La extrema derecha podría estar detrás del atentado
Redacción política
Un potente estallido rompió la tranquilidad del Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá, el pasado 17 de junio. Tres mujeres fallecieron y nueve heridos fue el resultado de la activación de una carga explosiva en el baño de mujeres ubicado en el segundo piso del lugar.
Mientras evacuaban las personas, que aún permanecían en el centro comercial y las ambulancias trasladaban los heridos a las clínicas y hospitales más cercanos, las autoridades intentaban dar con el origen de la explosión, el tipo de explosivo usado y la autoría del atentado.
Sin hipótesis sobre los móviles del acto, el mar de las especulaciones lo pretendieron aprovechar los voceros de la extrema derecha. Casi de manera inmediata a la explosión, desde las cuentas de los principales voceros del Centro Democrático, se lanzaron acusaciones que señalaban al ELN y a las FARC-EP como autores del atentado. Pero no solamente se quedaron en el tradicional señalamiento, fueron más allá. Pidieron elecciones anticipadas y atizaron un golpe de estado en contra de Juan Manuel Santos. Una autentica mezquindad humana.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jorge Hernán Prada señaló: “Santos no merece perder elecciones, merece que lo saquemos ya. Convoquemos un gran paro, no perdamos nuestra patria”. En el mismo sentido el periodista Ernesto Yamhure, vocero de la extrema derecha publicó imágenes dolorosas de las víctimas padeciendo el sufrimiento de la explosión: “Esta es la paz del Nobel Santos”.
Una hora después de ocurridos los hechos, la delegación de paz del ELN, rechazó los actos violentos y ratificó su compromiso con los diálogos de Quito, contrarrestando las versiones calumniosas que difundió la extrema derecha colombiana. “El ELN repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. El ELN pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de paz, condena el execrable hecho en el Centro Comercial Andino; el Estado debe investigar a fondo para identificar responsables, el ELN jamás haría acciones cuyo objetivo sea afectar a la población civil”, indicaron.
Las FARC-EP, mediante comunicado público rechazaron los hechos y exigieron investigaciones rápidas y efectivas: “Condenamos con firmeza este hecho y exigimos al Estado colombiano una investigación profunda para alcanzar pronta y cumplida justicia a esta dolorosa tragedia que enluta a nuestro pueblo. Enviamos nuestra voz de aliento a las familias de las víctimas, y a todo el país para no desistir en la edificación de la paz. El efecto práctico de esta premeditada acción solo puede beneficiar a quienes están interesados en obstaculizar la búsqueda de la paz y la reconciliación entre un pueblo que ya ha sufrido demasiado y que desea no repetir estos tristes episodios de nuestra historia”.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos, no se refirió a la autoría del atentado, dijo que las autoridades barajan tres hipótesis. Sin embargo, la alocución del Presidente, no fue tan contundente como reclama la indignación nacional. No habló de la probabilidad que detrás del atentado estuvieran las fuerzas paramilitares que se están reorganizando en el país.
La precisión del acto terrorista, la ubicación de los explosivos en el baño de mujeres y niños, y los efectos políticos que causó el atentado, indican que se trata de una organización criminal. Ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Policía Nacional se han atrevido a señalar la autoría del atentado. Lo cierto es que son 19 departamentos en los que hacen presencia los paramilitares, incluso se advierte que pueden ya tener presencia en la ciudad de Bogotá. De hecho, se conocen denuncias sobre la estrecha relación de los paramilitares y algunos batallones del Ejército Nacional.
Las autoridades judiciales deben apuntar sus investigaciones a las fuerzas paramilitares y sus auspiciadores, que han emprendido una carrera para atacar los acuerdos de paz, no permitir su implementación, debilitar el gobierno Santos y ambientar condiciones favorables para un retorno a la guerra. Lo que algunos sectores políticos llaman: “hacer trizas el acuerdo de paz”.
