Manifestaciones de maestros en todo el país, contaron con el apoyo de miles de estudiantes, organizaciones sociales y padres de familia, y fueron un reclamo conjunto por la salud, la vida, la financiación de la educación pública y la soberanía nacional
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
La marcha realizada el pasado 14 de febrero, en el contexto de un cese de actividades de 24 horas, por parte de miles de profesores por las calles de Bogotá, tuvo como finalidades la radicación del pliego de peticiones nacional de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode; protestar por los incumplimientos gubernamentales y por el mal servicio de salud.
Aunque la fecha de vencimiento para presentar el petitorio es el 28 de febrero, se entregó antes con el objetivo de discutirlo antes de que culmine el debate sobre el plan nacional de desarrollo, ya que los docentes requieren que los puntos planteados sean integrados a este.
Según la Federación: “Los maestros respondieron de manera positiva a la convocatoria de su Federación, que contó con el respaldo de estudiantes, padres de familia, trabajadores, comunidad y la CUT Nacional. En Bogotá, alrededor de 27 mil docentes del Distrito y Cundinamarca participaron en una marcha que inició frente a la Fiduprevisora, para exigirle a esta entidad que asegure la prestación de un servicio de salud digno, y terminó en el MEN, con la radicación del Pliego.
El petitorio
Los ejes que componen el pliego están relacionados con la política educativa; la dignificación de la profesión docente; la salud y el fondo de prestaciones del magisterio; bienestar y las garantías para elección sindical.
En lo relacionado con el primero, se plantea la discusión sobre la defensa de la educación pública como derecho fundamental, en la que los maestros manifiestan el tema de la financiación, como se ha venido exponiendo desde hace años. “Es punto que está en contra de la entrega de los colegios en concesión o de convenio, como lo hace Peñalosa en Bogotá, o como lo hizo la actual Ministra de Educación cuando era Secretaria de Educación de de la Capital del país, por eso estamos por la educación pública; estamos por el fortalecimiento de la educación preescolar media y técnica; solicitamos una jornada única en condiciones dignas; creemos que en la país hay que plantear una política educativa desde el preescolar hasta la universidad”, explicó a VOZ el presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, mientras marchaba por una avenida de Bogotá, junto a miles de maestros hacia la sede del Ministerio de Educación.
Sobre prestaciones, los profesores exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados en años anteriores; el mejoramiento de los servicios médicos; que la Fiduprevisora asuma las recomendaciones y las sanciones a las entidades, y salud ocupacional, asunto en el que según ellos, están muy quedados en el magisterio, lo que ha generado enfermedades. “Deben respetar los conceptos que da medicina laboral, como cuando dicen que el maestro debe trasladarse por razones de salud y eso no se tiene en cuenta. Hay que discutir sobre la grave crisis del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que maneja la Fiduprevisora, que por ejemplo a los anteriores contratistas les adeuda lo de salud”, explica el profesor Agudelo.
Salud
Sobre el problema de salud, el profesor William Agudelo argumentó que la Fiduprevisora ya firmó los contratos con las entidades de salud, por cerca de dos billones de pesos, para lo cual se hizo una convocatoria pública, aunque ganando las mismas entidades que estaban, lo que es bastante cuestionable, más con el servicio deficiente que estas ya les han prestado.
En comunicado, la Federación comenta: “El sistema de salud para el magisterio Colombiano y su grupo familiar está en cuidados intensivos, la seguridad y salud en el trabajo no existe. El incumplimiento de los operadores, la negligencia del Ministerio de Educación como fideicomitente y de la Fiduprevisora, como administradora, vienen incrementando el número de víctimas por la deficiencia en la prestación del servicio médico-asistencial a los docentes y sus familias. Por consiguiente, exigimos la refinanciación del Fomag, respeto por el derecho a la vida y a la salud con dignidad, y la implementación de manera inmediata de los programas de seguridad y salud en el trabajo”.
Derecho a la vida
Acerca del bienestar, entre otras cosas se solicitan recursos para planes de vivienda. Pero uno de los temas de mayor importancia es el del respeto a la vida, ya que en los últimos 30 años han asesinado a más de 1.100 maestros en todo el país, y crecen las amenazas contra muchos de ellos por ejercer el derecho de asociación, más con la intensificación del asesinato de líderes y lideresas sociales.
Acerca del problema de la financiación de la educación pública, Fecode expresa que el recorte sistemático de las transferencias, hoy Sistema General de Participaciones, SGP, realizado por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, tuvo como objetivo crear un espacio fiscal para beneficiar con todo tipo de privilegios al capital financiero y las multinacionales; como resultado, la inversión social entre 2002 y 2018 perdió 171 billones de pesos, de los cuales 93 billones le fueron arrebatados a la educación pública.
“Las consecuencias están a la vista, millones de niños y jóvenes a los que se les niega el derecho fundamental a educarse, infraestructura derruida, a tal punto que se requieren 130 billones de pesos para recuperarla; sin alimentación ni transporte escolar, hacinados, sin suficientes docentes, orientadores y coordinadores; un proceso de fusión que ha desaparecido 3.800 instituciones educativas en los últimos siete años; jornada única desfinanciada, sin el cumplimiento de los requisitos, las metas y la autonomía; reducidos los fondos de funcionamiento de las instituciones educativas; y el Estado con un déficit presupuestal tan alto, que para pagar la nómina docente acude a las reservas pensionales, -dice la Federación y agrega- La educación pública está en grave peligro y la única manera de salvarla es por medio de una Reforma Constitucional al SGP, en la vía de aumentar progresivamente los recursos, conforme a lo acordado en 2017 entre el Gobierno Nacional y Fecode, para que en un horizonte de diez años se resuelvan las brechas de cobertura, canasta educativa, jornada única, infraestructura y número de estudiantes por grupo escolar, asunto incumplido por el Estado colombiano”.
En consecuencia de la problemática, Fecode convoca a la unidad en una gran convergencia nacional, en la cual los gobernadores, senadores, representantes a la cámara, alcaldes, diputados, concejales, empresarios, académicos, universidades, padres de familia, estudiantes, sectores sociales y sindicales, estemos dispuestos a asumir la tarea de salvar la educación pública con una reforma constitucional. Y en consecuencia, participan y se preparan para la realización de un paro cívico nacional, que junto a diversas organizaciones sociales de todo el país se realizará en los próximos meses.
