Comunidades campesinas, organizaciones políticas y personal técnico que trabaja en la implementación del Acuerdo de Paz denuncian que información recolectada para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito estaría siendo usada para objetivos militares
Juan Melgarejo – El Cuarto Mosquetero
La información personal de familias inscritas en el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, nutre la base de datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, administrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, que desde 1999 genera insumos técnicos para la política antidroga colombiana.
Así lo muestran documentos presentados por miembros del partido Comunes, líderes de organizaciones campesinas y profesionales que trabajaron en la implementación del PNIS. Todos coinciden en que la información personal de las familias se obtuvo a través del aplicativo Open Data Kit, ODK, que recoge fotografías de cada beneficiario/a, localización geográfica de sus viviendas, nombre e identificación, información sobre lugares donde se puede localizar a la persona si no estuviera en su hogar, motivos por los cuales no se pudo localizar, el tiempo que lleva fuera, así como la necesidad que motivó su desplazamiento y posible fecha de regreso, entre otros datos personales.
El ODK fue empleado por los operadores locales encargados de visitar los predios de los campesinos y se instaló en los celulares personales de cada técnico, permitiendo el cargue de encuestas sobre la caracterización social y productiva de unos 67 mil núcleos familiares en toda Colombia. Los operadores recibieron instrucción en su manejo de la UNODC que solicitó a cada uno realizar copias de seguridad de la información en sus teléfonos móviles personales.
En manos equivocadas
Según técnicos entrevistados, nunca se recibieron instrucciones sobre el manejo ético de la información. Tampoco se les entregó un manual operativo que les indicara el debido uso de los datos privilegiados. Además, las copias de seguridad de las encuestas del aplicativo ODK fue guardada en computadores y celulares personales de los técnicos, sin que UNODC solicitara ni verificara la eliminación de la información al finalizar las contrataciones.
La información recabada por el PNIS terminó siendo un insumo de la base de datos del SIMCI, según menciona Irson Córdova delegado del Partido Comunes para el seguimiento a la implementación del Programa PNIS en el departamento del Meta.
“Creemos que la información social del programa PNIS terminó en manos de convenios entre el Ejército y la UNODC, como lo es el SIMCI. Desde comienzos de 2019 nos empezó a preocupar el destino real de la información obtenida mediante la asistencia técnica por parte de la UNODC, pues tenemos testimonios de técnicos de la región que nos decían que les estaban solicitando reportar cultivos de coca de personas no acogidas al PNIS. Además, que empezamos a notar coincidencias entre las zonas donde los campesinos hicieron acuerdos de sustitución y las zonas de los operativos de la fuerza pública”, explicó Córdova a El Cuarto Mosquetero.
De acuerdo al documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019 (UNODC-SIMCI), el ODK es descrito como un instrumento más del sistema de monitoreo de cultivos declarados ilícitos. El mismo informe indica que el ODK se usó para “el monitoreo y verificación”, de la erradicación voluntaria del PNIS. Situación que supondría una grave irregularidad, puesto que los operadores locales del PNIS que emplearon el ODK no estaban facultados para hacer labores de monitoreo y verificación, sino acompañamiento técnico como indican varios memorandos aportados por las diferentes fuentes.
“La UNODC nunca pidió autorización para que la información de los beneficiarios del PNIS terminara total o parcialmente en manos de las Fuerzas Militares o en algún tipo de convenio ajeno a la implementación del Acuerdo de Paz”, dijo a El Cuarto Mosquetero Doris Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.
Fundadas sospechas
No solo líderes y lideresas en los territorios afectados empiezan a investigar las implicaciones del uso no previsto de la información, sino también quienes habitan en los municipios beneficiarios del PNIS que trabajaron como técnicos y profesionales.
Carlos Herrera sirvió como técnico en varios memorandos de acuerdos en los municipios de Vista Hermosa y La Uribe en el departamento del Meta y le impactó la orden de la UNODC de reportar lotes con cultivos de coca no acogidos al programa, ya que además no estaba contemplado en los Memorandos de Acuerdo.
