La confrontación militar por el control territorial en el municipio de Corinto, Cauca, entre los grupos armados, se intensifica por el control de los cultivos de uso ilícito y las vías de distribución. La población sigue siendo la más afectada
Carolina Tejada
@carolltejada
La Defensoría del Pueblo ya había advertido lo que podía ocurrir en el municipio de Corinto, al Norte del departamento del Cauca. Las constantes denuncias de las comunidades sobre la presencia de grupos armados entre los cuales se destacan, los disidentes de las FARC, la de miembros del ELN y EPL, quienes se venían disputando el control del territorio desde el año pasado, las amenazas y los asesinatos selectivos anunciaban una situación peor. Las comunidades indígenas igualmente, habían exigido a los grupos armados, incluyendo al Ejército Nacional que se retiren de la zona, pues su presencia también pone en riesgo la vida y la tranquilidad de los comuneros.
Desde hace tres meses las comunidades indígenas habían anunciando la presencia con más constancia de dichos grupos armados. Sin embargo, los llamados nunca tuvieron eco en las instituciones y el día de la confrontación llegó. Entre el lunes 28 y martes 29 del mes de enero, los combates entre estos grupos irrumpieron entre la población. Luego de 36 horas de combate, en medio de explosiones y balas, de campesinos e indígenas atemorizados buscando refugio en sus pequeños ranchos, debajo de sus camas, corriendo en medio de sus parcelas para poder evitar ser alcanzados por un disparo, los combates cesaron, y el panorama que relatan las comunidades, y la misma defensoría quién llegó al lugar, es aterrador. La guerra continúa.
El llamado a parar la confrontación
Romelia Ley, la madre de uno de los jóvenes asesinados en medio de la confrontación, recuerda las últimas palabras de su hijo antes de abandonar su casa y su parcela, “Mamá, retírese rápidamente que dicen que van a hostigar”. Romelia relata que tuvo que caminar en medio de la oscuridad de la noche, por medio del monte con sus dos nietas y los animales amarrados para poder resguardarse se las balas. Con la misma suerte no corrió su hijo, Warner Keops Petey, quien por el afán de salvar su carro, fue abordado por hombres armados quienes lo amarraron y arrastraron por cerca de dos cuadras y lo asesinaron. “Mi hijo venía manejando el carro, su amigo la moto. Esos hombres lo tenían todo planeado desde la mañana. Los bajaron de los vehículos, los amarraron, los arrastraron por todo este camino (unas dos cuadras), los arrodillaron aquí y les dispararon”, relató Romelia a un medio local, en medio de su desesperación.
Estas versiones, de quienes se han tenido que desplazar por miedo a dicha situación, han generado un llamado a rodear la población. Uno de los comuneros del territorio que habló para el medio indígena, Radio Pa´yumat, expresó la preocupación de las comunidades y relató cómo se vienen organizando para garantizar su propia seguridad. “Hoy estamos haciendo un control por parte de las comunidades, vemos mucha presencia estatal, la cual no es una buena garantía para nosotros como comunidad. Se les ha solicitado a la fuerza pública que respeten lo que es la población civil, que se retiren unos cuantos metros, esto lo establece la Constitución y el decreto que maneja la misma fuerza pública. Vamos a seguir haciendo este ejercicio, ya el Ejército tiene conocimiento de esto, ya nos reunimos con ellos y conocen la problemática que se puede presentar con los andares de ellos en medio de la población. Queremos que tomen otras rutas, fuera de la población civil, pero en el mismo territorio”.
El miedo que muestran los comuneros, es que se sigan presentando nuevos combates, esta vez con el ánimo de intentar atacar al Ejército Nacional, quien patrulla la zona en medio de la zozobra. Al respecto el comunero menciona: “Nuestra seguridad depende de nosotros mismos porque la fuerza pública a veces ha venido a sembrar terror, porque las fuerzas que son ilegales en vez de darle a las fuerzas militares que están en medio de la población, le dan a los civiles”. La guardia indígena ha hecho recorridos para la seguridad, el llamado es claro, “ya se nos estaba olvidando como actuar en medio de esta situación, pero, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar”.
La guerra
El panorama ha generado incertidumbre, cerca de 37 familias se han desplazado, las comunidades han parado todas sus actividades, las escuelas han sido cerradas, y continúa una asamblea permanente entre toda la población a fin de rodearse y resguardarse mutuamente. Así lo expresaron por medio de un comunicado la comisión de Derechos Humanos, DD.HH., de las comunidades indígenas, “estos enfrentamientos dejan como consecuencia la suspensión de clases en las instituciones educativas de las poblaciones del Crucero, Media Naranja, San Pedro y zonas donde hay presencia de grupos armados, además del desplazamiento de estas comunidades a los sitios de asamblea permanente, la suspensión de actividades agrícolas y comunitarias”.
En las horas de la mañana del día 2s de febrero, la comisión de DD.HH. denunció la presencia de dos avionetas que sobrevolaron la zona de la parte alta de Corinto, situación que puso nuevamente en alera a la comunidad que en poco tiempo, se vieron rodeados de una presencia numerosa del Ejército Nacional. En versiones de la comisión, el Ejército, “ha utilizado este escenario para avanzar y establecerse en sitios estratégicos del territorio con la excusa de “brindar seguridad a la población civil””. Como se mencionó anteriormente, el rechazo de la presencia de cualquier fuerza militar en la zona, corresponde a la obligación que tienen dichos ejércitos de no involucrar a la población civil en las confrontaciones armadas, y por otro lado, el derecho de las mismas comunidades a resguardar su integridad y seguridad.
Desde la Defensoría del Pueblo, han hecho el llamado a respetar la vida y la integridad física de los comuneros y del conjunto de la población. “El llamado es a que todos los ciudadanos de Colombia rodeemos a las familias de la parte alta de Corinto que están viviendo la violencia entre dos grupos: disidencia de las FARC y EPL, por el negocio del cultivo de hoja de coca, pero no podemos seguir viendo que los colombianos nos asesinamos entre nosotros. Basta ya”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
