Colombia tendrá que pagar un alto precio, en la medida en que no se procuran las negociaciones de paz con el ELN, y la diplomacia del país pierde seriedad y credibilidad ante el mundo
Ricardo Arenales
El gobierno de Iván Duque fue el artífice de la decisión de la administración de Washington de incluir a Cuba en la lista de “países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo”, argumento falaz que lo único que pretende es llevar leña a la hoguera de las nuevas sanciones criminales contra el pueblo y el gobierno de la isla. La posición de Colombia es cuando menos hostil e ingrata hacia una nación que ha contribuido como ninguna a la construcción de un proceso de paz sin antecedentes en la historia de la diplomacia internacional, que buscó poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo en el país suramericano.
Esta apreciación está contenida en una declaración del primero de junio pasado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba referida a la medida sancionatoria de la Casa Blanca y al papel jugado por Colombia en esa determinación. En la declaración Cuba insta al gobierno colombiano a manifestar su posición oficial sobre las razones que le atañen para buscar que La Habana fuera incluida en dicha lista, en la que el calificativo de ‘país que no colabora con la lucha antiterrorista’ puede conducir a que más tarde se le considere país que fomenta el terrorismo.
Listado arbitrario
Dice la declaración: “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a la calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
“Se trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones soberanas. El principal argumento utilizado por el gobierno de los Estados Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
“Como es ampliamente conocido, la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en nuestro territorio porque, en virtud del abandono repentino de Ecuador de su condición de sede y a solicitud del gobierno colombiano y del ELN, el proceso de paz se trasladó a La Habana en mayo del 2018”.
Daños al pueblo cubano
La declaración de la cancillería cubana se refiere a que Colombia ha mantenido una posición hostil contra Cuba en otras oportunidades. “El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia.
“Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos desde 1992.
“El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente solicitud” para que Cuba les entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN.
Colombia deberá dar explicaciones
“Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido criticadas en Colombia por amplios sectores comprometidos con la paz y varios políticos colombianos han demandado del gobierno una explicación sobre las mismas y acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura”.
Analistas internacionales han dicho que el presidente Iván Duque contribuyó a darle el ‘tiro de gracia’ a las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Unos días antes de conocerse la inclusión de la isla en la lista de países no cooperantes en la lucha contra el terrorismo, el diario El Nuevo Siglo, de Bogotá, se refirió a la “cadena de osos”, de la política exterior colombiana frente a Cuba y Venezuela, que contribuye, no a un liderazgo de Colombia en la región, como afirma la Casa de Nariño, sino a su aislamiento.
Entre los ‘osos’ que señala el rotativo conservador se enumeran, el llamado concierto en la frontera, que no fue una acción ‘humanitaria’ sino una plataforma de agresión a Venezuela; el cerco diplomático al vecino país, que no ha servido de mucho; las gestiones ante la OEA para aislar a Maduro, que han tenido el mismo resultado; tampoco las del Grupo de Lima, y finalmente, el ‘ultimátum’ a La Habana, para que entregue a los negociadores del ELN, Asunto sumamente delicado en la interpretación torticera de los protocolos internacionales, que resta cualquier credibilidad a Colombia en el momento en que quiera reanudar negociaciones de paz, y probablemente ningún país quiera servir de ‘garante’ de un gobierno que no respeta los compromisos internacionales.
En el diferendo de Colombia con la isla caribeña, lo que el gobierno cubano ha hecho es honrar un compromiso legítimo, a la luz del derecho internacional, suscrito por seis países. La inclusión de Cuba en la lista de países no cooperantes, va a costarle mayores penurias y sacrificios para su pueblo, con las nuevas sanciones en marcha por parte de Washington.
Pero Colombia tendrá que pagar un precio, en la medida en que se alejan las posibilidades de unas negociaciones de paz con el ELN, y la diplomacia colombiana pierde seriedad y credibilidad ante el mundo. Esta política, además, daña el proceso de implementación de los acuerdos suscritos con las FARC, estimula el crecimiento de las ‘disidencias’ y el robustecimiento de las filas del ELN, como lo han constatado ya los servicios de inteligencia colombianos.
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