Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
En un país donde el nivel de sindicalización nunca ha sido elevado y la ofensiva neoliberal de las últimas décadas ha reducido este derecho a menos del 4% de las y los trabajadores, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, con sus 34 seccionales en todo el país y más de 320 mil afiliados representa un bastión y una fuerza social esencial en la defensa del derecho a la educación pública estatal.
Debilitarla se ha constituido en un objetivo principal de la extrema derecha representada en el Centro Democrático y sus aliados, que han pretendido mediante proyectos de ley recientes como el liderado por la senadora Paloma Valencia, prohibirle el derecho a la protesta o restarles respaldo ciudadano mediante el ofrecimiento de bonos educativos a los padres de familia y otras maniobras.
Para la derecha la educación pública debería acabarse o reducirse al máximo facilitándose su incorporación al ya creciente negocio de la educación privada mediante el sistema de financiación a la demanda que en las últimas décadas se ha querido imponer, sobre todo en la educación superior.
También se busca limitar o reducir a la formalidad la democracia escolar, la autonomía académica, la libertad de cátedra, y en general, supeditar los contenidos curriculares, proyectos educativos y modelos pedagógicos a las lógicas del mercado.
En la versión propagandística y fanática del Centro Democrático, el magisterio organizado en Fecode se ha convertido en un leviatán político e ideológico que además de adoctrinar a los pequeños les quiere prohibir ejercer su derecho a la educación.
A este relato político hay que contraponer la verdad de los hechos. La crisis estructural del sistema educativo, expresada entre otros factores, en la pérdida de 93 billones de pesos durante los últimos años a raíz de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2017. La existencia, aun sin pandemia, de muchas escuelas y colegios en abandono, sin baterías sanitarias, instalaciones deportivas, laboratorios e incluso lo más básico, sin maestros contratados y aulas escolares en condiciones dignas para enseñar.
La solución a una crisis de esta magnitud no depende de la voluntad de las y los maestros, que en su inmensa mayoría, por encima de las adversidades, con el liderazgo de su sindicato han realizado múltiples propuestas a las autoridades nacionales y regionales. La pandemia llegó a agudizar una crisis ya existente que tiende agravarse ante las dificultades de sostenimiento que vive una buena parte de las familias colombianas, sin renta básica, y que se refleja de manera trágica, según cifras oficiales, en la deserción de por lo menos 120 mil niños del sistema educativo durante los últimos meses.
Antes que estar promoviendo campañas contra Fecode, el Gobierno nacional y su partido deberían declarar la emergencia educativa nacional y realizar las inversiones financieras necesarias para priorizar un plan de vacunación a las y los maestros, garantizar las medidas de bioseguridad y los planes que permitiesen, progresiva y concertadamente, un retorno a las aulas que garantice los derechos a la salud y a la vida de las comunidades educativas.
La guerra política no debe ser contra Fecode, sino contra el modelo privatizador que con o sin pandemia ha mantenido en crisis permanente el derecho a la educación pública estatal, gratuita y de calidad. Derrotar esta política es parte de las prioridades del Pacto Histórico y un nuevo gobierno democrático que esperamos cuente con el respaldo decidido del conjunto del magisterio.
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