Organizaciones defensoras de derechos humanos piden medidas de protección a organismos internacionales para cientos de líderes sociales, ante la incapacidad del Estado de garantizar sus vidas
Carolina Tejada
@carolltejada
En el 2013, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, envió un mensaje a Colombia en el que llama a terminar la guerra; una guerra nacida de la injusticia social. En ese mensaje expresa: “Ojalá podamos ayudar a que los colombianos rompan esas jaulas de la violencia, nacida de la injusticia social, la impunidad y el miedo, y a pleno pulmón respiren los vientos de libertad que con tanto sacrificio han ganado”.
Hoy, cerca de dos años de firmado un acuerdo de paz, en donde se daba por terminada la tragedia de la guerra y el inicio de nuevas oportunidades para el país y para quienes habían estado sometidos al olvido en los territorios más apartados, y que además previa la superación de las realidades extremas por las cuales viven miles de colombianos y colombianas buscando salidas alternativas a sus realidades como, lo fueron las garantías para una sustitución de cultivos de uso ilícito, la protección a los y las defensoras de derechos humanos y líderes sociales, entre otros. La realidad se impone y la incapacidad del Estado, no solo de hacer cumplir lo pactado, sino de hacer valer los tratados internacionales de protección a los DD.HH., se explaya en el país llevándonos a una tragedia nacional.
Clamor por la vida
En medio de un llamado de auxilio, las organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales, suscribieron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, en favor de varias expresiones del movimiento social, como la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (Cacep), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Unión Patriótica (UP), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), entre otras, además de las organizaciones que han sido identificadas en el informe especial de riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos” y en la alerta temprana no. 026 – 18, publicados por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2017 y febrero de 2018, respectivamente.
Según las organizaciones firmantes, quienes aparecen en la petición, “cumplen los requisitos de gravedad y urgencia de la situación, así como la condición de irreparabilidad del daño que puedan sufrir los derechos de los líderes sociales que hacen parte de estos procesos organizativos”.
Un caso particular, que además fue tocado con mucho ahínco en los acuerdos de paz, es el de las comunidades cultivadoras y recolectores de hoja de coca, amapola y marihuana, las cuales se encuentran organizadas en el afán de buscar salidas a su conflicto particular, como lo es la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, este viene siendo uno de los sectores que en los últimos tiempos y en particular desde firmados los acuerdos, vive en un profundo riesgo.
Las cifras de homicidios de líderes sociales en los últimos años, “demuestran que los campesinos que impulsan procesos de sustitución de cultivos ilícitos son las víctimas más frecuentes de asesinatos, por ello la prensa registraba durante el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, 22 ataques e intimidaciones contra el Programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y sus líderes”. Asegura el documento, que son los líderes sociales y defensores de los derechos humanos que impulsan los acuerdos de sustitución, los que se, “están convirtiendo en carne de cañón”.
Las cifras son contundentes, a tan solo mes y medio de 2018 habían sido asesinados ocho voceros del programa de sustitución voluntaria en los territorios. Algunos fueron asesinados porque impulsaban la iniciativa de sustitución, y otros, por el hecho de inscribirse en el programa y arrancar las matas de coca a cambio de recibir apoyo estatal para impulsar otra clase de proyectos productivos.
Ni el proceso de paz garantizó la vida
Desde la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, en Colombia se han asesinado 222 líderes, lideresas y defensores de DD.HH. además de diversas amenazas contra la vida, persecución, intimidación, y altos niveles de impunidad frente a los responsables. La misma Defensoría del Pueblo ha dicho que, “a pesar del reconocimiento de la gravedad de la situación, el Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas para su protección”. Según el mismo documento entregado a la comunidad internacional, la solicitud de esta medida colectiva es la más importante a nivel internacional, y es equiparable al caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en México.
Uno de los firmantes de la solicitud, es el senador Iván Cepeda, quien asegura que estas medidas cautelares exhortan a que se ordene al Estado colombiano “suspender la actuación violenta, de hostigamientos e inteligencia, en contra de las y los integrantes de estas organizaciones; y se ordene iniciar y llevar a buen término las investigaciones penales y disciplinarias por los asesinatos, desapariciones, amenazas, atentados, actos de tortura de los cuales han sido víctimas”. Al tiempo que expresa que ha sido, “preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en febrero de este año, que evidencia cómo los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales”. En la solicitud vinculan la necesidad de medidas materiales además de que la Comisión nombre un Relator Especial sobre la situación actual de derechos humanos.
Dentro de los elementos importantes que también señala el documento, se menciona la existencia y reorganización de las estructuras paramilitares. Según expresó el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, “existe sistematicidad en los homicidios de los líderes asesinados, que en su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego, y cometidos en inmediaciones a la vivienda de las víctimas, lo que evidencia el seguimiento que antecede al hecho, y otros precedidos de amenazas y ofrecimiento de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos”.
Cinturón de seguridad
Igualmente, explicó Cepeda, estas medidas son un cinturón de seguridad a quienes se encuentran en profundo riesgo. Esta solicitud se expresa como de carácter urgente, ya que la situación es de eminente riesgo y porque la CIDH “ha demostrado eficacia en estos casos”.
Las diversas organizaciones de derechos humamos esperan que la tragedia vivida por la Unión Patriótica, ante la mirada incapaz del Estado de frenar todo tipo de violencia, no se repita. Sin embargo, hay quienes aseguran que ya ha iniciado una nueva ola de violencia para el país y las garantías de frenarla, están en manos de las instituciones del Estado y del apoyo de la comunidad internacional, para que, como expresó el mismo Eduardo Galeano, se “rompan esas jaulas de la violencia, nacida de la injusticia social, la impunidad y el miedo”.
