La gran tragedia del país, es que tiene un presidente que no Gobierna y un expresidente que realmente gobierna. Esto ya de por sí constituye un problema, pero la cuestión es más complicada, porque el expresidente que gobierna es un hombre emocionalmente perturbado, pero con claridad sobre las tácticas que debe emplear para sacar adelante su política neofascista en contra de la paz y orientar su acción parlamentaria y jurídica para consolidar los avances obtenidos hasta ahora para posicionar su partido político y garantizar el triunfo en las elecciones regionales y en las presidenciales del año 2022.
Los acontecimientos ocurridos en la sociedad colombiana, después de la firma de la paz en el teatro Colón, permite identificar un país dividido entre los colectivos políticos, religiosos y académicos que propician la convivencia y el desarrollo de los contenidos del Acuerdo de Paz y aquellos que estimulan y defienden el incumplimiento de esos acuerdos, como una forma de prolongar la guerra, con todas sus nefastas consecuencias.
En el aspecto político, como apologistas de la guerra se destaca el Centro Democrático y las organizaciones satélites, incluidas algunas sectas cristianas, que de manera inverosímil, hacen eco a las propuestas guerreristas de Álvaro Uribe y la ultraderecha mundial, tramadas con el embeleco de la ideología de género. El expresidente y sus áulicos, se han propuesto “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, desde su tribuna de consuetas. Por eso se orienta al presidente Duque para que asedie y sabotee la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
El refinado y cuidadoso plan para sabotear la paz e imponer la guerra, de la cual derivan beneficios económicos y políticos, identifican como uno de los objetivos prioritarios a la JEP, porque el cabal funcionamiento de esa institución, conduciría al juzgamiento y condena de muchos terceros pertenecientes a los grupos políticos afines al Centro Democrático y a algunos prestantes empresarios.
El país se enfrentaría a una grave situación de incertidumbre, si el plan del Centro Democrático de sabotear la JEP tiene éxito y paraliza el funcionamiento de esta institución, reconocida, incluso por la Corte Penal Internacional, como innovadora en la aplicación de la justicia restaurativa, cuyo eje es el reconocimiento a las víctimas, además de ser un instrumento institucional apto para garantizar la no repetición y no revictimización.
El presidente Iván Duque, acatando las orientaciones del Centro Democrático, acaba de objetar por inconveniencia seis de los 159 artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP, lo cual constituye un veto al proceso de paz y un atentado al principio de constitucionalidad, tan esencial a la concepción del estado liberal. Disfrazar como objeción (muy discutible, por cierto) a un real veto a la esencia de los Acuerdos de Paz, es una peligrosa derivación hacia posiciones neofascistas.
Los antecedentes y las acciones antidemocráticas del mentor de Iván Duque durante su largo período presidencial, mostraron sus tretas para espiar a la Corte Suprema con la finalidad de sabotear y chantajear a los magistrados para tratar de influir sobre sus fallos, constituye un pésimo antecedente. Debemos recordar cómo un alto porcentaje de los parlamentarios uribistas fueron juzgados y condenados por su militancia paramilitar. El poco respeto por la justicia colombiana del mandatario Uribe Vélez, incluso lo llevó a nombrar en las embajadas de Colombia, a funcionarios acusados de asesinatos para tratar de eludir su juicio y castigo.
Los hechos anteriores, deben servir para que vislumbremos el grave peligro que se cierne sobre el país, si los planes del presidente Duque contra la JEP y el proceso de paz, logran encontrar un apoyo jurídico – político con esas tretas fascistoides, con apariencias de legalidad. Los sectores democráticos, el sindicalismo y los intelectuales progresistas tienen el reto de convertir sus acciones y movilizaciones en el instrumento sólido para detener la tendencia neofascista del estado, auspiciado desde la presidencia de la república.
Es la hora de utilizar las estrategias necesarias para construir un poderoso Frente Político para defender el proceso de paz, implementar el Acuerdo de Paz, garantizar la justicia social e implantar por fin una real democracia que erradique todo vestigio de totalitarismo del país. Es la hora de la más amplia alianza de todos los sectores progresistas para conquistar la equidad, la ética, la convivencia y el progreso.