“Siempre existió la sospecha de que la asistencia técnica se utilizaba para algo ajeno al programa. La primera duda surgió en una capacitación con la UNODC, cuando nos solicitaron reportar predios con cultivos de coca, aunque no se hubiesen acogido al programa. Orden que desconocimos la mayoría, pero que generó duda entre nosotros”, explicó Herrera.
Por su parte, Córdova señaló que para ellos (partido Comunes) es claro que la UNODC tiene convenios con el Ejército, además de indicar que no sería la primera vez que se usa indebidamente la información personal de los campesinos como ocurrió con el programa Familias Guardabosques, impulsado por la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 para promover un proceso de sustitución voluntario, como lo menciona el documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019.
Al dirigente de Comunes le es difícil conocer más sobre estas eventuales irregularidades debido a que la UNODC y la Agencia de Renovación del Territorio, ART, le han negado el acceso a los Memorandos de Acuerdo, entre otros documentos que le permitirían determinar con exactitud el destino de la información. Inclusive señala que incluso a Julián Gallo, senador del partido Comunes le han negado copia de estos documentos.
El Cuarto Mosquetero intentó acceder a los memorandos de acuerdo en el último trimestre del 2020, tanto la UNODC y ART respondieron que era información confidencial y por ende los memorandos de acuerdo a los que hemos podido acceder han sido directamente proporcionados por los contratistas a quienes entrevistamos para esta investigación.
Las exigencias y la respuesta semioficial
Las organizaciones campesinas se preparan para exigir que se esclarezcan estos hechos por parte de las entidades involucradas. “Del gobierno se esperaba cualquier cosa, pero no de la ONU. Ellos se muestran como neutrales y defensores de los derechos de los campesinos en los territorios, pero ahora vemos que en el plano general eso está muy lejos de la realidad. Muy seguramente les vamos a exigir explicaciones sobre estos hechos que afectarían la confianza en las instituciones, confianza tan necesaria para la construcción de paz en el país”, concluyó Rivera.
En la publicación ‘Erradicación forzada: los efectos de una meta sin sentido’ de la Fundación Ideas para la Paz se menciona que hay “una gran coincidencia entre los municipios donde se realiza erradicación forzada y los lugares donde el PNIS ha hecho acuerdos con las comunidades”.
“Creo que hay una relación entre el hecho de que se adelanten los operativos de erradicación manual forzada y las operaciones de Artemisa (cuyo objetivo es frenar la deforestación) en zonas PNIS, lo cual es absolutamente deplorable, porque según la lógica establecida en el Acuerdo de Paz, la secuencia implicaba llevar primero oportunidades de acceso al PNIS de manera voluntaria y también resolver los temas de las familias campesinas que se encuentran dentro de áreas protegidas”, explicó el abogado Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, líder social y político quien ha liderado procesos de reformas de política de drogas.
Arenas, que dice no tener evidencia directa sobre el mal uso de la información del ODK, resalta que en el Acuerdo de Paz se buscaba priorizar y resolver el avance de la frontera agrícola pero que en la práctica y bajo el eslogan de proteger la naturaleza, se violan los derechos humanos de las y los campesinos.
Por su parte, Jaime Triana, coordinador del PNIS en el Meta, manifestó a este medio que la Procuraduría General le hizo un requerimiento para saber si su oficina le estaba suministrando coordenadas al ejército para realizar operativos de erradicación forzada.
Niega que su oficina haya suministrado información con coordenadas de ubicación al Ejército Nacional o al Ministerio de Justicia para la erradicación forzada a partir del ODK. “Nosotros venimos trabajando con los [campesinos] que se suscribieron hace tres años a los acuerdos voluntarios. (…) Con erradicación forzosa nosotros no tenemos nada que ver. La erradicación forzada es una cuestión netamente del Ministerio de Defensa y del Ejército con sus plataformas y aviones, detectan y allá llegan”, explicó a El Cuarto Mosquetero.
Finalmente, el diputado Avellaneda de Alianza Verde hizo un llamado al gobierno nacional y a los organismos internacionales garantes del proceso para que acompañen las exigencias de las organizaciones sociales y campesinas y se esclarezca con celeridad cuál fue el destino de la información personal de las familias del PNIS.
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
