Del 9 al 13 de octubre, hay movilizaciones en todo el país que muestran el descontento social con el modelo económico impuesto, el abandono estatal a comunidades, los desastres ambientales de la locomotora minera y los incumplimientos a sindicatos, poblaciones, campesinos y a los acuerdos de paz con las FARC
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Luego de un mes de reuniones y encuentros de organizaciones políticas, sindicales, comunitarias, campesinas y estudiantiles, entre otras; quienes analizaron el acumulado de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, en 2017; y los incumplimientos gubernamentales en acuerdos que incluyen los de la insurgencia de las Farc; se determinó volcar a las calles tanta indignación acumulada.
Por eso, organizaciones como las centrales obreras CUT, CTC y CGT; la organización indígena ONIC; organizaciones campesinas coordinadas en la Cumbre Agraria y las Dignidades Campesinas; organizaciones de pensionados; organizaciones cívicas y organizaciones políticas de izquierda; realizaron el pasado mes de septiembre encuentros departamentales y regionales en Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Tolima, Chocó, Santander, Norte de Santander, Arauca, Magdalena Medio y la Costa Atlántica; para coordinar un plan de protestas de índole nacional.
Según el Comando Nacional Unitario, CNU, una de las organizaciones coordinadoras, “el 12 de octubre será una jornada nacional de movilización social y popular en todo el país, en donde cada organización social, de acuerdo con sus condiciones, desarrollará ceses de actividades, asambleas, concentraciones y movilizaciones en carreteras, calles y plazas públicas durante todo el día y/o en una hora determinada y lugar, se concentrarán y marcharán para agitar los problemas y consignas de solución a los problemas que nos aquejan”.
VOZ habló con el líder social Carlos Arturo García, de la Coordinación de Organizaciones Sociales, COS, quien comentó: “Luego de los análisis que hemos hechos, concluimos que hay un ambiente favorable para la reactivación de la protesta social, por lo que se articularán los organizadores de los paros regionales y de las jornadas de protesta. Por eso la semana de la indignación tendrá contundencia y rechazará la agenda económica del Gobierno, pedirá el cumplimiento de lo acordado en los distintos paros y el cumplimiento de lo acordado con las FARC, además de celeridad en el proceso de paz con el ELN.”
Principales temas
Por su parte, la CUT emitió una comunicación en la que explica las exigencias de las principales problemáticas sociales, por las cuales orienta a sus seccionales para hacer tomas de las ciudades capitales: “Necesitamos solución urgente e inmediata a la financiación adecuada de la educación pública tal como se acordó con Fecode en el pasado paro nacional; financiación a la educación superior y no aumento del valor de las matrículas en las universidades del Estado; solución al grave problema de la salud con el criminal sistema de intermediación de las nefastas EPS; control inmediato a los extorsivos precios de los servicios públicos domiciliarios; salida satisfactoria a las exigencias de los productores nacionales de arroz, maíz, panela, papa, ñame, leche y carne, y demás productos agropecuarios, hoy condenados a la quiebra y desaparición; respeto a las libertades sindicales amenazadas con el desconocimiento al derecho a la huelga y la negociación colectiva de los pilotos de la multinacional Avianca agremiados en ACDAC; solución a las peticiones del Comité Cívico de Barrancabermeja y de nuestra parte, apoyo al paro cívico en ciernes en defensa del Proyecto de Modernización de la Refinería de Cartagena, PMRB; en defensa del páramo de Santurbán; por la lucha de los habitantes del sur de Bogotá; por el cumplimiento a la reparación integral a las víctimas del conflicto; cumplimiento de los acuerdos de paz; cese de los asesinatos contra los líderes sociales; garantías plenas a la población para reclamar sus derechos, entre otros, siempre en el interés de la nación y sus pobladores”.
Las razones del campo
En la lucha social aparecen nuevos actores, como los protagonistas de consultas populares contra la minería, quienes plantean la defensa del agua y el territorio. Esta problemática vuelve a estar a la orden del día, más cuando sectores sociales del Tolima han denunciado que el Gobierno desconocerá la consulta realizada en Cajamarca.
También están los movimientos por las revocatorias de alcaldes y gobernadores. A la fecha hay 107 procesos basados en denuncias de incumplimientos de los planes de gobierno y corrupción administrativa.
Las movilizaciones se realizan en el contexto del paro de los pilotos de la trasnacional Avianca, que paulatinamente se convierte en un hito de la pelea sindical contra los pactos colectivos, y de la manera como las trasnacionales enfrentan al movimiento sindical, muchas veces con complacencia de funcionarios estatales, de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Por los lados de los movimientos agrarios, espacios de coordinación como la Cumbre Agraria y las Dignidades Campesinas, han planteado movilizaciones en cada uno de los departamentos o zonas donde tienen presencia.
Por eso, el pasado 9 de octubre, la Cumbre Agraria expresó en rueda de prensa sus motivos para la participación campesina e indígena en las movilizaciones. Uno de ellos se resume en: “Las problemáticas ambientales, concesiones territoriales a grandes empresarios para la explotación de minas, bosques y petróleo, hechos estos que complejizan mucho más la problemática de los campesinos, indígenas y afrodescendientes por la falta de tierras y territorios para la vida, la cultura y la economía de estos y sus familias”.
Los campesinos recogen sus exigencias en puntos como: Territorios colectivos, derechos colectivos y derechos territoriales, en el que exigen reconocimiento y garantías a figuras como territorios ancestrales de los pueblos indígenas, consejos comunitarios de los pueblos afro, reservas campesinas y territorios campesinos agroalimentarios.
En el tópico de paz y garantías a los derechos humanos, piden garantías a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales, además, que el Estado deje de darle tratamiento de guerra a las protestas sociales.
Acerca de la minería, las comunidades campesinas solicitan que el Gobierno respete el derecho a la consulta previa, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el derecho constitucional a la consulta popular.
A simple vista, los anteriores puntos han estado desde hace años en la agenda de los movimientos sociales en el ámbito regional y nacional, y no han sido resueltos por falta de voluntad política de los distintos gobiernos. Pero, el movimiento social también ha ido entendiendo que sólo con la unidad y la acción coordinada, puede pelearse la posibilidad de condiciones de vida digna para todos los colombianos.
