidencia una irrisoria redistribución de ese ingreso, al punto que en 2019 su índice de desarrollo humano fue el más bajo de Sudamérica, a la vez, la pobreza extrema atañe al 35.1 por ciento de la población, mientas el índice de emigración alcanza un 55 por ciento y hasta el 80 por ciento de personas con estudios superiores vive fuera del país.
Los intereses de la ExxonMobil
En esas condiciones, la ExxonMobil ha llegado a asumir como propio el litigio territorial que Guyana mantiene con Venezuela y también con Surinam, pues en el primer caso, una política energética soberana obliga al Estado a operar en función del bien común y no con base a los intereses corporativos. Eso explica la movilización comunicacional, jurídica y política que posiciona la entelequia de que Venezuela quiere confiscar hasta dos tercios del territorio guyanés.
Las cosas han ido tan lejos, en el posicionamiento de ese relato, que Guyana ha acudido a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, para deslindarse del reconocimiento de la controversia limítrofe existente y eludir el imperativo del consentimiento de ambas partes para delinear los mecanismos de resolución, como está consignado en el Acuerdo de Ginebra, al contrario, sustenta la vigencia del ‘Laudo de París’ ─1899─, impulsado por William McKinley, presidente estadounidense de la época, sin la participación de Venezuela.
Por su parte, Venezuela aduce que este no es solo un asunto de soberanía nacional y energética, sino una problemática que atañe a la geopolítica regional, toda vez que involucra de modo directo la pretensión de hacer prevalecer los intereses corporativos frente a la certificación histórica de un Estado.
La ExxonMobil, corporación emblemática de Estados Unidos, con los ojos puestos en unas reservas de unos 11.000 millones de barriles de petróleo, abundante gas y ecosistemas con alta proyección para la producción de energías limpias, ha asumido como suya la estrategia de judicialización que ha emprendido, entre las evidencias figura el pago de unos quince millones de dólares para la defensa jurídica de Guyana.
Es un caso de interés regional, entre otros, porque pone en evidencia los escenarios de disputa entre la tesis del poder corporativo: el “orden internacional basado en normas” frente a la legislación internacional y la legitimidad histórica, de cuya fuente Venezuela sustenta su defensa.
Estados Unidos, perdón Guyana, está llevando esta decisión a un escenario de hechos consumados y no a la resolución de derecho internacional, a sabiendas de que en los llamados tribunales de arbitraje, que son instancias creadas por las corporaciones para presionar a los Estados, las corporaciones ganan el 90 por ciento de veces. Según el historiador venezolano, Omar Hurtado, en 1899, el arbitraje se hizo entre potencias, sin Venezuela. Y sin Venezuela, el Laudo de París otorgó a Gran Bretaña ─ahora Guyana─ el 90 por ciento del territorio en disputa, sin la concurrencia de elementos jurídicos probatorios.
Una “nueva” geopolítica petrolera
Proyecciones empresariales especializadas hablan de una nueva geopolítica petrolera para 2028, en cuya cúspide figuran: Brasil ─Presal─, Guyana ─Esequibo─ y Argentina ─Vaca Muerta─ en ese orden, a la vez que vaticinan un relegamiento de México, Venezuela, Ecuador y Colombia, aduciendo la disminución de su producción, como también la gestión a través de empresas públicas comprometidas con la economía nacional y no con una transnacionalización apátrida en beneficio de las corporaciones. En todos los casos, el epicentro de esa prospectiva petrolera es Latinoamérica y el Caribe.
El historiador Pedro Calzadilla interrelaciona el laudo arbitral de París ─1899─ con el despunte de la aplicación concreta de la doctrina Monroe ─1823─, en tanto la fórmula del laudo arbitral y la demostración de fuerza militar estadounidense no solo marcó la exclusión de Europa, sino que definió la zona hemisférica que Estados Unidos considera hasta ahora como su área de influencia.
Este enfoque del hecho es muy relevante ahora, cuando se evidencia la maduración de la interrelación entre el poder corporativo y el proyecto militar de Estados Unidos, que actúan como articuladores del proyecto de restauración del capitalismo.
Justamente, en el caso de la Guayana Esequiba, la ExxonMobil entra sin mediaciones en la disputa territorial, además, la arremetida iniciada en 2015 coincide con una ofensiva de presiones económicas, principalmente la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos inflige a Venezuela.
La ExxonMobil es muy conocida como autora de los más emblemáticos desastres ecológicos, por su postura negacionista del cambio climático e incluso por acusaciones de manipular informaciones sobre riesgos climáticos y afectar a inversionistas. Pero también ha sido denunciada por tener una relación privilegiada con el gobierno.
Según el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, “la historia de esta corporación petrolera que forma parte del Complejo Militar Industrial Financiero y Comunicacional norteamericano, es una historia que está cargada del despojo, evasión de impuestos, la injerencia, las agresiones al medio ambiente y las violaciones sistemáticas del derecho internacional, además está íntimamente ligada al Departamento de Estado y los sectores de ultraderecha norteamericana”.
Ese es el perfil del entorno de actores geoeconómicos que maniobran para consumar una apropiación territorial de gran magnitud en la región latinoamericana y caribeña.
