Gerardo Esteban Vargas*
La población colombiana no solo necesita, sino debe tener una justicia real, que dé cuenta de la verdad y que pueda buscar una reparación integral a las víctimas de la violencia en el país. Las instituciones actuales, ya sea por la corrupción y por la misma calidad moral y ética de muchos funcionarios, o porque también patrocinaron y apoyaron agentes generadores de violencia como los paramilitares, por ello, no han logrado dar pasos reales en esa línea. Ya sea por orden de los dueños del país o por la dinámica de mercado, donde se compran conciencias para acallar y ocultar la verdadera cara de muchos bandidos en el poder económico y político.
Patrocinadores de la violencia deben pagar por sus hechos
Por eso, la preocupación de muchos empresarios y terratenientes del país. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la columna vertebral de los acuerdos con las FARC1. La encargada de definir la situación jurídica de los principales responsables en el conflicto que reciban penas alternativas y para ello deben confesar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Algunos empresarios, están con la inquietud de que la JEP se pueda convertir en una eventual cacería de brujas contra ellos. Unos, los que tuvieron que pagar vacunas, extorsiones y otros que financiaron el paramilitarismo para poder operar en zonas de conflicto en el país y que, por cuenta de ello, puedan terminar vinculados en procesos donde tengan que rendir cuentas de lo ocurrido.
También los empresarios están atentos a las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI). El exministro y presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, en una reciente columna titulada La tormenta perfecta, habla de la responsabilidad de terceros de cara a la CPI. “Tampoco le parecen adecuadas a la Fiscal Bensouda las definiciones relativas a la responsabilidad penal de terceros: o sea, de quienes de modo indirecto, y en condición de cómplices, participaron en el conflicto. Lo precisa de esta manera: “Si una empresa privada financia a un grupo armado involucrado en la comisión de los crímenes es irrelevante si el apoyo económico estaba específicamente dirigido a la comisión de los crímenes o apuntaba a la supervivencia del grupo”. Pésimo mensaje para los empresarios que hayan “comprado” protección de grupos ilegales”, escribió Botero.
El propio presidente Juan Manuel Santos ha tratado de bajarle el tono al debate y a las preocupaciones del sector privado y ha advertido que la justicia transicional no se trata de una cacería de brujas. “Es para cerrar el conflicto. No es para dejarlo abierto, no es para mantener vivas las heridas, ni la sed de venganza. Yo soy el más interesado en que esto se cierre lo más pronto posible”, dijo en la entrega que hizo el Consejo Privado de Competitividad (CPC) del Informe de Competitividad el pasado 2 de noviembre.
Gremios divididos por la paz
Uno de los ejemplos de esta situación se está dando precisamente de cara al trámite del proceso de paz. Dos grupos de empresarios –incluso algunos en ambos lados– están liderando las discusiones frente al Gobierno y al Congreso. Por una parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que recoge 21 gremios del país (Acolfa, Acopi, Acoplásticos, ANDI, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegán, Fenalco y la SAC). Por otra, un grupo que surgió el año pasado, que se denomina Consejo de Empresarios por la Paz Sostenible, nacido a instancias del Consejo Privado de Competitividad, y en el que participan empresarios individuales y gremios como la ANDI –que lo preside–, la SAC, Confecámaras, la Asociación Colombiana de Petróleo, la de Minería y Camacol, muchos de ellos también con asiento en el CGN.
En la reglamentación de la JEP, si bien en aspectos clave de cara al sector empresarial prácticamente coinciden en todos; se distancian en otros, fundamentales en la discusión, como la participación en política de las Farc antes de pasar por la JEP.
Vendrán pactos contra la paz
Ya empiezan a generar rumores de como se verían afectados muchos de los cacaos del país, por sus vínculos con paramilitares, masacres, magnicidios, robos de tierra y otros vejámenes causados, ya sea por autoría intelectual o material. Y que a la postre no han cesado, el hecho de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos va en esa misma línea de intereses de poder. Dependiendo lo que logren conformar, ya sea una JEP honesta y que pueda trabajar, o un órgano más, como están constituidas las vigentes estructuras de injusticia en el país. O la otra opción que tomarían como lo han hecho en el pasado, con pactos de Chicoral o de Ralito, y con ello generar una generación de violencia en el país.
* Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).
1 http://www.dinero.com/edicion-impresa (Consultado el 16 de noviembre de 2017).
