Retrasos, productos costosos, en mal estado o no solicitados son las constantes quejas de la comunidad en el sur del Meta ante la tortuosa implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en ese territorio. El campesinado que erradicó se enfrenta a un Estado que no cumple sus compromisos
Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez
Los retrasos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, en el Meta han traído múltiples problemáticas como hemos visto en anteriores artículos. Pero también, de las dos etapas a las que ha podido acceder el campesinado, han derivado posturas a favor y en contra, pues en cada una de las veredas beneficiaras las quejas varían según los productos que les llegaron. La constante siempre fue: precios elevados, productos en mal estado y/o elementos que no habían solicitado.
“Muchas cosas que los beneficiarios solicitaron no llegaron y a muchos se les cambió el plan de inversión, ejemplo, yo pedí una licuadora manual y me llegaron seis varillas Copperweld que son las que se utilizan para cercas eléctricas. Mi línea productiva es café y me llegaron esas varillas. Muchas personas pidieron concentrado para aves y les llegó cal dolomita. Fueron infinidad de cosas que llegaron mal. Las tejas de zinc, la mejor que hay en el mercado es de calibre 33, llegaron una cantidad de tejas determinadas y para los núcleos más lejanos llegaron tejas sin marca y de otros calibres”, contó a El Cuarto Mosquetero uno de los técnicos del PNIS en el Meta.
La gente está inconforme
Algo similar tuvo que vivir la comunidad de la vereda La Reforma en Vista Hermosa, quienes no recibieron lo que pidieron o les llegaron productos que no se dan en la zona, como en el caso de las semillas. “A mí me dieron cuatro kilos de frijol bola, pero eso no se da por acá, eso se da en tierra fría, la verdad yo las regalé para que los llevaran a tierra fría donde viven unos hijos míos” reconoce una lideresa del territorio.
A su vez, líderes del proceso de sustitución denunciaron que los productos llegaron sin certificado de garantía, así que, por ejemplo, cuando recibieron motores o motobombas y no prendían, debían luego buscar cómo repararlas. Algunas personas no las recibieron, les hicieron firmar un acta, pero luego no les llegó nada.
En otras ocasiones, las familias decidieron recibir lo que les dieran sin mayor queja, pues consideran que, si el Estado nunca antes había hecho presencia con éste tipo de proyectos, no iban a desaprovechar la posibilidad de recibir cualquier cosa que llegue. “Algunos de la veeduría decían que no estaban de acuerdo con recibir los productos, pero en socialización gran parte de la población dijo -nosotros siempre hemos estado abandonados por el Estado. Cualquier cosa que llegue, yo le echo mano-”, afirmó un líder del sur del Meta.
Lo que sí es cierto es que, en el sur del Meta aunque las familias querían recibir pollos y cerdos, o en general, animales para ir construyendo un proyecto productivo, la oficina del PNIS siguiendo las recomendaciones del ICA decidió abstenerse de entregarlos, así que desde El Cuarto Mosquetero no recibimos denuncias como las que sí nos hicieron llegar de lugares como por ejemplo, Puerto Nuevo, Guaviare, donde los pollos y cerdos después de unos días de entregados se murieron -que es una realidad en varias partes del país-, y el valor por el que recibieron los animales básicamente era por el que deberían venderlo, por ende se quedaban sin posibilidades de obtener ganancias.
Quizá en el único lugar donde no denunciaron sobrecostos y mala calidad en los productos fue en Uribe, o por lo menos en la última entrega que se adelantó en La Julia, en el mes de noviembre del 2020 y que pudimos verificar, la comunidad manifestó que los productos recibidos eran de alta calidad y que habían llegado completos. Solo reiteraron que, los retrasos seguían siendo una constante que no dejaba que avanzara realmente el proceso de sustitución.
En Parques Nacionales Naturales
A nivel nacional, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodc por sus siglas en inglés, identificó 7.085 hectáreas de coca en áreas de zonas forestales y bosques de interés general, de las cuales 6.980 fueron erradicadas de manera voluntaria. Entre esas, 1.913 estaban en zonas de Parques Nacionales Naturales, PNN, y a diciembre 31 de 2020 se habían erradicado 1.887. ¿Cuántas familias en zonas de áreas protegidas están esperando que se adelante el proceso de sustitución?
El habitar allí les ha significado a los y las beneficiarias del PNIS, limitar su proceso de sustitución a solamente haber recibido los $12.000.000 de asistencia alimentaria, porque ni siquiera al proyecto de huerta, y mucho menos al proyecto de ciclo corto y ciclo largo pueden esperar a acceder pronto.
“Cuando ya se viene desarrollando el tema del PNIS, vienen a poner trabas, como primera medida dicen, la persona que tenga doble afiliación en el Sisbén tiene problemas con el PNIS, las personas que estén en parques no se les puede dar tales insumos y así sucesivamente fueron poniendo trabas cuando el acuerdo dice otra cosa, por ejemplo, en el acuerdo se habla que con las personas que estén en parques se debe hacer una concertación para desarrollar el PNIS en esos territorios, ahí no dice en ningún momento que hay que sacarlo o que no se puede hacer”, recuerda Luis Alejandro Avellaneda delegado del Partido Comunes para hacerle seguimiento a la implementación del programa al sur del Meta, quien ve con preocupación que los cinco municipios convergen o en zonas de parques o en áreas protegidas.
Esta preocupación la comparten líderes del sector. Para Alexander Luna, del municipio de Uribe, “Parques Nacionales no ha concertado de forma adecuada con la comunidad. La norma ambiental es muy dura y en Colombia no hay plan (…) Mientras aquí hablan de proyectos amigables con el medio ambiente, la realidad es que no son esos proyectos los que le dan el sustento a la gente. El campesinado quiere ganado, aguacate, plátano y praderas”, destaca este campesino quien considera que la norma hay que flexibilizarla, porque por ello las comunidades son las que terminan sufriendo con operativos como el de Artemisa, que busca preservar la naturaleza y termina criminalizando a los colonos que siempre han vivido en áreas protegidas.
A la suerte
“Vinieron los de parques, dijeron les damos un manejo y a tales les damos otro manejo. Y no, la idea era que todos entráramos y todos erradicáramos y ya después nos ponen trabas, porque apareció Parques, Cormacarena, una cantidad de entidades a ponernos trabas a los campesinos”, recuerda Sandra, quien agrega que el Gobierno no fue claro desde el principio, los hizo acabar con sus cultivos de coca, pero luego los dejó a su suerte.
Esto ha generado zozobra en las y los campesinos que habitan en parques, quienes por un lado se enfrentan a los operativos que adelantan para decomisar ganado o inclusive a los de la Operación Artemisa, pero por otro lado erradicaron y ven cada día más lejano el tener una sustitución.
“Hasta el momento no hay nada, algunos hicieron planes de inversión, pero están sujetos a que los devuelvan, la gente está en la incertidumbre”, reconoce uno de los técnicos de la zona, pues, aunque han tratado de adelantar los planes de inversión del proyecto de ciclo corto y ciclo largo que serían alrededor de $19.000.000, en realidad no están seguros hasta qué punto van a permitirles proyectos diferentes a restauración, mejoramiento y reforestación.
* Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
