Manuel Antonio Velandia Mora
Qué es esta payasada del presentador oficial de la televisión colombiana ¿Volver más pobres a los pobres puede llamarse Ley de solidaridad sostenible? ¿Quitarles lo poco que tienen con la idea de poder ayudarlos mejor? Mejor dicho, al jodido, joderlo.
La pandemia de la Covid 19 ha cambiado la sociedad, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, la convivencia en la vida cotidiana y en el lugar de trabajo, el uso del tiempo libre, la permanencia en el hogar, la forma en que se vive en las relaciones genitales y afectivas, el modo como se concibe la salud, y por supuesto la economía. El Gobierno se encuentra ante la imperiosa urgencia de responder a todos estos cambios. Algunas de las respuestas son bastante desconcertantes y a nadie le extraña que nos hayan respondido con mentiras o cuando también es verdad que la presión económica por supuesto requiere una reforma tributaria; su discusión ha centrado en el tema el debate público colombiano en estos momentos.
Una de las falacias más significativas de la propuesta de la Ley de solidaridad sostenible se centra en la “protección estatal contra la pobreza”. La pobreza extrema debido a los efectos de la pandemia de la Covid 19 ha cambiado las estadísticas de la pobreza en el país; el número de pobres se ha incrementado y la posibilidad de acceder a los mínimos de la canasta familiar es francamente imposible para muchas familias. La desigualdad es cada vez más evidente, también es cierto que para algunos la crisis ha incrementado sus ganancias y se hace más notorio su enriquecimiento.
Se ha venido hablando del ingreso solidario. Yo viví en España como refugiado político y por orientación sexual por 12 años, allí el ingreso solidario es una realidad y es una de las preocupaciones permanentes del estado. Los estimados del Ministerio de Hacienda calculan que $4,6 billones costarán el aporte. Aquí viene un gran interrogante ¿en la búsqueda de reducir la pobreza y la pobreza extrema, como hará el estado para manejar la infraestructura para manejar las ayudas a las poblaciones vulnerables? Sabemos que para muchos es sinónimo de político ser delincuente, ¿cómo se ejercerá el control y supervisión del manejo de estas ayudas?
Por supuesto que para hacer la reforma es necesario incrementar el recaudo y esto necesariamente se hace a punta de impuestos. Una de las alternativas y la más controversial es la base gravable y en consecuencia la población deberá cargar con el peso de los impuestos. Lo más preocupante es que esa carga deberá llevarla un sector que ya de por sí ha visto disminuida su calidad de vida. La reforma afectará, sobre todo, a la clase media. Éstos colombianos y colombianas serán los/as más jodidos/as porque ya sabemos que las grandes fortunas en nuestro país siempre crean las condiciones para eludir su responsabilidad. Éste es uno de los grandes vacíos de esta “insolidaridad sostenible”, el impuesto al patrimonio a las grandes fortunas por supuesto no se toca; mejor dicho, ni siquiera se exploró la idea; igualmente sucede con las bebidas azucaradas, aun cuando de todos es sabido el daño que el azúcar produce en la salud de los colombianos, en especial de los niños, jóvenes y adolescentes, evidentemente esto no parece importar, ya todos conocemos que “nadie muerde la mano que le da de comer”, o dicho más explícitamente “nadie pretende joder a quien le financia la campaña”.
El otro grave problema que afecta al país es el de la contaminación ambiental. Si se lograra el impuesto al carbono esto pudiera contribuir a combatir, en parte, la emergencia climática. Al Colombia le ha costado la transición a las energías más limpias que son de menor costo en su producción, pero aquí viene el “pero”, el agua en nuestro país es un buen negocio y al gobierno no parece importarle tanto la contaminación como los ingresos. Los castigos para la contaminación deberían ser severos, y los impuestos de tal magnitud que nadie debiera atreverse a contaminar. Por supuesto que este tema tiene otra gran contradicción ¿Qué sentido tiene aumentar el IVA a los productos relacionados con las energías renovables?
El país creó una comisión de expertos, “genios” que por supuesto tenían un sesgo al que el gobierno hizo eludible: la pobreza de los pobres no importa, debieron primar los intereses particulares. La conclusión por supuesto se basa en la idea de que la mejor respuesta es “al caído caerle”. Desde una respuesta de engaña bobos nos han dicho que productos como “el huevo, la leche, el queso, el chocolate, el café, la carne de cerdo, el azúcar y la sal pasarían a estar excluidos del IVA. Sin embargo, la tarifa de 19%, sí se extenderá a los servicios públicos domiciliarios los cuales, como todo el mundo sabe, forman parte de la canasta básica de los consumidores.
Los entendidos dicen que lo que pasaría del 5% a 19% de IVA, según datos del estatuto tributario, serían la harina de maíz, las pastas y otros cereales, las carnes frías y embutidos. Por supuesto la salud, que ya de por sí es bastante costosa subiría en su aseguramiento privado, como también los servicios de protección dentro y fuera del hogar, y pagos complementarios. En resumen, el 60% de la canasta familiar quedaría gravada con la tarifa plena del tributo.
