El VII Congreso de la Unión Patriótica, realizado por medios virtuales, establece continuidad entre dos momentos de un mismo proceso de la historia colombiana: el intento de la fuerzas democráticas y revolucionarias de concretar un cambio social y político para superar las profundas desigualdades socioeconómicas y culturales, mediante la solución política y una apertura democrática, para superar la represión, y el genocidio sistemático.
El primer momento vio surgir la Unión Patriótica como movimiento político, parte de un acuerdo de paz temprano, inscrito en el objetivo de una salida para superar el conflicto social armado. Un segundo momento lo vimos 31 después, con el Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; reconoció el partido FARC, una Ley de amnistía y un conjunto de convenios y medidas por implementar y cumplir en materia social y política, por parte del Estado.
Este segundo momento ha tenido muchas complicaciones y frustraciones. La solución política para la paz es un proceso más complejo y prolongado que la suscripción de un acuerdo y la acción titánica por su implementación. El Pacto que viene del diálogo de La Habana como un Acuerdo de paz, es un compromiso político, tal cual definía Lenin los compromisos, que, para cumplirse y realizarse plenamente, requieren de una nueva y poderosa correlación de fuerzas.
Este Acuerdo trascendental ha contribuido a modificar las relaciones políticas en Colombia y a cambiar la percepción de sectores populares sobre las posibilidades de transformaciones democráticas. Sin el Acuerdo de Paz no habrían logrado las fuerzas alternativas y la izquierda la extraordinaria participación popular en apoyo a la candidatura unitaria de Gustavo Petro, en junio de 2018. Pero la realidad política nos dice que todavía no hemos alcanzado el punto crítico que permita cambios irreversibles.
Por eso, para realizar los cambios contenidos en el pacto, ante los intentos de volver trizas los Acuerdos de Paz, se necesita un acumulado de fuerzas, para ello es imprescindible forjar una convergencia dinámica capaz de captar y consolidar nuevos sectores proclives a comprometerse a fondo para propiciar reformas realmente democráticas. Nuevas fuerzas exigen formar los cuadros necesarios para garantizar las movilizaciones que multipliquen el efecto transformador. La dialéctica nos exige un crecimiento cuantitativo popular para que surjan cambios cualitativos definitivos.
Para conseguir estos cambios la Declaración Política del 7º Congreso postula nueve ejes fundamentales de un proyecto democrático nacional alternativo, que no se realiza ni se agota en un acuerdo electoral. Un gobierno democrático debe llevar a término la solución política para la paz plena, completa e integral. Pero además, debe ir más allá en las reformas sociales, como la agraria, el estatuto del trabajo, la reducción de la jornada de trabajo y un nuevo Código Electoral, discutido y aprobado mediante consulta popular. El pacto histórico debe proponerse sacar las armas de la política. La doctrina de la defensa tiene que empezar por el retiro de las tropas y bases de Estados Unidos del suelo patrio, por imponer el respeto a los principios de no intervención ni amenazar con el uso de la fuerza contra Venezuela y cualquier otro país; por la reafirmación del compromiso de defender la paz en América Latina y el mundo.
Inmediatamente, debe proteger efectivamente la vida de mujeres y hombres protagonistas de la lucha por la tierra, la defensa de la naturaleza, la moralización de las Fuerzas Armadas y el cambio de la doctrina militar impuesta por los Estados Unidos. Imponer la renta básica, un mínimo vital, matrícula cero, compra de cosechas a campesinos, apoyo a pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores informales. La lucha contra un sistema económico, social y político capitalista que se lucra de la desigualdad, la precarización del trabajo, el desempleo, creciente y abrumador; que se reproduce con el genocidio político continuado y extendido, con pretextos ideológicos anticomunistas; que se complace en destruir y aplastar los pocos asomos de democracia construidos desde abajo en la vida colombiana.
Es urgente construir de un bloque popular alternativo, que tenga como núcleo esencial integrador el acuerdo programático. Los candidatos y candidatas deben surgir de una amplia consulta. El Congreso proclamó a Gustavo Petro como precandidato presidencial, quien participará en una consulta pluralista en la que la ciudadanía escoja dentro de un abanico de nombres y de matices programáticos un candidato o candidata presidencial. Las listas para corporaciones públicas se integrarán mediante consultas populares. El VII Congreso eligió a Aída Avella para integrar la futura lista del senado. Ahora todos trabajemos unidos para construir la Convergencia que por fin empoderará al pueblo y excluirá a la vetusta oligarquía. Es la hora de la acción popular.
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