El pueblo colombiano tiene el infortunio de haber sido gobernado, durante más de 200 años, por unas élites que hicieron de la violencia y de la guerra la forma de dirimir sus diferencias sobre los métodos para la formación del Estado y el monopolio del poder, por uno u otro de los partidos políticos, el conservador, o el liberal.
Las élites gobernantes nos han legado las veinte guerras civiles del siglo XIX, la violencia y la barbarie del siglo XX, las víctimas y atropellos de las dictadura abiertas y embozadas, tipo Frente Nacional, que, en ejecución de la represión campesina contenida en el Plan Laso norteamericano, las Fuerzas Armadas asolaron y bombardearon Marquetalia, con sus secuelas de muerte y destrucción.
La respuesta defensiva de los campesinos fue la creación de las FARC-Ejército del Pueblo, guerrilla que, durante más de cincuenta años, enfrentó al Ejército orientado y armado por los Estados Unidos. Los resultados fueron las víctimas y los desastres que dejan todas las guerras. La larga duración de la lucha guerrillera y lo costosa, en términos humanos y materiales y los cambios ocurridos en el mundo y en el país, abrieron las posibilidades de que en Colombia la disputa política legal hiciera posible cambiar el sistema económico social, instaurar una real democracia, la inclusión, la recuperación de la soberanía y la construcción de una política exterior que responda a los intereses nacionales.
Esta posibilidad determinó que la dirección de las FARC-EP explorara las posibilidades de terminar el conflicto-social armado, mediante el diálogo con el Estado, representado por el gobierno y la participación de la sociedad civil, especialmente, las víctimas. Después de casi treinta años de intentos de lograr la paz mediante el diálogo, finalmente, con el apoyo de la ONU y de países garantes como Cuba, Noruega y Venezuela se logró el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto social y armado en Colombia.
El Gobierno de Juan Manuel Santos, debido a las presiones guerreristas de Álvaro Uribe, vocero del latifundismo, los oportunistas pastores de algunas sectas cristianas y los paramilitares, no implementó, con la celeridad necesaria el contenido del Acuerdo y terminó su mandato sin cumplir con la Reforma Rural Integral, las curules para las zonas del conflicto y otros elementos de la política social, imprescindible para aclimatar la paz, de forma definitiva.
Los intentos de hacer trizas el Acuerdo de Paz, del Centro Democrático, las tretas y los proyectos de ley presentados por sus corifeos en el Senado, con el apoyo y la acción del presidente Iván Duque, sembraron dudas y temores en algunos de los desmovilizados, crearon zozobra en la sociedad y temores por el futuro de la paz. Si sumamos la desidia del gobierno ante las centenas de asesinatos de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales, entendemos la crítica situación de la paz, recientemente conquistada. El propósito de la extrema derecha es sembrar el caos en el país, para obtener beneficios con este panorama oscuro.
Esta situación constituye un reto para el pueblo, la academia, los sectores progresistas, para la Iglesia Católica, para los maestros, los artistas y para el empresariado sano. Es la hora de la movilización masiva, repitamos las movilizaciones en defensa del Acuerdo de paz, repitamos con José Martí: “Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”. El valeroso pueblo colombiano merece y necesita una paz definitiva, plena. Es compromiso de todos los auténticos demócratas, asumir con prontitud el compromiso de diseñar, realizar y llevar a cabo planes para lograr organizar, en unidad, la defensa de la democracia y las reformas en pro de la equidad y el bienestar de los sectores excluidos, para garantizar una plena convivencia pacífica.
