El ex ministro de Protección Social de la era uribista, Diego Palacios Betancourt, en derecho de petición dirigido al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, Néstor Raúl Correa, admite la conducta por la que fue condenado en el publicitado e inconcluso caso de la “yidispolítica”, que le dio vía jurídica a la reelección presidencial del ahora senador, Álvaro Uribe Vélez.
Como conoce la opinión pública, la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se logró a partir de la compra de votos de los congresistas que votaron la reelección en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a cambio de la gerencia de una Empresa Social del Estado en Barrancabermeja y dinero en efectivo.
El escándalo público se dio a conocer en abril del 2008, y enfrentó duramente al entonces presidente Uribe Vélez con la Corte Suprema de Justicia. Yidis Medina y Teodolindo Avendaño como congresistas participes, y Diego Palacios y Sabas Pretelt como miembros del Gobierno nacional, fueron acusados en su momento como arquitectos del delito de cohecho.
Diego Palacios ya condenado por la Corte Suprema de Justicia, siempre negó su participación en el ilícito acusando persecución política en su contra. Sin embargo, con la apertura de la justicia transicional para el nuevo escenario de paz, el alto funcionario del Gobierno Uribe, prefirió acudir a los tribunales de paz que serán los encargados de revisar su proceso e imponerle una nueva condena o suspender la pena existente a cambio de plena verdad.
La tesis de Palacio es que, gracias a la compra de beneficios parlamentarios a cambio del voto por la reelección, se pudo mantener la política de Seguridad Democrática, en cabeza del expresidente y así prolongar el conflicto durante el segundo periodo presidencial. Dicha tesis ha sido mantenida por los arquitectos de la JEP, pero con la advertencia que serán los jueces de la JEP los que determinarán a ciencia cierta, si efectivamente los uribistas sancionados tendrán espacio allí.
