Llevamos tres años de la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Medidas de no Repetición (SIVJRNR), bajo el desarrollo de la Justicia Transicional, fruto del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo de justicia novedosa, que afianza el necesario proceso de reconciliación política en el país, y que, a la vez, busca esclarecer los hechos desarrollados en el marco del conflicto, juzgar y sancionar judicialmente a los máximos responsables de los crímenes, proceso ligado al reconocimiento y la reparación a las víctimas, que abone el camino a la superación del conflicto armado y a la consolidación de la paz.
La JEP ha recibido críticas, desde sus inicios; ha padecido una persecución de los sectores de la derecha colombiana que son apologistas de la guerra. Los constantes ataques del partido de gobierno (Centro Democrático) se fundamentan en la concepción ideológica que niega la existencia del conflicto armado, y que califica el Acuerdo de paz como un pacto de impunidad. Este calificativo tiene el propósito de desarticular el trabajo que la JEP ha venido desarrollando en el marco del pos-acuerdo, con la finalidad de mostrar que es un organismo incompetente y desprestigiarlo ante la opinión pública.
Como decía Lenin los hechos son más tozudos que las palabras. Hasta ahora la JEP ha logrado el sometimiento de 12.554 personas, de las cuales 9.756 son miembros de las FARC-EP; 2.686 pertenecen a la fuerza pública; 100 son agentes del Estado (cinco generales y 20 coroneles, hasta la fecha).
Estos logros permiten visionar el éxito de la JEP en su finalidad de lograr verdad, justicia y reparación. Con lo cual se consolida la paz en Colombia.
Estas acciones que contribuyen al esclarecimiento de la verdad del conflicto y los patrones de sistematicidad como se han cometido los crímenes y violaciones de derechos humanos, preocupan al partido de gobierno, ya que algunos de los declarantes pueden ayudar a identificar a los miembros de gobierno como autores intelectuales de esos hechos delictuosos.
El temor de los miembros del Centro Democrático ees al contenido de las declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública y los 100 agentes del Estado que pueden dar como resultado la identificación de los diseñadores de las políticas y orientaciones que se convirtieron en los causantes de los crímenes de Estado, llamados eufemísticamente falsos positivos.
Otros actores generadores de violencia y responsables de los grandes desplazamientos y persecución del campesinado para apoderarse de sus tierras, así como también los actores que propiciaron y propician la penetración y el desarrollo del capitalismo en el campo con sus secuelas de contaminación y destrucción del medio ambiente, también le temen al exitoso funcionamiento de la JEP, ya que esos agentes serán reconocidos e individualizados y por tanto serán judicializados.
La desesperación de los miembros del Centro Democrático, el presidente Iván Duque y varios de sus ministros porque sus sistemáticos ataques contra la JEP han resultado estériles e impotentes, llevó al presidente Iván Duque en los últimos días a desvergonzadamente atacar a la JEP y a tratar con la presión de direccionar su correcto funcionamiento por los senderos de la ilegalidad. Objetivo imposible ante la rectitud y alto nivel de responsabilidad de Patricia Linares y los funcionarios que la acompañan en esta institución.
El expresidente Uribe, siniestro autor intelectual de toda acción tendiente a desinstitucionalizar el país, en su nueva condición de prisionero en su domicilio deviene más impotente en sus intentos de entrabar la acción de la JEP ya que si cumplen las normas que como presidiario debe acatar, no puede utilizar los tuits y mucho menos su celular para desprestigiar a la JEP y la Comisión de la Verdad.
La exitosa culminación de las labores del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Medidas de No Repetición marcará un antes y un después de la violencia que ha padecido este pueblo a manos de la clase dirigente que gobierna este país hace más de 200 años. Eso explica por qué la opinión pública, los periodistas honestos defienden esta institución y no se han dejado embaucar por los cantos de sirena de los líderes del Centro Democrático, como Álvaro Uribe que afortunadamente empieza a ser juzgado por uno de los centenares de procesos cuyos sumarios permanecen inmóviles en la Corte Suprema.
Haciéndonos voceros de los sectores honestos de este país y del pueblo que ha padecido durante tanto tiempo la explotación y el menosprecio de líderes como los del Centro Democrático, comedidamente exhortamos a la doctora Patricia Linares y al padre Francisco de Roux que continúen en la noble y meritoria labor que hasta ahora han impulsado porque de su éxito depende la paz de Colombia y los inicios del sendero promisorio que nos lleve a la construcción de una democracia incluyente y con una relación armoniosa con la naturaleza. El pueblo y la historia les reconocerán los sacrificios que deben hacer para culminar esta eximia labor.
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